Por fin el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont ha decidido qué hacer con el fiasco de ATLL, una empresa privatizada durante el mandato de su antecesor en extrañas circunstancias que todavía está pendiente de resoluciones judiciales que pueden poner en tela de juicio la actuación de la administración catalana.
Después de un demoledor informe de la Oficina Antifraude de Cataluña en el cual se señalaban que el adjudicatario (Acciona) de aquella concesión había establecido extraños negocios con sus propias empresas en detrimento de la transparencia y del buen gobierno de una empresa que trabaja para el sector público, la Generalitat ha decidido imponerle una multa de cuatro millones de euros.
Acciona pagará, contabilizará ese gasto en sus cuentas como menos margen de la concesión y aquí paz y después, gloria. Una gran empresa se libra del mayor castigo que le podía propinar un gobierno, quitarle la llave del negocio por su mala gestión.
La investigación de Antifraude, que fue remitida a la fiscalía Anticorrupción, era del todo categórica: los incumplimientos de Acciona permitían rescindir el contrato de suministro de las aguas catalanas y retornarlas al sector público. Existían, pues, elementos para quitarle el caramelo de la boca a la empresa de los Entrecanales.
Sin embargo, para aplicar una política severa y progresista de verdad, como dicen hacer, más que diputados hace falta otro elemento. Un gabinete, un gobierno, que esté seguro de sí mismo, de lo que hace. Cataluña está gobernada en términos de provisionalidad absoluta y decisiones como la actual lo muestran bien a las claras.