Las constructoras lloran porque las administraciones apenan licitan, los presupuestos de inversiones en infraestructuras de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central están bajo mínimos, pero no tienen razón. Que se vayan fuera, como el resto de los grandes empresarios del país y que se busquen la vida en otros mercados, porque en el español casi deberían tener prohibido operar.

Lo escribo a propósito de los datos que ha facilitado de nuevo la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, presidida por Antonio Cañete, sobre las demoras en el pago que soporta el mundo empresarial español. A la cabeza de todos están Ferrovial, Acciona y Sacyr tres constructoras del todo desvergonzadas. El grupo de la familia Del Pino paga a sus proveedores a 536 días, lo que demuestra que la desfachatez no es sólo un concepto teórico sino que tiene aplicaciones prácticas. La compañía de los Entrecanales, la que chulea a todos los catalanes sin pagar su impuesto por la adjudicación de ATLL, le sigue en el ranking. Acciona paga a 425 días de la emisión de la factura. Y, detrás, en el podio de la barbaridad en la gestión, se sitúa Sacyr, que abona sus compras a 337 días.

Es más fácil ser empresario incumpliendo la ley que observándola. De nada han servido los cambios legislativos que intentaron proteger a los pequeños empresarios y autónomos de los gigantes del Ibex. No ha servido porque ni gobierno ni políticos de ningún partido se lo toman en serio. La morosidad empresarial, como bien explica cada vez que puede Cañete, es metafóricamente una especie de cáncer de la economía que cuando hace metástasis en algún sector o empresa se la lleva por delante.

Sin ir más lejos, Susana Monge, presidenta del grupo constructor Essentium y vicepresidenta económica del Barça, visitaba Crónica Global y nos explicaba a un grupo de periodistas como a una compañía de un cierto tamaño como la suya perjudica sobremanera la morosidad de las administraciones públicas. Hasta el punto, venía a decir, que tiene sólo el 20% de su negocio en España y evoluciona peor que sus intereses en el extranjero por los retrasos en el pago de sus clientes, una buena parte de ellos gobiernos de uno u otro signo.

El sentido común de Monge, el trabajo jamás agradecido del habilidoso Cañete y otras iniciativas en un mismo sentido siguen siendo insuficientes mientras los grandes partidos del antiguo bipartidismo no entiendan que evitar el sobrecalentamiento financiero que genera la morosidad es un tema de rostro social también. Y que los gobierno obliguen, pero de verdad, a que los auditores señalen en sus informes cuál es el verdadero (insisto en la palabra verdadero) plazo de pago. Aquellas que superen los límites de 60 días que fijan las buenas prácticas comerciales deben ser literalmente barridas de concursos o adjudicaciones públicas. Igual que es necesario acreditar estar al corriente con Hacienda o con la Seguridad Social que se pida un cumplimiento intachable del resto de obligaciones de pago. Lo resto es desvergüenza, de quienes lo practican y de aquellos que lo consienten.