Resueltas ya todas las dudas: podemos imaginar sin miedo a equivocarnos por qué razón extraña la auditora barcelonesa KPMG despidió en enero a Lluís Recoder, antiguo consejero del gobierno de Artur Mas y ex alcalde de Sant Cugat. El abogado ha pasado tres años en la big four, pero ha perdido con cajas destempladas la condición de socio. Le mantienen salario, le permiten el uso de instalaciones y le llaman, de manera oficial, abogado externo. ¡Y tan externo!

Resulta que Recoder fue el consejero que dio el visto bueno a la adjudicación de las aguas catalanas a Acciona, la compañía de los Entrecanales. Y ahora hemos sabido que la auditora barcelonesa había recibido el encargo de Acciona de desmontar la investigación que la Oficina Antifraude de Cataluña ha realizado durante casi un año sobre las prácticas del grupo empresarial con su concesión de aguas. No se la cuento porque es un poco técnica y además pueden leerla aquí.

¿Cómo se hace eso? Se encarga un informe, una especie de dictamen jurídico, y se paga una pasta gansa para que el resultado sea el esperado. ¿Han oído hablar de las encuestas políticas a medida de los partidos y de los medios de comunicación? Pues parecido, pero en el terreno de la auditoría.

Para todo ello, siempre se necesitan los utilizados (no se me ocurre término más neutro), que en este caso son dos socios de la firma: Fernando Cuñado, abogado experto en arbitraje, y Montserrat Trapé, inspectora fiscal pasada al sector privado y esposa del economista omnipresente Ramon Adell, también candidato que se postula a suceder a Gay de Montellà en Foment del Treball (¡uf! se me escapó, lo siento…). 

Los dos firmantes del informe forensic han tardado menos de dos meses para escribir más de 80 sesudos folios para dar la razón a Acciona y evitar que la Generalitat le cancele la concesión por manifiesto incumplimiento de la concesión. Sólo espero que Cuñado y Trapé hayan cobrado mucho y bien, porque han sido rápidos, expeditivos y desacomplejados, que es como se ejerce mejor cualquier profesión. Además, qué narices, su trabajo lo vale: desacredita a los funcionarios que han investigado en Antifraude y permite que Acciona le eche un pulso al Gobierno catalán y, por ende, a los impuestos de todos los catalanes. La prensa afín a los Entrecanales estaba preparada para filtrar con celeridad. Pim, pam, diana. Todo eso no puede salir barato, of course.

El problema principal de esta historia no es que Acciona actuara como mejor le pareció --y es habitual en el sector privado--, sino que lo hiciera sin amparo público, con facturación irregular que no tenía soporte contractual y sin conocimiento de la Administración que otorgó la concesión. Eso sirve entre privados (ya dirán los accionistas lo que consideren), pero no cuando se trabaja para una administración pública que paga con dinero de todos. La Fiscalía lo investiga ahora y puede arrojar aún mucha más luz sobre el oscuro asunto. Los Fiscales de Delitos Económicos tienen un filón en ciernes.

Es una lástima que firmas como KPMG se presten a estos juegos. Si ya están suficientemente desacreditadas las actividades de las auditoras tras los casos de Abengoa, Bankia, Pescanova…, sólo les falta este tipo de actuaciones. Fíjense, casi estoy agradecido de que despidieran a tiempo a Recoder, porque de haber seguido el político en esa casa hubiera tenido problemas para encontrar los adjetivos adecuados para definir la fechoría sin riesgo de ser demandado.