“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”.

Willy Brant, 1913-1992.

El 10 de marzo de 2015, el organismo del Tesoro estadounidense (FinCen) que vela por la lucha contra el blanqueo de capitales emitió una nota en la que situaba a la Banca Privada d’Andorra en el centro de la diana de las malas prácticas bancarias que se realizaban en el país de los Pirineos. Resultado de aquella Notice, el gobierno andorrano intervino la entidad y la justicia del país encarceló preventivamente a su consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats.

Los propietarios del grupo financiero, los hermanos Ramón e Higinio Cierco, emprendieron una cruzada para restablecer su buen nombre. No lo tenían fácil, el resto de banqueros andorranos se frotaron las manos con lo que acababa de pasarle al competidor más dinámico y agresivo que tenían. Para colmo venían de una familia española sin todo el pedigrí que las altas clases andorranas se arrogan; en definitiva, jamás habían sido bien vistos por el resto del establishment del país. Habían ganado dinero, tenían un bancazo en España y otros negocios que les funcionaban viento en popa. Generaron mucha envidia en un pueblo convertido en Estado por esos menesteres de la historia.

La FinCen admite al fin que no había razones para culpar a BPA de blanqueo

La cruzada jurídica llevada a cabo ha dado sus primeros resultados: la FinCen retiró este pasado viernes la Notice de marzo de 2015. En la documentación aportada por los propietarios del banco se ha demostrado que la comunicación de hace un año estaba injustificada, pues era el banco quien ponía en conocimiento de las autoridades andorranas las supuestas malas prácticas que detectaba entre la clientela. Al final, era un órdago del gobierno americano al de Andorra para que alinease sus prácticas como país a las normativas antiblanqueo de los americanos. Ese es el fondo de la cuestión. Lo que pasó después en Andorra es otro asunto aún más alambicado.

Hay dos poderes que deberán dar ahora muchas explicaciones: el Ejecutivo de Andorra debería justificar el desastre que ha cometido en el mapa financiero del país y la Justicia del Principado debería estudiar esa analogía que mantiene con las principales repúblicas bananeras del mundo en cuanto a la prisión preventiva.

Antoni Martí, presidente del gobierno de Andorra, y su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, están en el centro de las sospechas políticas. No pueden decir ahora que la FinCen avala que obraron de forma correcta interviniendo un banco, cuando lo que los americanos ponen encima de la mesa es un enorme error: no había caso, no había materia para obrar como lo hicieron, ni unos ni otros. Los políticos andorranos no fueron independientes ante los EEUU y han sido opacos en su actuación posterior hasta límites que emponzoñan su obra de gobierno. 

Los Cierco consiguen una victoria moral. En otro país, sus gobernantes saldrían pidiendo perdón

La victoria de los Cierco es sobre todo moral. Han perdido el banco andorrano, el banco español y deben haber invertido una buena suma de dinero para defender sus intereses en EEUU, ante la justicia del país, y en Andorra. Sólo recuperarán la razón muy probablemente. La derrota de Martí y Cinca es, sin embargo, política. Si fueran unos gobernantes de un país realmente democrático en tradición y cultura de gobierno, ambos dirigentes saldrían por la puerta de atrás y pedirían perdón por la enorme injusticia y el monumental error del que han sido partícipes. También pierden los organismos reguladores, insignificantes, y el resto de la banca del país, que se deja la confianza y credibilidad internacional.

Y, como escribía Montesquieu, “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”. Los jueces andorranos que mantienen al consejero delegado de BPA en prisión preventiva no pueden sostener más esa barbaridad, digna de un lugar de torturadores totalitarios. El caso de Joan Pau Miquel está despertando cierta solidaridad internacional por la injustificada pena a la que se le está sometiendo sin que haya, hasta la fecha, un solo motivo razonable por el cual se le mantenga entre rejas. Y sí la juez lo tiene, que juzgue y condene. Pero si no es así, la privación de libertad no puede ser eterna.

Gracias a las cosas que han pasado en la banca andorrana, todos hemos conocido algo más un país en el que abundan políticos incapaces de asumir ningún tipo de responsabilidad política democrática y, pese a los cambios, aún tienen muy presente la estructura pseudofeudal de la gobernación. Tampoco son para enorgullecerse los jueces que imparten justicia en el Principado. “La injusticia, allí donde se halle, es una amenaza para la Justicia en su conjunto”, decía Martin Luther King. En Andorra se están viviendo desde hace un año injusticias alucinantes en un país que se proclama moderno y democrático.