Por siete votos a favor y cinco en contra (¡otro triunfo del progresismo frente al fascismo judicial!), el Tribunal Constitucional se muestra a favor de que les sea concedida la amnistía a Puchi y sus cuates, una gente que ni ha pedido perdón por las molestias, que asegura que repetirán sus travesuras en cuanto se vean con la fuerza suficiente para hacerlo y que, encima, se quejan de lo lenta que va la justicia española a la hora de concederles esa amnistía que llevan tiempo reclamando como si la merecieran.

Solo les falta pedir que España les presente disculpas por haberlos tratado tan malamente.

No es que Puchi vaya a caer por aquí pasado mañana, pero el retorno está más cerca que nunca, a no ser que los malvados Llarena y Marchena, desde el Tribunal Supremo, encuentren alguna manera de retrasar el proceso, como intenta en el Tribunal de Cuentas, según las observaciones del abogado Gonzalo Boye, compadre de terroristas y narcotraficantes, Sociedad Civil Catalana, a quien le sigue chirriando el tema de los monises públicos invertidos en la preparación del golpecillo de Estado.

Hay que reconocer que nuestros golpistas se han salido bastante de rositas, dejando a un lado breves encarcelamientos y fugas más o menos largas. Haciendo de la necesidad virtud, Pedro Sánchez se lanzó a regalar indultos y amnistías porque necesitaba los votos de Junts en el Congreso para mantenerse en el poder.

Y sigue en las mismas, aunque sea un muerto viviente y las ayudas de los de Puchi no sean de fiar.

Como moral y autoestima no le faltan, igual cree que, con el apoyo de Junts, puede acabar triunfalmente la legislatura, presentarse a las nuevas elecciones y ganarlas, pues ya ha dicho que necesita cuatro años más para que se tome conciencia de todo lo que él y sus minions han hecho por España. De momento, puede respirar tranquilo.

El Constitucional, presidido por el siempre ecuánime y progresista Cándido Conde Pumpido (un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo), se ha manifestado a favor de la amnistía para la banda de Puchi.

Habrá que ver qué dicen el Supremo y el Tribunal de Cuentas. Muchos pensamos que hubo malversación de caudales públicos cuando el prusés, y el dinero público se supone que es de todos los españoles, aunque los políticos suelan considerar que no es de nadie.

Aunque no fuese a parar ni un euro a los bolsillos de los golpistas (lo que también habría que comprobar), se destinó un dinero público a una causa ilegal, lo cual debería recibir algún castigo. En vez de eso, don Cándido se lo arregla todo a su señorito y aquí no pasa nada.

La excusa gubernamental ya nos la sabemos: que con estas medidas se contribuye a la reconciliación nacional, algo que es mentira, como puede comprobarse leyendo las declaraciones de los principales encausados por el prusés y el tono indignado y exigente de los diarios lazis que las publican, cuyo último invento es el claro resurgir del independentismo gracias a unos cuantos chavales con camisetas del Barça con los que se cruzaron durante la última Diada.

A Sánchez se la sopla la reconciliación nacional. Como se la sopla la introducción del catalán en las instituciones europeas, aunque amenace con oponerse a la entrada de nuevos países en la UE si no le aprueban lo del catalán.

A tan fundamental asunto se dedica nuestro flamante ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por mal nombre Sacarino, ese hombre que pasea solo por Manhattan mientras habla con el teléfono móvil que lo está grabando.

Personalmente, me escuece que una gente que nos intentó amargar la existencia a más de la mitad de los catalanes se quede sin pagar sus crímenes. Así pues, confío en que SCC y el Supremo consigan poner unos cuantos palos más en las ruedas de esta enorme farsa política y social a mayor gloria del megalómano de la Moncloa profundamente enamorado de su esposa.

Llámenme rencoroso, pero crecí creyendo que el que la hace, la paga.