Parece que últimamente nadie le ve la gracia a nuestra querida policía autonómica, sobre todo a partir del ridículo sainete escapista que protagonizó Carles Puigdemont durante su última y breve visita a Barcelona, donde se suponía que irrumpiría en el Parlamento catalán para cantarle las cuarenta a Salvador Illa, ese españolista infame, mientras intentaba tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de la Generalitat (luego resultó que era imposible acceder a tan noble institución sin que lo trincaran, así que nuestro inefable Cocomocho se tuvo que conformar con pronunciar un breve discurso ante una pandilla de jubilados que no tenían nada mejor que hacer y luego salió por patas, que es lo que mejor se le da en esta vida).

La actuación de los mossos d’esquadra, de una ineptitud portentosa (o algo peor), consiguió cabrear por igual a independentistas y constitucionalistas. Los primeros se avergonzaban de las declaraciones y disculpas del mandamás Sallent, al que acusaban de ser un vendido y un cipayo, mientras que los segundos nos preguntábamos si esa ineptitud no sería tan solo aparente y si los Mossos, obedeciendo órdenes, no habrían dejado escapar al Prisionero de Waterloo.

Esta teoría acaba de ser verbalizada discretamente por el juez Llarena, quien quiere enterarse de qué pasó exactamente durante el día de autos y cómo fue posible que Puchi se volviera a dar el piro como suele. Ha enfilado a los Mossos y quiere llegar al fondo del asunto, lo cual me parece muy bien, pero me temo que se queda un poco corto. A fin de cuentas, la responsabilidad de la policía autonómica se reducía a lo que ocurriera en Barcelona.

Como las fronteras son cosa de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cabe preguntarse, estimado señor juez, si la presunta conspiración para dejar escapar a Puigdemont no afecta a más cuerpos policiales que el catalán. Yo no sé qué tipo de vigilancia se estableció en la frontera (o en los aeropuertos, también en manos del Estado), pero me cuesta creer que Puchi pudiera cruzarla dos veces sin que nadie se percatara (aunque fuese metido en el maletero del coche, como tiene por costumbre para sus homenajes a Harry Houdini, aunque él y Pilar Rahola lo nieguen).

Si hubo una conspiración para permitir la nueva fuga de Puigdemont, yo diría que no pudo reducirse a la policía autonómica. Y si a alguien le convenía que no fuese detenido, ese era el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el hombre que rescató a Puchi de la irrelevancia porque necesitaba los siete votos de sus esbirros en el Congreso para mantenerse atornillado al sillón.

Si la investigación a los Mossos es el inicio de una operación más amplia, bienvenida sea, y debería hacerse extensiva a sujetos que, como Jordi Turull o Gonzalo Boye, fueron colaboradores necesarios para la huida de nuestro hombre en Flandes: a Boye lo vimos supervisando el mitin, Tururull ha reconocido públicamente que le echó una mano a su jefe… ¿Y ningún juez los ha llamado a declarar todavía para acusarlos de obstrucción a la justicia? Que yo sepa, eso es un delito aquí y en la China Popular, que diría el periclitado Carod Rovira.

Ya sabemos que en la policía catalana hay lazis infiltrados, como había filoetarras en la vasca durante los años de plomo. Normal, pues, empezar las pesquisas por los Mossos d’Esquadra. Pero de ahí, yo diría que deberían ampliarse a las fuerzas de seguridad del Estado, al brillante exjuez y desastroso ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y, si es necesario, al presidente del Gobierno, al que el disparate puigdemontino le pilló de vacaciones y aprovechó para no decir ni esta boca es mía.

La actuación chapucera de los Mossos es evidente, pero centrarse exclusivamente en ellos sería conformarse con muy poco. Y teniendo en cuenta la guerra larvada que hay entre el Gobierno y la judicatura, no creo que esta se sienta obligada a hacerle ningún favor al actual inquilino de la Moncloa, que no ve la hora de pasarle por encima (a ella y al pobre Montesquieu, que en paz descanse) y que es el máximo responsable de lo que hagan su ministro del Interior y los distintos cuerpos policiales.

No quisiera parecer conspiranoico ni afirmar que lo de Puchi fue un paripé organizado desde lo más alto y seguido al pie de la letra por maderos, picoletos y mossos d’esquadra. Pero la cosa apesta y creo que el juez Llarena hace muy bien en investigarla. Lo único que le pido es que haga todo lo posible para llegar hasta el final y todos sepamos por fin qué pasó exactamente ese día de agosto. Caigui qui caigui i peti qui peti, como decimos por aquí.