Gracias a su físico funcionarial, sus trajes de burócrata y su peculiar manera de hablar, el consejero de Economía del actual gobierno de la Generalitat, Jaume Giró, podría haber sido un gran secundario de La Cubana: me lo imagino perfectamente como un vecino de las Teresines que dirige una sucursal de la Caixa y les echa una mano cada año para contribuir al esplendor de la fiesta mayor de Gracia. Ayer, el señor Giró demostró que, además de la percha, también tiene dotes de actor: tras haber dicho el día anterior que no pensaba recurrir al Instituto Catalán de Finanzas (decisión que no fue del agrado del niño barbudo) para avalar las fianzas de los manirrotos a los que persigue el Tribunal de Cuentas, aseguró que le habían llamado del ICF para ofrecerse a avalar lo que hiciera falta, por ilegal que pudiera llegar a ser, y que él, claro está, había aceptado su valeroso ofrecimiento.

Llámenme desconfiado, pero no me lo creo. Me resulta más verosímil una llamada de Aragonès al ICF para decirles que ya podían ir apoquinando si no querían verse en la calle: la figura del funcionario audaz y arriesgado no existe, como se comprobó cuando la aplicación del 155, durante la que no chistó nadie mientras se siguiera cobrando a fin de mes. Mucho me temo que la entrada del ICF en el vodevil de las fianzas es una cacicada más de nuestra administración regional, para la que impedir los embargos de los suyos es una prioridad que pasa por delante de las que justifican el ICF: conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas. Que esperen, pues, las pequeñas y medianas empresas, ya que ahora lo primordial es impedir que le embarguen el flequillo al Astut. Que se note que el régimen cuida de los suyos. Total, ya se sabe que el dinero público es como si no fuera de nadie.

En Cataluña pagamos impuestos para que el gobiernillo defienda el patrimonio de sus delincuentes de cuello blanco, de la misma manera que financiamos una televisión supuestamente pública que ignora o, directamente, insulta a la mitad de sus inversores. Tras ser ignorado por todos los bancos habidos y por haber, el gobiernillo --mientras Jordi Sánchez asegura que está negociando con entidades extranjeras que se mueren de ganas de avalar a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas-- opta por obligar a aflojar la mosca a los de siempre, que somos los ciudadanos, a través de una entidad que sirve para otra cosa, pero que, cuando conviene, se dedica a lo que haga falta. Ante este evidente tocomocho, Salvador Illa sigue esperando que se pronuncie el Consejo de Garantías Estatutarias, como si éste fuese a ejercer de algo que no sea La Voz de su Amo.

En paralelo, la Caja de Resistencia sigue recaudando dinero para financiarle los fines de semana en yate al Astut: ya han reunido más de un millón de euros gracias a una gente que se desvive para que puedan mantener su nivel de vida unas personas que las entierran en dinero (a menudo, no se sabe dónde acaba el patriotismo y empieza la estupidez). No sé qué dirá el Tribunal de Cuentas de esta jugada chunga del gobiernillo del niño barbudo, pero, de momento, todo parece indicar que los despilfarradores del prusés acabarán saliéndose de rositas tras haberse gastado alegremente nuestro dinero en sus chorradas patrióticas. Y si dicho tribunal acaba denunciando la mascarada, ya saldrá alguien del PSOE a acusarle de poner piedras en el camino de la concordia: Ábalos ya no está, pero para eso se puede echar mano de cualquier sicario con ganas de medrar.