Las togas atraviesan la línea de sombra. La supremacía de las leyes sobre la ideología nos acerca a los espectáculos de aclamación, ya que si la ley confirma a una de las partes, esta exige las adhesiones automáticas de la ciudadanía. España vive ahora la plenitud de la conspiración en las instituciones judiciales del mismo modo que, en otro tiempo, el eje conspirativo fue la economía. Los casos Banesto, Banca Catalana, Mario Conde, Botín o Ruiz-Mateos, entre otros, saltaron del banquillo de los acusados al ministerio público y a los juzgados. En la calle ya es leyenda aquello de “si quieres saber lo que se cuece, acércate a Plaza Castilla para ver quién entra a pie en la Audiencia Nacional y quién sale montado en un furgón”; y podemos añadir, acércate a la misma Abogacía del Estado; aproxímate al Supremo o al Constitucional, por no hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un organismo directamente político, cuyos cargos se escogen a petición de los partidos.
La línea de sombra, que tanto asustaba a los capitanes de Conrad, es el sujeto simbólico del nombramiento de Dolores Delgado, en la cúspide de la Fiscalía. De entrada, tiene la guerra perdida en un país que premia y combate, simultáneamente, la división de poderes. De momento, en la profesión hay división de opiniones: la Asociación de Fiscales ve “una declaración de intenciones de control por parte del Gobierno” y la Unión Progresista de Fiscales confía en el “buen papel” de Delgado. En el ámbito público todo es más neutro: la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal consideran que Delgado se lo ha ganado, trabajando, que es como no decir nada. La Junta y el Consejo son los dos organismos consultivos que rigen el ministerio público y asesoran al Fiscal General, con criterios de interpretación, pero sin poder vinculante.
Esta vez, la sangre no llegará al río; los 2.500 fiscales que hay en España viven los acontecimientos en tensión, pero sin desespero. La Fiscalía no quiere ser parte del debate político, pero ya lo es, desde el momento en que los tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox, más los que votaron no a la investidura) y que representan a más de 11 millones de ciudadanos rechazan a Delgado frente a la coalición de Gobierno, más los de la abstención, que suman solo más de 10 millones. El frente del rechazo argumenta que Sánchez le exigirá a la Fiscal “medidas de gracia para los presos catalanes y garantías de retorno a los fugados”, así, a la brava. Además, la oposición denuncia que es la primera vez que el Gobierno designa a un exministro para dirigir la Fiscalía General del Estado. Pero no, ya que en 1986, Javier Moscoso fue nombrado fiscal general del Estado, cuatro años después de haber jurado el cargo de ministro --de Presidencia-- en el primer gobierno socialista de Felipe González.
Dolores Delgado, por Pepe Farruqo
Dolores (Lola) espera, mientras aprende a combinar el juicio erudito con el juicio laico. Muestra un semblante combativo cada vez que le cae la del pulpo; se ha pasado la semana en vigilia hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio el pasado jueves muestras de que no quiere convertirse en un arma arrojadiza. Su plenario, con el genovés (de Génova 13) Carlos Lesmes al frente, aprobó el nombramiento de Delgado en una votación de 12 a 7, aunque en el dictamen escrito no se habla de idoneidad, a diferencia de las propuestas anteriores, que apoyaron a Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra. Sus compañeros contrincantes, los 7 vocales elegidos por el PP que no la apoyaron, consideran que su candidatura crea “una apariencia de vinculación” al Ejecutivo que impide garantizar “la imagen de autonomía e imparcialidad de la Fiscalía”. Es decir, destacan que la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo.
Si desean verle los dientes de Lola, denle duro, pero si buscan su sonrisa será mejor que esperen a que España se llene de galicanos y masones, especies temidas por Vox. Solo así la reconocerán. A Delgado, la corrupción de la elocuencia que se practica en el Congreso no le va. Le gustan el riesgo y el grano. A ella no la pillará La teoría de las ventanas rotas, de la que habla el politólogo José Miguel Contreras, basada en interpretar que “la inseguridad de alta intensidad es consecuencia de una sociedad desordenada, falta de autoridad y sumida en la delincuencia de baja intensidad”. A la Fiscal Jefa le gusta mandar y quienes la ponen a caer de un burro se exponen a ser descubiertos, cuando se demuestre que su mendacidad es el fruto de sus excesos verbales.
En España, la transparencia roza el narcisismo. De repente me acuerdo de Bermejo (Mariano Fernández Bermejo), el ex ministro de Justicia con ZP. En su juventud fue el guitarra baja del grupo Los Cirros, pero al subirse al cargo se hizo aficionado a la caza y colega de Baltasar Garzón, gran amigo de Delgado. Hasta que, un buen día, acabó cayendo por participar, sin disponer de la licencia, en una cacería en el coto de Cabeza Prieta (Jaén), con una foto junto a decenas de venados muertos a tiros. Digamos que Bermejo hizo un Juan Carlos en Botsuana y le salió igual de mal que al rey emérito; pero, a Lola, esto no le ha pasado, como ministra, ni le pasará como Fiscal General. Es guerrera por fuera y discreta por dentro. ¿Que tendrán los bichos que tanto les van a las togas? A Bermejo le chiflan los ciervos y a Lola las capeas. Delgado debutó como fiscal en el Prat de Llobregat, en la misma dependencia que había ocupado, bastantes años antes, el malogrado periodista y abogado Alfons Quintà, paniaguado del pujolismo, en su etapa de magistrado del cuarto turno. Lleva la mala jandí escondida en el zurrón desde buena mañana, conoce la suerte del toreo, y es muy capaz de darte una patada en la espinilla por debajo de la mesa, si meas fuera de tiesto.
Con estos activos, un montón de enciclopedias del Derecho y los mejores textos de filosofía de la leyes en la cabeza, además de una edición en papel antiguo del Espíritu de las leyes en algún cajón de su escritorio, la Delgado será el furor de las salas. Es una empollona. Entrará a saco en la Fiscalía del Supremo y lo hará con guante de seda en el magisterio público del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin que ello quiera decir que deje de combatir el desorden dañino que va dejando tras de sí el procés. Antes de empezar la acusan de querer adaptar la política penitenciaria de los presos catalanes; de ser arte y parte, cuando sí que lo es en lo que refiere a derechos civiles pero no a la ley, porque es unívoca una vez ha sido legislada por las cámaras de la soberanía popular. Será la Fiscal General menos ambivalente; todavía no ha llegado al Constitucional.
