"El patriotismo es ,hoy por hoy, el privilegio de las naciones dominantes" (Eduardo Galeano)
Ante el pleno del Parlament de Cataluña del 1 de marzo, cuatro grupos parlamentarios han formulado propuestas de resoluciones sobre la crisis institucional de este país, su prolongado desgobierno y el abandono de los derechos y necesidades de los ciudadanos. Todo como consecuencia directa de la pretensión del anterior Gobierno, a través de constantes abusos de poder abiertos y graves incumplimientos de la legalidad democrática vigente y enfrentamientos con el Tribunal Constitucional, de imponer un Estado que, bajo la forma de república, se declarase independiente del Estado español. Así ha quedado acreditado en el documento Enfocats, que contenía la estrategia perfectamente definida para alcanzar dicho objetivo.
La consecuencia fue la aplicación por el Gobierno de España del artículo 155 de la Constitución y, entre otras decisiones, la destitución del Gobierno responsable, política y penalmente, de tamaño desafío. Lo que, además, determinó la apertura de un proceso penal y la prisión provisional --que podrían haberse acordado bajo fianzas-- de cuatro dirigentes de dicho procés. El expresident anterior, sometido a dicho proceso, no compareció ante la justicia y permanece prófugo en Bruselas. Desde entonces, las fuerzas soberanistas han mantenido, en torno a él, una concepción elitista y aristocratizante de la política, concentrando todos sus esfuerzos en reintegrar a toda costa a Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, especialmente a partir del 21D. Objetivo, absolutamente inviable. Como lo será, a corto o largo plazo, pretender otorgar la presidencia a cualquier otro investigado en el referido proceso, ante su previsible inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
En el periodo político anterior, el grupo de JxCat, con dicha finalidad, planteó una reforma de la ley de 2008 sobre dicho cargo, pretendiendo, de forma insensata, que el presidente pudiera ser investido "sin su presencia" o "sin su intervención", a través de medios telemáticos. Pretensión que, al menos hasta ahora, ha sido desestimada dado su perfil abiertamente antidemocrático. En la propuesta actual se limita a plantear que el Parlament dispone de la "mayoría parlamentaria para ratificar la confianza" en el expresident, propuesta tan imprecisa que, desde luego, no podría permitir en ningún caso su investidura.
El poder judicial tiene un cometido esencial e irreversible para la normalización democrática de Cataluña, investigar y dirimir las responsabilidades penales que contrajeron los altos cargos de la Generalitat y sus colaboradores en el propósito de imponer la independencia
Las otras propuestas, de Ciudadanos, del PSC y de Catalunya-en Comú Podem, se plantean, con diversos matices diferenciados, la inmediata necesidad de superar esta ausencia de Gobierno, en perjuicio de los ciudadanos, mediante la superación del "bloqueo y parálisis de las instituciones por parte de los partidos independentistas", la urgencia de investir "lo más pronto posible" un presidente "que pueda ejercer plena y legalmente sus funciones" en el marco constitucional y autonómico o que, desde un mayor acento en la agenda social, se restablezca la plena autonomía del Parlamento, "permitiendo el desbloqueo" del mismo para restablecer el "autogobierno de Cataluña actualmente intervenido".
Ciertamente, los partidos fieles al marco constitucional deben impulsar un giro sustancial a la política catalana restableciendo plenamente el orden democrático. Pero, todos, sin excepción, han de tener presente que, durante un cierto periodo de tiempo, el poder judicial --jueces y fiscales-- tiene un cometido esencial e irreversible para la normalización democrática de Cataluña, investigar y dirimir las responsabilidades penales que contrajeron los altos cargos de la Generalitat y sus colaboradores en el propósito de imponer la independencia, infringiendo abierta y reiteradamente no solo las leyes del Estado sino las propias, como el Estatuto de Autonomía, al que han despreciado y pisoteado sin límites. Simultáneamente, estaban ofendiendo y escarneciendo al Parlamento que decían representar. Pero las palabras de Roger Torrent, días pasados, en el Colegio de Abogados hablando de supuestos "presos políticos" por delitos "inexistentes" --es decir, tachando de prevaricadores a los jueces y fiscales que investigan los delitos cometidos por los independentistas-- no son un buen augurio de estar caminando hacia una salida negociada y democrática de la profunda crisis que vive Cataluña.
