Una parte de los analistas considera a Pedro Sánchez un genio de la política. En primer lugar, por su regreso a la secretaría general del PSOE. En segundo, por el triunfo de la moción de censura contra Rajoy. En tercero, por convocar elecciones generales para el 23 de julio de 2023 y convertir un suicidio electoral en una dulce derrota que le permitió continuar como presidente del Gobierno. No obstante, una mayoría parlamentaria endeble lastró la legislatura, pues no consiguió aprobar ni tan solo un Presupuesto General del Estado.

Su opinión difiere sustancialmente de la mía. Desde mi perspectiva, Pedro Sánchez no es un buen gestor, ni un estadista ni un gran ideólogo. Por tanto, no lo considero un magnífico dirigente. A pesar de ello, posee grandes virtudes que le han permitido triunfar en política y mantenerse al frente del Gobierno durante más de ocho años. Entre ellas, destaca su enorme ambición por alcanzar y conservar el poder.

Asimismo, reconozco que Sánchez es un dirigente intrépido, capaz de ofrecer más prebendas que nadie a sus socios (PNV, Junts per Catalunya, EH Bildu), un político que sabe aprovechar los errores de sus rivales (Susana Díaz, Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo) y un mandatario con una extraordinaria capacidad de adaptación a las distintas coyunturas económicas y políticas.

En los últimos 15 años, dicha capacidad ha propiciado que Sánchez haya dejado de ser apodado “Pedro el liberal” por sus amigos en el PSOE y ahora sea calificado como “Pedro el peronista” por sus críticos, quienes consideran que el partido se ha escorado excesivamente hacia la izquierda.

En el pasado lustro, también ha pasado de estimular las inversiones en España de grandes fondos, como Blackstone, Lone Star y Brookfield, a calificarlos de buitres y poner trabas a su actividad en nuestro país.

No obstante, en comparación con la mayoría de los dirigentes políticos, el principal rasgo distintivo de Sánchez es su facilidad para transformar las líneas rojas en verdes. Las primeras constituían barreras implícitas respetadas por todos sus antecesores en la presidencia del Gobierno. Si para Enrique IV “París bien vale una misa”, para el líder del PSOE, casi todo merece la pena si sirve para conservar el poder, incluso fomentar la división de una parte sustancial de los españoles en dos facciones difíciles de reconciliar.

Entre las líneas rojas pisoteadas por Sánchez figuran la concesión de una amnistía a los políticos catalanes que tuvieron una participación destacada en el proceso independentista, la conversión del Tribunal Constitucional en una especie de Tribunal Supremo bis para anular las condenas de antiguos dirigentes del PSOE en el caso de los ERE de Andalucía, y la tergiversación de la denominada “ley de nietos” por el Ministerio de Justicia, con el propósito de acelerar las nacionalizaciones y ampliar el censo electoral.

A ellas se añade la ausencia de asunción de responsabilidades políticas ante la imputación de algunos familiares y estrechos colaboradores del presidente del Gobierno. Tampoco ningún ministro o alto cargo las ha asumido por la nefasta gestión de la invasión migratoria de Ceuta, el gran apagón eléctrico y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, cuyas causas más probables son las deficiencias en el mantenimiento y la supervisión de las vías.

Dado su historial, Sánchez debe de considerar pecata minuta anunciar un aumento de las pensiones contributivas superior al establecido por la legislación vigente. Hasta la fecha, no ha dado ninguna señal de que vaya a incumplir la normativa actual, pero sí ha anunciado que comunicará el importe de dicha subida el último día de la campaña electoral. Una declaración que me lleva a pensar que en esa jornada volverá a traspasar una línea roja.

Según la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, las pensiones contributivas se actualizarán al inicio de cada año en un porcentaje equivalente a la media de las tasas interanuales del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del ejercicio precedente. En 2027, el incremento de la remuneración de las pensiones se calculará en función de la inflación media interanual registrada entre el último mes de 2025 y noviembre de 2026.

Desde mi perspectiva, entre ambas fechas el IPC medio interanual se situará en el 3,5%. Por tanto, según la normativa vigente, las pensiones contributivas de jubilación deberían aumentar ese porcentaje, con la excepción de las mínimas y del límite máximo aplicable a los nuevos jubilados. En ambos casos, la legislación prevé incrementos superiores al general.

No obstante, creo que Sánchez prometerá aumentar las pensiones de la mayoría de los jubilados en alrededor de un 5% si continúa al frente del Gobierno y consigue que su propuesta sea aprobada por el Congreso. En caso de derrota electoral, una promesa que se llevará el viento, pero que proporcionará más votos a su partido en las próximas elecciones generales.

En 2023, Sánchez consiguió revalidar la presidencia de Gobierno, a pesar del severo castigo sufrido por su partido en las elecciones autonómicas y municipales. Los dos principales factores que explican su éxito fueron el temor de una parte del electorado a un Ejecutivo en el que participara Vox y el incremento de las pensiones contributivas en un 8,5%.

En este último caso, la suerte jugó a su favor, pues la elevada inflación generada por la guerra entre Rusia y Ucrania le permitió conceder a los pensionistas el mayor aumento nominal de las pensiones desde 1984, sin incumplir la legislación vigente. No obstante, dicha subida no supuso una mejora de su poder adquisitivo, pues se limitó a compensar el perdido durante el período anterior.

Después de la experiencia de los gobiernos de coalición entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas, el miedo a que el partido de extrema derecha entre en el Ejecutivo de la nación está prácticamente amortizado. En cambio, continúa vigente el temor a una reducción del poder adquisitivo de las pensiones si Feijóo consigue acceder a la presidencia de Gobierno.

En la actualidad, muchos pensionistas recuerdan que entre 2014 y 2017 las pensiones contributivas solo aumentaron un 0,25%, pues el PP aprobó una reforma que permitía aplicar dicho exiguo incremento si la Seguridad Social tenía un déficit anual. Sin embargo, pocos son conscientes de que únicamente en el último año de dicho período los pensionistas perdieron poder adquisitivo, ya que en los tres anteriores no hubo inflación, sino deflación.

Desde una óptica electoral, la medida propuesta solo presenta ventajas. En primer lugar, beneficia a un elevado número de votantes. En agosto de 2026, el porcentaje de pensionistas contributivos de la Seguridad Social y de Clases Pasivas equivalía al 26,5% del censo electoral. En segundo, va dirigida en gran medida al grupo de edad en el que el PSOE obtiene un mayor porcentaje de votos: los mayores de 65 años.

En tercero, la proporción de jubilados que vota en las elecciones generales supera a la de cualquier otra franja de edad. En cuarto, al tratarse de una medida sorprendente y anunciarse solo dos días antes de las elecciones, tendrá un mayor impacto que si se revelara al inicio de la campaña electoral. Finalmente, porque la fecha elegida no es aleatoria, sino que busca sorprender al PP y dificultar la presentación de una contrapropuesta que reduzca o neutralice su repercusión electoral.

En definitiva, si mi previsión se cumple, Sánchez habrá pisoteado una nueva línea roja para obtener más votos. No obstante, si las encuestas actuales aciertan y la campaña electoral no cambia sustancialmente las preferencias de los votantes, la trampa del líder del PSOE probablemente será la última.

En la oposición, Sánchez no lo tendrá fácil para mantenerse como secretario general del PSOE, y menos aún para regresar a la Moncloa. Es posible que sus adversarios internos se organicen y se rebelen contra él, pero también que una parte de ellos abandone el partido y funde otro. Las dádivas que puede conceder un presidente del Gobierno no son comparables con las que está en condiciones de ofrecer un líder que ha perdido el poder y tiene más pasado que futuro.