Jordi William Carnes opina sobre los disturbios de Blocus en Barcelona
A romper y quemar
"A esta discusión deberíamos añadir otra cuestión de fondo: la cultura de evitar decir 'no' a los jóvenes para no generarles frustración. Tal vez estemos educando a ciudadanos con muchos derechos y pocas responsabilidades"
Muchas personas se muestran sorprendidas e indignadas ante las imágenes de violencia que llegan de distintas ciudades europeas. El incendio del Ayuntamiento de Limoges, en Francia, impacta. Las escenas de Milán, también. De repente, sin una movilización social previa que permita anticiparlo, reaparece el fantasma de la Barcelona que arde. ¿Es esta la Barcelona, la Rosa de Foc, que tanta literatura social y política ha inspirado?
Habrá muchas razones y explicaciones. Resulta interesante observar los relatos que se construyeron en 2019, cuando ardieron la plaza de Urquinaona y su entorno, en el Eixample, así como las explicaciones y reacciones que suscitaron aquellos acontecimientos.
En 2019, determinados referentes públicos justificaban los actos violentos como respuesta a una situación política. Ahora, en cambio, se critica que no se haya podido evitar la violencia o que no se actúe con mayor contundencia para frenar el pillaje y la búsqueda deliberada del caos. Entonces, los promotores eran, en mayor o menor medida, conocidos, y algunos acabaron afrontando procesos judiciales. Hoy, las redes sociales dificultan la identificación de quienes instigan estos comportamientos. El anonimato se convierte en una pieza clave.
Los motivos pueden ser similares: desestabilizar y provocar cambios políticos. Buscar un cambio político es legítimo; los medios utilizados para conseguirlo son los que generan el debate.
También resulta significativo que, en la situación actual, los poderes públicos no hayan adoptado una posición de perfil, como sucedió en el pasado. Tal vez las banderas que se enarbolan estén ahora más diluidas o camufladas. Las supuestas reivindicaciones estudiantiles, a pocos días de una huelga de profesores, invitan a hacerse algunas preguntas: ¿qué se pretende? ¿Incrementar el malestar general contra un sistema educativo ya cuestionado? ¿Quién sale beneficiado de estas imágenes? ¿La educación?
El debate sobre quién está detrás de estos acontecimientos y con qué objetivos dará lugar, sin duda, a abundante literatura.
Sin embargo, a esta discusión deberíamos añadir otra cuestión de fondo: la cultura de evitar decir "no" a los jóvenes para no generarles frustración. Tal vez estemos educando a ciudadanos con muchos derechos y pocas responsabilidades. Es cierto que se trata de un debate que llevamos años esquivando, prefiriendo mirar hacia otro lado.
No podemos trasladar toda la responsabilidad cívica a las escuelas y a las instituciones. ¿Qué papel desempeñan las familias, en sus múltiples formas? ¿Han hecho dejación de sus responsabilidades educativas?
Hacer que los progenitores asuman subsidiariamente los costes económicos de los daños causados por sus hijos puede ser una respuesta para evitar la inhibición y reforzar la responsabilidad. Las redes sociales no pueden convertirse en la excusa para justificar la falta de transmisión de valores de convivencia. Un banco público, un contenedor o cualquier otro elemento del mobiliario urbano son de todos. Destrozarlos es perjudicar al conjunto de la ciudadanía.
Hace unos años, con motivo de la celebración de la Diada del 11 de septiembre, se instauró una costumbre peligrosa: por la mañana, actos cívicos; por la tarde, manifestaciones que, en algunos casos, parecían tener reservado un capítulo final de altercados.
Todos acabamos asumiendo aquella dinámica con una cierta normalidad. Y eso es una mala señal.
Hacer pedagogía cívica significa enseñar a respetar a los demás, aceptar las diferencias y defender las propias ideas sin destruir nada. Porque la convivencia no se construye desde la impunidad ni desde la tolerancia hacia la violencia, sino desde el respeto, los derechos y las responsabilidades compartidas.
