Míriam Saint-Germain y una imagen de los disturbios de Blocus en Barcelona
La justicia de menores les ha sacado los colores a los padres de los adolescentes detenidos por los disturbios del pasado sábado 24 de octubre en Barcelona. Y es que muchos de ellos ni siquiera sabían que sus hijos estaban participando activamente en la batalla campal que se originó en el centro de la capital catalana.
El tirón de orejas, por desconocer dónde estaban y qué hacían sus hijos, está más que justificado. Ahora bien, las responsabilidades de unos y otros deben ir mucho más allá de una reprimenda. Porque no estamos hablando de una gamberrada, de llegar tarde a casa o de saltarse una clase. Estamos hablando de episodios de violencia que dejaron policías heridos, establecimientos saqueados y numerosos destrozos en la vía pública.
Y no, esto no se arregla con una nota negativa en la agenda del instituto, una semana sin salir de casa o una tarde copiando cien veces “no lo volveré a hacer”.
Precisamente por eso, la Fiscalía de Menores tiene ahora una oportunidad para demostrar que la justicia juvenil puede ser educativa y, al mismo tiempo, contundente. Porque no son pocas las voces críticas con un sistema al que reprochan cierta permisividad cuando los autores de los delitos son menores de edad.
Comerciantes, empresarios y víctimas que, después de sufrir daños o episodios violentos, aseguran haberse quedado con la sensación de que nadie ha respondido por lo ocurrido.
Y aunque cada caso tiene sus particularidades, sería un error despreciar esa percepción de impunidad. La mejor manera de combatirla no es con grandes declaraciones, sino con actuaciones judiciales eficaces, medidas proporcionadas que se cumplan y mecanismos de reparación que funcionen.
En este sentido, el Govern ha sido especialmente contundente al advertir que los padres deberán asumir las consecuencias económicas de los destrozos provocados por sus hijos menores de edad. Una advertencia que ahora debe traducirse en hechos, siempre que legalmente corresponda.
Porque los daños tienen un coste. Lo tienen los escaparates destrozados, los comercios saqueados y el mobiliario urbano que hay que reparar. Y no puede ser que la factura de la violencia termine recayendo sobre quienes no tuvieron nada que ver con ella. La ley ya contempla mecanismos para exigir responsabilidades civiles a los progenitores. Lo que hace falta es que se apliquen.
![Un montaje con cuatro modelos de zapatillas deportivas robados durante los disturbios en Barcelona con el logo de Wallapop](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/573971.jpg?p=w:320\/h:240&h=WVjpnBPR"])
Todo esto vuelve a abrir, inevitablemente, el debate sobre la edad de responsabilidad penal. Actualmente, los menores de 14 años quedan fuera de la Ley Penal del Menor. ¿Es suficiente la respuesta que ofrece el sistema para quienes cometen hechos especialmente graves antes de alcanzar esa edad? ¿Hay que revisar el límite o reforzar los mecanismos educativos y de protección existentes?
Son preguntas que merecen una reflexión seria, lejos de soluciones improvisadas al calor de los disturbios.
Aunque nos debe quedar claro que la minoría de edad no puede convertirse en sinónimo de impunidad, del mismo modo que la finalidad educativa de la justicia juvenil no puede confundirse con la ausencia de consecuencias.
Y si algo deberían aprender los adolescentes implicados en los disturbios de Barcelona es precisamente eso: que sus actos tienen consecuencias. Que los daños se reparan. Y que cruzar determinados límites no puede salir gratis.
Porque el verdadero fracaso no sería únicamente lo que ocurrió el sábado, sino que, después de todo, nadie asumiera sus consecuencias.
