Jordi Mercader opina sobre la amnistía del 'procés' Crónica Global
¿Y después de la amnistía, qué?
"Los inhabilitados recuperan todos sus derechos, los empantanados en el Tribunal de Cuentas se liberan de todo peligro, los refugiados en Bélgica regresan una vez ahuyentada la malversación y los CDR ven anuladas sus causas por terrorismo"
La aplicación de la amnistía se está confirmando estos días por parte del Tribunal Supremo, aunque a regañadientes. Ahora es el momento para que los argumentos que justificaron oficialmente la aprobación de esta excepcional medida pasen la prueba del algodón.
Pedro Sánchez no tenía previsto amnistiar a nadie durante la campaña electoral de 2023. Tampoco Salvador Illa en las elecciones catalanas de 2024. Sin embargo, los dos se convirtieron en los grandes valedores de la amnistía por razones de carácter pragmático, tan legítimas como cualquiera otra. Los argumentos utilizados formalmente siempre fueron dos: la urgencia de recuperar la convivencia en Cataluña y la voluntad de normalización de la política catalana.
Algunas voces autorizadas del PSC y del PSOE han llegado a insinuar, en su entusiasmo por ver la amnistía aplicarse definitivamente, que con esta ley se cerraba el conflicto catalán. Esta es una visión muy errónea de tal conflicto histórico y expresa una ambición muy limitada de las aspiraciones de Cataluña como nación. En todo caso, es la confirmación de que los socialistas han convertido el cumplimiento de una exigencia de los fracasados del procés en una apuesta de futuro, tan arriesgada como incierta.
A juicio de los promotores de la medida por parte del Gobierno central, las tensiones políticas y sociales desatadas por la temeridad de los dirigentes del procés y la reacción desproporcionada del Gobierno del PP habían puesto en peligro el oasis catalán.
Y, aunque nunca lo precisaron abiertamente, el Gobierno socialista debía vivir con incomodidad los excesos judiciales de la causa contra los dirigentes del procés sobre los que la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería pronunciarse antes o después.
Así que debieron considerar que mejor apostar por la amnistía, por si acaso. Este acto de prudencia de Estado nunca ha sido valorado por el Poder Judicial, justo lo contrario, lo tomaron como una declaración de guerra.
Los independentistas, por su parte, siempre exigieron la ley del olvido como una medida de reparación por la injusticia y la represión infligida por el Estado. Sin otras consideraciones sobre su responsabilidad política y social como promotores de una aventura tan legítima como insensata que dividió a los catalanes y llevó a las instituciones catalanas muy cerca del abismo.
La ley prosperó, pues, con una flagrante contradicción de argumentos. Los opositores se escandalizaron, se rasgaron las vestiduras y pusieron manos a la obra para destruir a Pedro Sánchez como traidor a la España eterna.
El arreón definitivo a la amnistía llega justo antes de las elecciones. Los inhabilitados recuperan todos sus derechos, los empantanados en el Tribunal de Cuentas se liberan de todo peligro, los refugiados en Bélgica regresan una vez ahuyentada la malversación y los CDR ven anuladas sus causas por terrorismo.
Ha llegado el momento de comprobar si los milagrosos efectos positivos atribuidos a la amnistía por parte de los promotores se materializan, si en los reclamantes había una pizca de voluntad conciliadora además de la exigencia de justicia para ellos y, también, conocer el coste electoral que tanta generosidad pueda tener para el PSOE.
Los reclamantes y beneficiarios, a diferencia de los promotores, han mantenido un perfil discreto sobre las consecuencias colectivas de la amnistía mientras las resistencias de los jueces españoles conseguían ralentizar su aplicación.
Los dirigentes que permanecían en Waterloo y los que seguían inhabilitados se limitaban a exigir periódicamente el cumplimiento de la ley, sin que desde 2017 se les haya oído una palabra sobre su responsabilidad en aquella crisis de convivencia que la amnistía debe reparar. Toda la culpa la han atribuido al Estado, subrayando que el hecho mismo de la amnistía confirma su acusación.
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Las primeras reacciones son pobres y previsibles. Los CDR retoman el eslogan más contrario a la amnistía que pueda concebirse (“Ni olvido ni perdón”). Los “belgas” subrayan el acierto de su huida para evitar los tribunales y la cárcel (ahondando el martirio emocional de los que la soportaron dignamente), y atribuyen la victoria de su retorno a la ingente presión internacional generada por su incansable actividad en el exterior (sic).
Los recién amnistiados y aquellos que ya hacían política aquí, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, no parecen dispuestos a reconocer ni siquiera el riesgo político asumido por sus adversarios y socios parlamentarios al impulsar la amnistía. Una ley que podría tener más coste que beneficio para la izquierda de no obtener gestos reconciliadores del independentismo.
ERC y Junts no están de momento pronunciando las frases esperadas. Todo lo contrario. El secretario general de Junts no tardó ni media hora en despachar a Pedro Sánchez como aliado. No le necesitan para nada y nada mejor que un Gobierno de derechas para reactivar al movimiento soberanista muy alicaído por la fuerza de la realidad y por el recuerdo de la actuación de sus dirigentes en aquellos días del aventurerismo.
Nadie, ni el PP, ni los jueces, pueden exigir a los independentistas que dejen de ser independentistas. Los soberanistas están en su derecho de imaginar cuál es la ruta más factible para la eventual proclamación del Estado catalán.
Esta obviedad no debería ser obstáculo para formalizar al menos una comisión de la verdad que intente fijar con el mayor de los consensos un relato veraz y sincero de lo sucedido entre 2014 y 2019. Como mínimo, para no repetir el desastre.
Esta introspección colectiva sería probablemente mucho más eficaz para salvaguardar la convivencia en Cataluña que la amnistía, cuya aprobación estuvo rodeada de tantos intereses políticos colaterales, de tantos silencios intencionados y tan escasos compromisos de las dos partes que puede quedar en un bello gesto para la historia, probablemente sin mayores consecuencias para el futuro de Cataluña, sea el que vaya a ser.
