Jordi Xuclà y Domènec Ruiz ante la bandera de la UE
España y Cataluña en Europa: palabras y hechos
"El pasado 28 de mayo de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que pide al Gobierno esta declaración irrevocable de pertenencia de España a la UE"
Hace 40 años, España cruzó una linde que lo cambió todo. El primero de enero de 1986, este país dejaba atrás décadas de aislamiento y se incorporaba a las entonces Comunidades Europeas. También para Cataluña y la Comunidad Valenciana aquel momento no fue solo político. Fue económico, social, vital. El acceso al mercado interior, los fondos de cohesión, la libre circulación de personas, la consolidación de la democracia: todo esto lleva el sello de Europa.
Pero el mundo ha cambiado. Y no poco. El Brexit demostró que salir de la UE es posible. Que las utopías soberanas de la ultraderecha no son retórica vacía, sino proyectos con consecuencias reales y dolorosas. En un artículo publicado en el Lab Avanza en mayo de 2025, se proponía que España hiciese algo inédito: una declaración solemne y unilateral de pertenencia irrevocable a la Unión Europea, con valor jurídico real conforme al derecho internacional.
No se trataba de un gesto simbólico. Bajo los principios que regulan las declaraciones unilaterales de los Estados, este acto tendría efectos vinculantes y mandaría un mensaje inequívoco: la pertenencia de España, y por lo tanto de Cataluña, a Europa es incondicional y no negociable.
Aquella propuesta, que poco después apoyó públicamente el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón Crespo, acaba de tener una respuesta política concreta y significativa. El pasado 28 de mayo de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que pide al Gobierno esta declaración irrevocable de pertenencia de España a la UE.
En paralelo, la Cámara insta al Gobierno a apoyar en el Consejo Europeo la propuesta de reforma federal de los Tratados impulsada por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 2024, a fin de superar la unanimidad.
Dos propuestas. Dos pasos hacia delante. Ahora la pregunta es si el Gobierno se quedará en las palabras o pasará a los hechos. La declaración de irrevocabilidad importa porque vivimos en tiempos en los que la ultraderecha —en España, en Francia, en Italia, en toda Europa— alimenta relatos que presentan la UE como una tutela forastera, un enemigo de la soberanía nacional.
Ante este discurso envenenador, no basta con repetir que "somos europeos". Hay que actuar. Una declaración formal del Gobierno, avalada jurídicamente, cerraría la puerta a futuros aventureros políticos que quisieran llevar a España por el camino del Reino Unido, cuya opinión pública, de forma mayoritaria, ahora, consciente del error, reclama regresar a Europa.
¿Y la reforma de los Tratados? Aquí la cosa es incluso más urgente. El Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2023 un ambicioso proyecto de revisión de los Tratados fundacionales de la UE. La propuesta quiere suprimir los vetos nacionales en política exterior, reforzar la capacidad de defensa común, dar más herramientas a la Unión para actuar en energía, industria y transiciones ecológica y digital.
En definitiva: una Europa que no quede paralizada cada vez que el Gobierno de turno decida bloquear la acción colectiva. Una Europa adulta en un mundo que no espera a nadie.
Por todo ello, no se puede quedar todo en buenas intenciones parlamentarias. El Congreso ha hablado. Ahora es el turno del Gobierno de Pedro Sánchez. Debe emitir la declaración solemne de irrevocabilidad sin más dilación y, en el Consejo Europeo, debe convertirse en uno de los principales impulsores de la reforma federal.
España tiene la credibilidad, el peso y la tradición europeísta para liderarlo. Que no nos falte valentía para actuar cuando el momento llega.
