Gonzalo Bernardos opina sobre los decretos-ley del Gobierno sobre vivienda
La política de vivienda: el triunfo de la emoción sobre la razón
"A los propietarios, la seguridad jurídica les importa mucho más que la rentabilidad obtenida por el arrendamiento. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, el Gobierno solo les ha ofrecido más incertidumbre"
a) El plan
En las próximas elecciones generales, algunas encuestas otorgan a Sumar menos de diez escaños, una cifra notablemente inferior a los 31 conseguidos hace tres años.
Ante el desplome de sus expectativas electorales, su dirección decidió iniciar la precampaña en septiembre de 2026, pese a estar convencida de que los próximos comicios no se celebrarían hasta 2027.
El tema central estaba muy claro: el acceso a la vivienda. Es el principal problema del país, según el barómetro del CIS de septiembre, el que impulsó a Ada Colau hasta la alcaldía de Barcelona en mayo de 2015 y, probablemente, el que ofrece mayores posibilidades de recuperar a sus antiguos votantes, decepcionados con las medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia.
Para que la precampaña electoral tuviera éxito, la indignación popular debía trasladarse a las principales plazas y avenidas de las ciudades más pobladas del país. En las primeras, sus simpatizantes debían instalar campamentos permanentes; en las segundas, organizar manifestaciones multitudinarias. En síntesis, la estrategia consistía en conquistar la calle, convertir la movilización social en apoyo electoral y revertir los malos resultados que auguraban las encuestas.
b) La creación de un icono
Para conferir un carácter más social y menos político a sus reivindicaciones, Sumar decidió quedarse en la retaguardia e impulsó al Sindicato de Inquilinas a dar un paso al frente. Para facilitar la consecución de sus objetivos, decidieron crear un icono de la lucha por el derecho a una vivienda digna, al estilo de lo que es Greta Thunberg en relación a la defensa del medio ambiente.
La elegida fue Mari Carmen Abascal, cuyas características para convertirse en un emblema de las reivindicaciones en materia de vivienda difícilmente podían ser más favorables. Tenía 87 años, una salud delicada, residía en el mismo piso desde hacía siete décadas y vivía en el céntrico distrito madrileño de Retiro, una ubicación que facilitaba a los medios de comunicación la cobertura de las movilizaciones organizadas por el Sindicato de Inquilinas en defensa de su causa.
El problema de Mari Carmen comenzó cuando su nuevo casero pretendió multiplicar por más de cinco la renta que pagaba al anterior propietario. Al no poder hacerle frente porque el nuevo importe superaba la cuantía de su pensión de jubilación, un juzgado ordenó su desahucio. El lanzamiento tuvo lugar el 23 de septiembre y sus imágenes, especialmente las de su salida en camilla, fueron difundidas por numerosas cadenas de televisión.
El resultado fue una ola de indignación que se extendió por toda España y alcanzó incluso a muchas personas cuyas ideas políticas están en las antípodas de Sumar. Entre los indignados también me encontraba yo. En primer lugar, porque la Administración fue incapaz de ofrecerle una solución digna a Mari Carmen. En segundo, debido a que el acuerdo finalmente alcanzado entre los representantes de la propiedad y de la inquilina debería haberse logrado varios años antes, pues el conflicto empezó a finales de 2018.
c) Legislación en caliente
Para Sumar, la ola de indignación popular provocada por el desahucio de Mari Carmen constituyó un gran éxito. En primer lugar, porque situó la vivienda en el centro del debate nacional y relegó a un segundo plano el regreso de Ceuta a la normalidad. Indudablemente, un repentino cambio de guion muy favorable para sus intereses. Durante un tiempo, en el teatro de la política, la formación de Yolanda Díaz dejó de desempeñar el papel de extra para asumir el de protagonista.
En segundo lugar, porque le permitía presionar mucho más al PSOE. Para Sumar, después del desahucio de Mari Carmen, ya no cabían las medias tintas. Por tanto, el partido de Pedro Sánchez debía dejar claro si estaba a favor de los rentistas (los caseros) o de los inquilinos. Desde su perspectiva, no existía una tercera vía.
En tercer lugar, porque creía que Junts per Catalunya no resistiría la presión popular, flexibilizaría sus posiciones en materia de vivienda y aceptaría una sustancial parte de las medidas propuestas por el Gobierno.
Además, una derrota parlamentaria del Ejecutivo tampoco convenía a la formación independentista si conducía a un adelanto electoral. Para mejorar sus expectativas en las urnas, confía en el regreso de Carles Puigdemont y en su gira por los municipios más poblados de Cataluña.
No obstante, Sumar era consciente de que el paso de los días diluiría la presión popular sobre los partidos políticos. Por eso, urgió al PSOE a legislar en caliente, sin debate parlamentario previo, y éste aceptó. En concreto, mediante la aprobación de uno o dos decretos-leyes por parte del Consejo de Ministros, cuya convalidación o derogación por el Congreso debía someterse a votación cuanto antes, sin agotar ni aproximarse al plazo máximo de 30 días establecido en la Constitución.
El desahucio de Mari Carmen tuvo lugar el 23 de septiembre. Solo seis después, el Gobierno aprobó dos decretos –leyes sobre vivienda y, el 2 de octubre, el Congreso rechazó su convalidación y, por tanto, quedaron derogados. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a aprobarlos con la intención de someterlos, una vez disueltas las Cortes, a la Diputación Permanente del Congreso, donde uno de ellos tuvo más posibilidades de prosperar que en el Pleno.
En el actual siglo, es difícil encontrar un ejemplo de similar celeridad legislativa, especialmente cuando los temas tratados no eran nuevos ni urgentes y ninguno de los dos decretos-leyes tenía garantizado el respaldo del Congreso.
El Ejecutivo había dispuesto de tres años para negociar dichas medidas con el resto de grupos de la Cámara. Sin embargo, consideró que el caso Mari Carmen le proporcionaba un as en la manga con el que hasta entonces no había contado y había de darse mucha prisa.
d) Conclusiones
En los últimos 15 años, una nueva forma de hacer política ha irrumpido en nuestro país. Está representada por partidos populistas que, cuando están en la oposición, generalmente realizan un buen diagnóstico de lo que sucede, prometen hacer posible lo imposible si acceden al Gobierno y, una vez en el poder, son incapaces de encontrar soluciones adecuadas a los problemas existentes. En ocasiones, incluso los agravan.
Cuando gobiernan, sus votantes suelen sentirse decepcionados, pues los resultados obtenidos están muy por debajo de las expectativas generadas. Si la realidad demuestra que las medidas adoptadas son erróneas, los partidos populistas no rectifican. Por el contrario, insisten en la misma dirección e impulsan nuevas normas similares a las anteriores, pero incluso más controvertidas y perjudiciales para el conjunto de la sociedad.
La gestión no es lo suyo, pero sí la construcción de relatos dirigidos al corazón en lugar de a la razón de los ciudadanos. Su objetivo es disfrazar la realidad y atribuir la responsabilidad de los decepcionantes resultados logrados a terceros, a quienes convierten en falsos culpables. Si forman parte de un Gobierno de coalición, su manera de entender la política puede contagiar a los demás socios, pues resulta más fácil hacer política sentimental que racional.
Las líneas anteriores de este apartado describen la actuación de Sumar en materia de vivienda. Sus medidas no han mejorado el acceso a ella, sino que lo han empeorado. No obstante, una sustancial parte de estas iniciativas ha contado con el respaldo del PSOE, pues, sin él, la formación de Yolanda Díaz no habría podido hacer nada.
Los dos últimos decretos–leyes han conseguido rizar el rizo, ahuyentar a numerosos propietarios y relegar el mercado de alquiler a un papel marginal si el próximo Gobierno no lo remedia.
A los propietarios, la seguridad jurídica les importa mucho más que la rentabilidad obtenida por el arrendamiento. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, el Gobierno solo les ha ofrecido más incertidumbre. Una inseguridad generada por los continuos cambios legislativos y por la búsqueda de dos objetivos políticos: perjudicar a los propietarios de viviendas y señalarles como los principales culpables de la mayor dificultad de acceso a un piso de alquiler, especialmente, entre los jóvenes.
Además de la inestabilidad legislativa, los principales motivos de inseguridad jurídica han sido la lentitud de la respuesta judicial ante la okupación y las dificultades para desahuciar a los inquilinos vulnerables. A los anteriores se añade, si el Real Decreto-ley 28/2026 entra en vigor el 15 de noviembre, el riesgo de que los propietarios no puedan recuperar el uso de sus viviendas durante un período de duración incierta o deban pagar una cuantiosa indemnización para conseguirlo.
Ante esta última posibilidad, la reacción de numerosos propietarios ha sido la esperada: suspender la búsqueda de nuevos inquilinos y mantener sus viviendas vacías a la espera de una regulación más favorable.
Si en la próxima legislatura el Gobierno vuelve a estar integrado por PSOE y Sumar, no sería extraño que una parte significativa de los arrendadores decidiera vender sus pisos, materializara las elevadas plusvalías acumuladas y esperara un momento más propicio para volver a invertir en el mercado de alquiler.
Si así sucediera, los principales perjudicados por la nueva legislación no serían los propietarios de viviendas, sino quienes buscan un piso de alquiler y una parte de los inquilinos actuales. Estos últimos recibirían una indemnización de sus caseros, pero tendrían grandes dificultades para regresar al mercado de arrendamientos, debido al considerable desequilibrio entre demanda y oferta.
Un ejemplo más de cómo quienes, a primera vista, parecen los ganadores pueden acabar convirtiéndose en los principales perdedores, si se analizan detenidamente las consecuencias de las nuevas normas sobre el mercado de la vivienda. El dicho “lo que parece no es” tiene una aplicación general, pero cobra especial sentido en el ámbito de la política.
