Ya estamos cerca de las próximas midterm elections —las elecciones de mitad de mandato—, que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026.

Se llaman así porque tienen lugar justo a mitad del mandato presidencial de cuatro años. No se elige presidente, pero sí una parte muy importante del poder político federal, estatal y local.

Y este año tienen una importancia especial para el presidente Donald Trump.

Trump seguirá siendo presidente independientemente del resultado de noviembre. Pero si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes, los dos últimos años de su mandato podrían ser políticamente muy distintos de los dos primeros.

La razón es sencilla: el presidente americano tiene mucho poder, pero no tiene la chequera.

La Constitución concede al Congreso el llamado power of the purse, el poder de aprobar el gasto público. Trump puede dirigir la política exterior y, como comandante en jefe, tiene amplias facultades sobre las Fuerzas Armadas, pero para financiar durante largos períodos operaciones militares, aumentar sustancialmente los presupuestos de Defensa o aprobar nuevos paquetes de gasto necesita al Congreso.

Y no estamos hablando precisamente de cantidades pequeñas.

La Administración Trump ha llevado el gasto de defensa hasta niveles superiores al billón de dólares y para 2027 ha planteado recursos totales de aproximadamente 1,5 billones de dólares para defensa.

Al mismo tiempo, Estados Unidos afronta el elevado coste de la guerra con Irán, la necesidad de reponer municiones y armamento consumidos y las decisiones sobre el suministro de material militar relacionado con la guerra de Ucrania.

Si la Cámara cambiara de manos, una nueva mayoría podría intentar reducir, condicionar o bloquear parte de esos fondos.

También podría abrir investigaciones, convocar funcionarios de la Administración, exigir documentos y utilizar los comités del Congreso para someter a la Casa Blanca a un escrutinio mucho más agresivo.

No significaría que Trump dejara de dirigir la política exterior o que una guerra terminara automáticamente al día siguiente. La separación de poderes americana es bastante más complicada que eso. Pero sí significaría que para determinadas decisiones Trump tendría que negociar con una Cámara controlada por sus adversarios políticos.

Es precisamente aquí donde se entiende de verdad la importancia de las midterms: no cambian al presidente, pero pueden cambiar considerablemente lo que el presidente puede hacer.

Lo fundamental para entenderlas es recordar que Estados Unidos no elige «un gobierno» de una sola vez, como tendemos a imaginar desde Europa.

El poder está deliberadamente fragmentado. Y no por accidente: los Padres Fundadores desconfiaban bastante de concentrarlo demasiado en unas mismas manos. Visto desde nuestra perspectiva, podríamos decir que diseñaron el sistema partiendo de la saludable sospecha de que ningún político debería estar demasiado cómodo.

En la Cámara de Representantes se renuevan los 435 escaños. Cada representante tiene un mandato de solo dos años, precisamente para que la Cámara sea especialmente sensible a los cambios de opinión de los ciudadanos.

En el Senado hay 100 senadores, dos por cada estado, con mandatos de seis años. Aproximadamente un tercio del Senado se renueva cada dos años.

Hay una lógica constitucional interesante detrás de estos distintos calendarios.

Los fundadores diseñaron instituciones que funcionan a diferentes velocidades democráticas: la Cámara, dos años; la Presidencia, cuatro; el Senado, seis. La Cámara debía estar muy vinculada al estado de ánimo inmediato de los ciudadanos; el Senado debía aportar mayor continuidad y estabilidad.

Por eso, simplificando, el calendario electoral federal funciona así:

2024 → Presidente + Cámara completa + aproximadamente 1/3 del Senado

2026 → Midterms: Cámara completa + aproximadamente 1/3 del Senado

2028 → Presidente + Cámara completa + aproximadamente 1/3 del Senado

2030 → Midterms, y vuelta a empezar.

Las midterms pueden cambiar completamente la relación de fuerzas en Washington. Un presidente puede comenzar su mandato con su partido controlando la Cámara y el Senado y, dos años después, encontrarse con una o ambas cámaras controladas por el partido contrario.

Eso puede dificultar la aprobación de leyes y presupuestos y, en el caso del Senado, afectar a la confirmación de muchos nombramientos presidenciales.

Además, controlar una cámara significa controlar comités, investigaciones y buena parte de la agenda legislativa.

El sistema americano tiene cierta afición institucional por obligar a los distintos poderes a molestarse mutuamente. Lo llaman checks and balances. Nosotros probablemente montaríamos una comisión para estudiar por qué no se ponen de acuerdo.

Y aquí aparece una diferencia fundamental respecto a España: perder las midterms no hace caer al presidente. El presidente continúa en la Casa Blanca hasta finalizar su mandato.

No existe el equivalente a perder una mayoría parlamentaria y tener que formar un nuevo gobierno. Ejecutivo y Legislativo tienen legitimidades electorales independientes.

Para explicárselo rápidamente a un europeo, quizá la definición más sencilla sea:

«A mitad del mandato presidencial, los americanos pueden cambiar quién controla el Congreso sin cambiar al presidente».

Creo que esa frase resume bastante bien la lógica del sistema.

Mi 'ballot' en Miami-Dade

En mi caso votaré en el condado de Miami-Dade, Florida.

Y aquí empieza otra de las peculiaridades del sistema electoral americano.

Antes de las elecciones uno puede consultar su sample ballot, una reproducción de la papeleta que le corresponderá según su domicilio electoral.

De hecho, el propio departamento electoral de Miami-Dade recomienda estudiarla previamente y llevar las decisiones preparadas al centro de votación.

No es mal consejo: enfrentarse por primera vez a semejante menú dentro de la cabina electoral requiere más tiempo del que probablemente agradecerán los que esperan detrás.

La palabra ballot tiene además una historia curiosa.

Procede del italiano pallotte, diminutivo de palla, «bola».

En las antiguas votaciones secretas se utilizaban pequeñas bolas para expresar el voto; las primeras referencias del término se encuentran en Venecia.

El inglés adoptó ballot ya en el siglo XVI y, con el tiempo, la palabra pasó de designar aquella pequeña bola a denominar la propia papeleta de votación.

Así que varios siglos después seguimos llamando «bolita» a una hoja de papel bastante larga.

Y larga es una descripción bastante apropiada.

Mi ballot de estas elecciones reúne una treintena de decisiones entre candidatos, cargos judiciales, enmiendas y referéndums.

Porque mientras desde Europa miramos las midterms pensando exclusivamente en quién controlará Washington, el americano aprovecha el mismo viaje a las urnas para decidir una cantidad considerable de asuntos estatales y locales.

En Florida, por ejemplo, el 3 de noviembre de 2026 se votará para el Senado de Estados Unidos y para los representantes al Congreso correspondientes a cada distrito, pero también para gobernador y vicegobernador, fiscal general, Chief Financial Officer y comisionado de Agricultura.

Dependiendo del domicilio, aparecen además senadores y representantes de la legislatura estatal y diferentes cargos locales y judiciales.

Y después llegan las enmiendas y los referéndums.

En 2026 los floridanos votaremos, entre otras, tres propuestas de reforma de la Constitución estatal.

La primera plantea aumentar el límite del Budget Stabilization Fund, una especie de fondo de reserva del estado, desde el 10% hasta el 25% de los ingresos generales y establecer nuevas reglas para alimentarlo y utilizarlo.

La segunda propone eximir de determinados impuestos sobre la propiedad personal tangible ciertos bienes utilizados en terrenos agrícolas, producción agrícola o actividades de agroturismo.

Y la tercera toca algo que inevitablemente despierta la atención del contribuyente americano: los impuestos sobre la propiedad.

La propuesta incrementaría considerablemente la homestead exemption, la parte del valor de la residencia habitual que queda exenta a efectos de determinados impuestos locales, y reduciría también el límite anual de aumento de valoración para algunas propiedades que no son residencia principal.

Hay, sin embargo, un detalle importante: ese aumento de la exención no se aplicaría a los impuestos destinados a las escuelas. Es decir, la papeleta obliga a leer la letra pequeña antes de sacar conclusiones, una costumbre bastante saludable cuando se vota sobre impuestos.

Pero en Miami-Dade tenemos, además, otro referéndum directamente relacionado con la educación.

Los votantes tendremos que decidir si se mantiene durante cuatro años un impuesto adicional sobre la propiedad de 1 mill—un dólar por cada 1.000 dólares de valor imponible— destinado a complementar la remuneración de profesores y personal docente y a mejorar la seguridad de las escuelas públicas, incluidas las charter schools.

Y aquí aparece una diferencia interesante respecto a nuestra cultura política.

El ciudadano no solamente vota quién administrará sus impuestos. En determinadas cuestiones también se le pregunta directamente:

«¿Está usted dispuesto a seguir pagando este impuesto para financiar concretamente esto?»

Ese vínculo entre impuesto, servicio y voto me parece uno de los aspectos más interesantes del sistema local americano.

Después vienen las cuestiones del condado, del municipio o del distrito concreto en el que uno vive: modificaciones de estatutos locales, financiación de servicios, proyectos públicos, policía, bomberos, escuelas, infraestructuras o autorizaciones para determinados usos de bienes públicos.

Y naturalmente no todos los habitantes de Miami-Dade reciben exactamente la misma papeleta. El contenido depende de la ciudad, distrito legislativo, distrito escolar y otras jurisdicciones en las que vive cada elector.

Por eso existe precisamente un sample ballot personalizado.

El resultado es que votar en unas elecciones americanas puede parecer menos el acto de introducir una papeleta en una urna y más un pequeño examen de administración pública.

En España uno llega muchas veces al colegio electoral con la decisión esencial tomada: escoger una lista, meterla en un sobre y asunto terminado.

Aquí, si uno quiere ejercer de ciudadano mínimamente responsable, debería empezar varias semanas antes: averiguar quiénes son los candidatos a juez, qué hace exactamente el Chief Financial Officer, qué significa una modificación de la Constitución de Florida, cómo funciona un mill de property tax y qué demonios pretende realmente la pregunta número veintitantos.

No es precisamente un sistema diseñado para el votante que decide mientras aparca el coche.

Y eso ayuda también a explicar por qué las elecciones de mitad de mandato suelen despertar menos pasión que unas presidenciales. No tienen la espectacularidad de elegir al ocupante de la Casa Blanca, pero desde el punto de vista práctico pueden ser incluso más complejas.

Porque las midterms recuerdan una característica esencial de Estados Unidos que desde Europa a veces cuesta entender: la democracia americana no consiste solamente en elegir quién gobierna.

Consiste también en repartir el poder y obligar al ciudadano a decidir, una y otra vez, quién puede hacer qué y con qué dinero.

A veces quizá demasiadas veces. Pero esa era precisamente la idea.