Jordi Mercader opina sobre la posible vuelta de Carles Puigdemont Crónica Global
Puigdemont, la apuesta desesperada
"La 'operación Puigdemont' sería una apuesta a la desesperada por el mal menor, siendo el mal mayor la reproducción de un nuevo proceso secesionista liderado por el radicalismo de Aliança Catalana"
El retorno del expresidente Carles Puigdemont ha sido durante años el elefante en la habitación. Primero se retrasó por su miedo a ser encarcelado y, últimamente, se ha demorado injustificadamente por la obstinación del Tribunal Supremo en denegarle una amnistía pensada por el Gobierno de Pedro Sánchez especialmente para él. Y, de repente, a todo el mundo, incluso a la justicia española, tan negligente hasta ahora, le han entrado unas prisas sorprendentes para cumplir con la ley del perdón aprobada hace más de dos años.
Puigdemont habrá soñado más de una vez en volver a Cataluña como lo hizo Josep Tarradellas el 23 de octubre de hace 50 años. Por todo lo alto, en coche descapotable y discurso en el balcón del Palau de la Generalitat para soltar alguna frase para la historia.
La política es caprichosa y los intereses de los gobiernos y de los estados se modulan al ritmo que imponen las coyunturas incontrolables y los informes estratégicos. No sería de extrañar, pues, que en algunos despachos de Madrid se hayan planteado como hipótesis de trabajo la repetición de la “operación Tarradellas”.
No debería asombrarnos. Aquella arriesgada maniobra preconstitucional tuvo un efecto paliativo muy positivo en la política catalana. El final de la operación no fue exactamente el que había planeado Martín Villa, pero tuvo su mérito. La negativa del presidente de la Generalitat a presentarse a las primeras elecciones autonómicas, de no ser como candidato de unidad, impidió redondear la jugada. Así tomó el poder el pujolismo.
Tarradellas y Puigdemont son incomparables.
Tarradellas libró una guerra contra el fascismo y fue perseguido por el franquismo, fue elegido presidente de la Generalitat en el exilio y mantuvo dignamente el cargo durante toda la dictadura, a pesar de las muchas penurias políticas y económicas que soportó en su destartalada residencia de Clos de Mosny.
Puigdemont desafió al Estado español, miembro de la Unión Europea, con total desconocimiento de la fuerza del Estado de derecho, sin mayor preparación y apoyos que los proporcionados por un espejismo alimentado desde la Generalitat. Tras el fracaso, se instaló en una casita de Ikea en Waterloo y pudo gozar por un tiempo de la inmunidad como eurodiputado.
Sin embargo, los dos personajes tienen algo en común. Sus regresos se corresponden con los intereses del Estado y sus gobiernos, aunque nuestro relato nacional haya magnificado dichos episodios como resultados de la movilización popular.
Manifestaciones reclamando el retorno de Tarradellas las hubo, masivas y espléndidas, pero la “operación Tarradellas” estaba en los cajones de la presidencia del Gobierno mucho antes de la efervescencia popular, desde cuando su figura había sido olvidada por la gran mayoría de los catalanes y sus partidos.
La exigencia del retorno de Puigdemont (y la liberación de los dirigentes encarcelados) tiñó de amarillo las calles del país durante meses y fue puesta en la mesa en diversos pactos de los partidos independentistas con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, su regreso se ralentizó hasta la exasperación por diferentes motivos, incluso habiendo sido aprobada por el Congreso. Hasta que la impaciencia se ha adueñado del foro madrileño y se supone que también de la corte.
El motivo de tanta inquietud se llama Aliança Catalana. Casi resulta una paradoja que los diferentes poderes del Estado coincidan en alimentar la inminencia del retorno de Puigdemont precisamente cuando las dudas en Junts sobre el papel de su presidente fundacional son más que evidentes y cuando su hundimiento electoral en todos los frentes se considera una profecía por todos los sondeos.
La “operación Puigdemont” no es una paradoja, sería una apuesta a la desesperada por el mal menor, siendo el mal mayor, naturalmente, la reproducción de un nuevo proceso secesionista liderado por el radicalismo de Aliança Catalana. De alcanzar el éxito electoral de Sílvia Orriols la magnitud anunciada, el contagio del radicalismo soberanista en las filas de Junts y de ERC podría tener consecuencias catastróficas.
La coyuntura cambia y se agrava.
Por un lado, aunque los peligros para la carrera política de Pedro Sánchez responden a un espectro amplio y complejo de muy difícil gestión, tal vez, la contrariedad evidente de media España por la amnistía a los dirigentes independentistas se suavice tras el respaldo del Tribunal Constitucional y el cumplimiento de la ley por parte del Tribunal Supremo.
Por otro, resulta que al Estado y a todos los partidos catalanes, sin excepción, les interesa frenar el auge desmesurado y vertiginoso del extremismo derechista e independentista. Tanto por la defensa de la convivencia social y política como en términos electorales.
Finalmente, el hecho de que la política del cordón sanitario como fórmula para neutralizar la ultraderecha se está demostrando un fracaso indiscutible, podría haber convencido incluso a los más prudentes de los estrategas de que ha llegado la hora de volver a arriesgar.
La única opción a mano podría ser la de intentar reflotar a Junts, un partido que es un auténtico erial en cuanto a figuras políticas de una mínima consistencia. En la urgencia, y valorando este panorama deprimente, no habrán tardado mucho los sabios de la materia en concluir que la única baza es confiar la misión a Puigdemont. A pesar de que el expresidente de la Generalitat no sea santo de la devoción de ninguno de ellos, ni siquiera para muchos independentistas, según trasciende.
La eventualidad de que Junts mantenga una presencia soportable en el Parlament y en los ayuntamientos gracias a un favor del sistema resultaría un escenario aceptable, siempre que ayude a frenar el ascenso de Orriols. En todo caso, c’est pas grave!, como exclaman los franceses cuando fallan una bola jugando a la petanca.
La cuestión ante esta hipótesis es saber en qué estado emocional y político retornará Puigdemont. Cuando Tarradellas aceptó las condiciones del Gobierno de Adolfo Suárez para restablecer la Generalitat a partir de la presidencia de la Diputación de Barcelona y configuró un gobierno unitario, dio una lección de realismo político por la que es homenajeado.
Habrá que confiar en que Puigdemont haya reflexionado sobre la fuerza de la realidad en las largas y frías noches de Waterloo.
