Los gobiernos no aciertan siempre en sus decisiones, aunque sean catalanes. Es una obviedad, claro. Aceptando esta posibilidad tan humana, también habrá que convenir que hay errores más groseros que otros. El que cometió Andreu Mas-Colell siendo conseller de Economía en el primer gobierno de Artur Mas fue de campeonato. El sabio que había dado lecciones en Harvard y Berkeley cayó en la trampa del pan para hoy y el hambre para mañana, en su versión inmobiliaria.

Artur Mas, que fue investido gracias a la abstención del PSC, hizo creer al país que había confeccionado el gobierno de los mejores, siendo Mas-Colell, sin duda, el mejor de los mejores. Una vez tuvo aprobados los presupuestos con los votos del PP, aquel gobierno quiso dictar su lección al mundo de cómo recortar el Estado de bienestar para salir de la atroz crisis económica mundial.

Los recortes de aquella época fueron duros y generalizados. Desaparecieron miles de millones de los presupuestos entre los destinados a gasto social, sanidad, educación, función pública e inversiones. Algunos de aquellos recortes seguían vigentes en 2020, cuando la jugada magistral del conseller de Economía para ganar liquidez ya reportaba pérdidas.

Mas-Colell buscó un dinero arriesgado. Vendió 38 edificios públicos ocupados por los servicios administrativos y se los alquiló de inmediato a los nuevos propietarios, obteniendo 596 millones de ingresos, pero adquiriendo compromisos ruinosos de futuro.

Muchas voces salieron a criticar aquella medida. Fueron desoídas por Mas-Colell, quien calificó su iniciativa como “una operación sensata”, completando su argumento con una afirmación patriótica: “El único patrimonio sagrado es el cultural, todo lo demás es operativo”.

La Sindicatura de Comptes alertó ya en 2014 que las 18 primeras ventas habían acumulado unas pérdidas de 38,58 millones respecto del valor de mercado. Este año, más de una década después, aquellos alquileres ascienden a 62 millones de euros. Hagan cuentas.

Las pérdidas resultaban tan onerosas e indefendibles que incluso el gobierno en solitario de Pere Aragonès, que no fue precisamente un dechado de gestión, comenzó a revertir el desaguisado de aquel plan.

Alícia Romero, la actual consellera de Economía, ha convertido en doctrina oficial la recuperación de la sensatez patrimonial. Se rescindirán contratos de alquiler y se volverá a comprar patrimonio para asegurar dependencias apropiadas y en propiedad para la administración catalana.

No lo ha dicho tal cual, pero se supone que esta política de expansión patrimonial quedará supeditada en buena parte a la nueva financiación autonómica. Hace meses que todo parece depender de este bendito hilo financiero, en manos de las tijeras empuñadas por Junts.

El gobierno de los mejores pasó con más pena que gloria, aunque comparado con lo que vino después, podría parecer un gobierno de la excelencia. ¿Cómo le pudo pasar por alto a Mas-Colell y a todos sus compañeros de gobierno que su operación sensata sería un fracaso de escándalo en menos de diez años?

Aun reconociendo que la situación económica y la crisis financiera institucional era de una gravedad extrema en aquellos años, cuesta entender que no se dieran cuenta del sinsentido de convertirse en inquilinos de sus propios edificios por menos de 600 millones de euros. ¿Quizás pensaron que la crisis económica sería eterna? ¿Cómo pudieron ignorar que aquellos contratos deberían ser renovados mediante concurso público en una situación de rentas mucho más altas?

Tal vez, simplemente, tiraron la pelota para adelante sin pensar en el mañana. Así que pan de resistencia para Artur Mas y hambre de futuro para Salvador Illa.

Los errores de los gobernantes no reportan responsabilidades, más allá de las políticas, salvo que se asocien con actos de corrupción. No parece ser este el caso. Esta impunidad explica los famosos puentes sin un río que superar, las instalaciones públicas cerradas por problemas de mantenimiento, las autovías sin un mínimo de ocupación, los aeropuertos absurdos, los errores de cálculo en política económica y un etcétera inacabable que dejaría en poco el Celtiberia Show.

Por otra parte, la batalla política, mejor dicho, el rifirrafe de los políticos para alcanzar notoriedad dificulta enormemente la identificación de los auténticos errores de gestión al confundirlos, intencionadamente, con la crítica a las decisiones que no se comparten por motivos ideológicos o de oportunidad.