Estos días hemos estado analizando cómo funcionan el taxi y los servicios contratados mediante aplicaciones en otros países europeos. Hay dos ejemplos muy interesantes: Austria e Irlanda.

Lo primero que debemos explicar es que lo que proponemos para Cataluña no es ningún invento ni ningún salto al vacío. Otros países europeos ya han obligado a Uber, Bolt y al resto de plataformas a trabajar dentro de un sistema profesional regulado.

En Austria se tomó una decisión muy clara: unificar el taxi y los antiguos vehículos de alquiler con conductor dentro de una misma actividad. Es decir, las plataformas pueden seguir existiendo, pero ya no pueden utilizar una categoría paralela con menos obligaciones para competir contra el taxi. Todos deben cumplir unas condiciones profesionales similares, y las administraciones pueden establecer límites sobre los precios de los servicios contratados por aplicación.

Este modelo se parece mucho al Bescanvi que proponemos. Las VTC que voluntariamente se acojan al canje renunciarían a su autorización anterior y pasarían a trabajar dentro de una categoría catalana regulada. No conservarían los dos derechos ni podrían volver después a reclamar el anterior.

Irlanda funciona de una manera algo diferente y, mirando la propuesta completa, posiblemente se parece todavía más al modelo que queremos construir en Cataluña. En Irlanda no existen solamente taxis. Todos los vehículos profesionales forman parte de un sistema común denominado SPSV, pero dentro de él hay distintas categorías.

El taxi puede recoger pasajeros en la calle, trabajar en las paradas y recibir servicios mediante aplicaciones. El hackney, en cambio, solo puede trabajar con reserva previa. No puede captar pasajeros en la calle ni utilizar las paradas de taxi. Además, tiene que poder demostrar que el servicio había sido contratado. También existen categorías específicas para servicios rurales, vehículos accesibles y limusinas.

Por tanto, Irlanda mantiene diferentes tipos de servicio, pero todos están dentro de un mismo sistema público y profesional. Los conductores tienen que superar un examen, obtener una licencia profesional y pasar los controles correspondientes. Los vehículos también deben estar autorizados.

Y hay algo todavía más importante: Uber, Bolt o cualquier otra aplicación no pueden trabajar con cualquiera que tenga un coche particular. Las plataformas necesitan autorización como operadores de reservas y solo pueden intermediar servicios prestados por conductores y vehículos profesionales.

Eso se parece bastante a lo que proponemos con el taxi y la nueva categoría de alta disposición. El taxi seguiría teniendo la exclusividad de la calle, las paradas y la inmediatez. La alta disposición únicamente podría trabajar con reserva previa, sin captar pasajeros en la calle, con unas condiciones mucho más exigentes y siempre bajo control público.

Nuestra propuesta, además, va más lejos que el modelo irlandés: plantea precontratación de dos horas, vehículos de unas características determinadas, servicios con una duración mínima, tarifa pública, prohibición de precios dinámicos y un sistema de caja negra que permita controlar cada servicio. La caja negra serviría para saber qué plataforma ha adjudicado el viaje, cuándo se contrató, cuándo empezó, cuándo terminó y si realmente se han cumplido las condiciones legales.

Por eso nuestra propuesta recoge lo mejor de los dos modelos. De Austria tomamos la integración de las VTC y la igualdad de obligaciones. De Irlanda tomamos la posibilidad de ordenar diferentes categorías profesionales dentro de un mismo sistema regulado, reservando la calle y las paradas exclusivamente para el taxi. Y en Cataluña añadimos controles todavía más fuertes para impedir que las plataformas vuelvan a utilizar una categoría como si fuera un taxi barato y desregulado.

El Bescanvi no significa regalar licencias de taxi a las VTC. Significa obligarlas a renunciar a su autorización anterior, cerrar sus procedimientos judiciales y someterlas a las condiciones que establezca la ley catalana.

Tampoco significa convertir todas las VTC en taxis. El canje sería voluntario, limitado y pensado para priorizar a los autónomos frente a las grandes flotas. Una parte se integraría como taxi temporal y otra dentro de la nueva categoría de alta disposición. Las que no se acogieran continuarían siendo VTC interurbanas y quedarían controladas mediante la caja negra. La diferencia es muy importante.

Ahora tenemos miles de autorizaciones judicializadas que podrían acabar consiguiendo derechos urbanos. Con nuestra propuesta, una parte de ese problema se ordena, se integra y renuncia expresamente a seguir reclamando esos derechos. Mientras algunos intentan resumirlo todo diciendo que “se van a regalar licencias”, nosotros estamos trabajando para cerrar el problema de raíz.

No estamos copiando exactamente a Austria ni a Irlanda. Estamos utilizando precedentes europeos que ya existen para construir un modelo propio, adaptado a Cataluña y mucho más controlado. Un modelo donde el taxi continúe siendo el servicio principal. Un modelo donde las plataformas estén sometidas a la ley y no al revés. Un modelo donde ninguna categoría pueda utilizarse para hacer de taxi encubierto, bajar los precios y destruir la facturación de los autónomos. Y un modelo que permita proteger nuestras licencias, nuestra facturación y el futuro de miles de familias. Eso es lo que estamos defendiendo.

Podremos debatir los detalles y mejorar todo lo que sea necesario, pero antes de rechazar una propuesta debemos conocerla de verdad. Porque aquí no se trata de defender unas siglas. Se trata de decidir qué modelo de taxi queremos dejar para el futuro.