La entrevista que publicó Metrópoli Abierta hace unos días al presidente de la Asociación de Vivienda de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera, fue una especie de escaparate didáctico sobre los problemas reales que sufre la vivienda en Cataluña -parecidos a los del conjunto de España-, que ahoga a los propietarios y no aporta soluciones a los ciudadanos que desean acceder al mercado inmobiliario. Llagostera tildaba las soluciones planteadas hasta ahora por las instituciones de comunistas y no le falta razón.

Existe, tras la deriva de los años de gobierno municipal de ultraizquierda y del buenismo en la Generalitat, una retahíla de problemas que desquician a todo el mundo. A quienes poseen pisos sin alquilar y a los aspirantes para conseguir una vivienda.

Lograr un contrato para alquilar un espacio donde vivir es cada vez más complicado. El tope de los alquileres ha provocado que una mayoría de propietarios se replantee la opción de alquilar bajo esas condiciones y ha constreñido más el mercado. En la actualidad, no es que sea caro alquilar, es que es casi imposible. Mientras las autoridades lamentan el drama de la vivienda señalan que cada vez se esmerarán más en la construcción de pisos sociales. Una parte de la solución, más rápida y eficiente, la tienen delante de sus narices y no reaccionan.

Llagostera indicaba en la entrevista publicada que los propietarios claman por una mayor seguridad jurídica. Es así. Hasta me atrevería a señalar que en un mercado de pocos recursos estarían dispuestos a sacrificar algo de las rentas a percibir por tener plenas garantías jurídicas que alejaran de sus preocupaciones a las palabras impagos y okupas.

Cataluña, como saben, tiene el “honor” de liderar el volumen de okupaciones ilegales de viviendas de toda España y de contar con una elevada nómina de inquilinos que optan por el método “dejo de pagar y de aquí no me saca nadie”.

Ese es el gran elemento que, de revertirse, lograría convencer a muchos propietarios para poner su piso en el mercado del alquiler. En el alquiler convencional, no en el tramposo sistema temporal que se ha visto alterado en su propósito inicial para eludir el precio tope de los alquileres.

Además, le haría olvidar a esos propietarios la posibilidad de pensar en un alquiler turístico ilegal, sin licencia, castigado con cierta dureza cuando la administración lo detecta.

Hay que fomentar el alquiler de larga duración, pero para ello hay que darle tranquilidad a esas personas que tienen entre uno y cinco pisos y para los que esas rentas son un modus vivendi, justa contraprestación tras haber invertido durante años en la compra de esos inmuebles.

No se trata de grandes tenedores industriales (a los que tampoco hay que castigar legalmente), se trata de personas que tienen la llave para colocar de repente en el mercado un porcentaje elevado de viviendas con lo que la oferta subiría y el precio, según leyes del mercado, se adecuaría.

No hay nada más excluyente para quienes tienen dificultades que un mercado inexistente, porque eso entonces se convierte en la ley de la selva.