La prórroga de Almaraz hasta 2030 ha sido una de las pocas noticias positivas de un verano climáticamente insoportable y políticamente indignante, marcado por la crisis de Ceuta, que ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas. En energía, al menos, ha prevalecido el sentido común: mantener abierta una central nuclear que todavía resulta necesaria.

En Cataluña, sin embargo, la noticia apenas ha agitado debate. Y eso resulta extraño. Si Almaraz puede seguir funcionando hasta 2030, ¿por qué Cataluña, que depende mayoritariamente de la nuclear, mantiene intacto el calendario previsto para Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs (2035)?

El cierre del parque nuclear español no lo decide la Generalitat. Es fruto del acuerdo alcanzado en 2019 entre el Gobierno y las compañías eléctricas. Las autorizaciones corresponden al Estado y el Consejo de Seguridad Nuclear tiene la última palabra en materia de seguridad. Pero el Govern sí puede hacer algo: presionar para que se revise el calendario o, por el contrario, darlo por bueno y no mover ficha.

Y aquí aparece la contradicción de Illa. El presidente de la Generalitat ha hecho del pragmatismo una seña de identidad. Hace dos semanas, en Alcarràs, defendió el despliegue de las renovables y advirtió: "Cataluña no se puede permitir parar". Tiene razón. Precisamente por eso resulta difícil entender que su Govern se limite a asumir el calendario nuclear como si fuera una ley de la naturaleza.

Ya nos hicimos trampas con los peajes, y antes con la escuela catalana, presentada durante años como un "model d'èxit" mientras los resultados educativos aconsejaban menos autobombo y bastante más autocrítica. No son problemas comparables, pero sí revelan un mismo mecanismo: la resistencia a revisar un discurso frente a la realidad.

Con la nuclear está a punto de ocurrir lo mismo. Es cierto que el Govern está haciendo un esfuerzo considerable por acelerar las renovables. El PLATER ordena su despliegue y la planificación energética de la Generalitat plantea un crecimiento enorme de la generación limpia. El problema no es tener un plan. Es si llegará a tiempo, enfrentándose además a oposición en el territorio con miles de alegaciones que impugna el desarrollo de la eólica y solar.

Porque las cifras actuales son elocuentes. En 2025, la nuclear cubrió el 50,5% de la demanda eléctrica catalana, mientras las renovables apenas llegaron al 15,3%. Y Cataluña produjo unos 38.300 GWh, frente a una demanda de 45.250 GWh. O sea, aún con nucleares en marcha necesita importar electricidad para cubrir la diferencia.

Una cosa debería quedar clara: cerrar una central no hace desaparecer la demanda eléctrica que cubre. Si las renovables y el almacenamiento no llegan a tiempo, habrá que cubrir ese déficit con más importaciones y, peor aún, quemando más gas. Y ahí aparece la gran contradicción: cerrar nuclear en nombre de la transición energética para acabar dependiendo más de una fuente fósil que emite CO₂ y es más cara. Todo ello, mientras proclamamos la urgencia de combatir el cambio climático.

Por eso la cuestión no es que Illa pueda decidir unilateralmente sobre Ascó y Vandellòs. No puede. La cuestión es si, ante una realidad que cambia, considera que Cataluña debe limitarse a cumplir el guion de 2019 o debe defender una revisión del calendario. La prórroga de Almaraz demuestra que esos calendarios pueden revisarse. Y si pueden revisarse allí, también debería poder discutirse aquí.

Illa dice que Cataluña no puede permitirse parar. Precisamente por eso debería ser el primero en plantear que tampoco puede permitirse cerrar las centrales que hoy garantizan buena parte de su electricidad. La buena política energética no consiste en cumplir una fecha. Consiste en llegar al objetivo. Almaraz ha abierto una puerta. El Govern ha preferido no empujarla. Otra vez, trampas al solitario.