De vez en cuando, la propiedad de una empresa periodística privada pierde la paciencia con un articulista que compromete demasiado a menudo su línea editorial. Entonces, lo despide. Esto es lo que acaba de suceder en La Vanguardia. El conde de Godó ha dejado que el director de su diario le comunicara al notario Juan José López Burniol que su larga etapa como colaborador de la cabecera había acabado.

La chispa final fue un artículo titulado “La revancha”, en el que el autor atribuía al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, todas las maldades que le imputan las derechas en general y con más ahínco todos aquellos que le denominan despectivamente Perro Sánchez.

La tesis de López Burniol es descabellada, incluso para un defensor a ultranza de la sacrosanta e inquebrantable Transición como él. Sánchez no ha dado ninguna señal de que pretenda darle la vuelta a España como si fuera un calcetín corroído por el paso de los siglos, a menos que alguien pueda creer que amnistiar a un batallón de fracasados comandados por Puigdemont, Junqueras y compañía supone un peligro para el Estado español.

Sánchez es un líder de alta determinación personal, sin embargo, su fuerza parlamentaria es muy limitada e inestable, y la heterogeneidad de sus socios le incapacita para abordar los grandes cambios en los que, según López Burniol, estaría trabajando para acabar con la Constitución, la monarquía e incluso con la convivencia entre españoles, amén de conceder la libertad a los pueblos de España.

López Burniol, naturalmente, está en su derecho de pensar y escribir lo que crea más conveniente. Así lo hizo durante la etapa de redacción y negociación del Estatut de 2006 y durante el procés independentista. Siempre alineado con los defensores de la Constitución y la unidad de la nación española, pero exhibiendo un equilibrio inteligente entre los diferentes partidos de gobierno. En más de una ocasión, estos gobiernos le habrán consultado y en otras tantas su nombre se habrá barajado para ministro.

En su dilatada carrera como articulista, López Burniol nunca sorprendió a nadie. Hasta que lo hizo.

La polémica en estos casos se repite. ¿Puede una empresa periodística privada despedir a un colaborador en su ejercicio de la libertad de expresión?

Puede.

No es la primera vez que sucede ni será la última. La prescriptora independentista por excelencia, Pilar Rahola, sin ir más lejos, fue despedida de La Vanguardia después de sermonear durante años a la audiencia de todos los medios del Grupo Godó sobre las bondades del soberanismo y la agudeza de sus dirigentes. Lo hizo con total libertad y gozando de una tribuna de intensidad privilegiada, hasta que su voz y su letra llegó a descompensar los intereses de la propiedad.

Los diarios y sus respectivos grupos de comunicación mantienen un equilibrio muy pensado en el ámbito de la opinión. Salvo, claro, los que han nacido para defender abierta y únicamente una causa de partido. Pero este no es el caso que nos ocupa.

Las relaciones de los grupos periodísticos con el poder central, autonómico y local son complejas, sibilinas y delicadas. Por ambas partes, lógicamente. Los intereses de los propietarios de estos grupos de comunicación suelen ir mucho más allá de obtener jugosos contratos publicitarios. Y las urgencias de los gobiernos, ya se sabe, son inagotables.

En todo caso, nada que no se sepa, se intuya o sea original de este país.

En este contexto, no hay lugar para el fariseísmo y el rasgar de vestiduras en nombre de la libertad de expresión. Los medios de comunicación de propiedad privada, analógicos o digitales, neutrales, equilibrados, militantes o sectarios tienen todo el derecho a contratar a sus colaboradores y rescindir sus contratos a conveniencia cuando dejan de gustarles sus discursos en prosa o en verso.

Lo que no pueden pretender estas empresas es que sus colaboradores escriban o hablen en contra de sus convicciones personales. Mercenarios de la ideología y del periodismo siempre los habrá, aunque la mayoría de los colaboradores profesionales, ante la disyuntiva de una sugerencia insoportable o una censura intolerable por parte de la dirección, suelen inclinarse por su derecho de ir a ejercer su libertad de opinión en otra plataforma.

A estas horas, el propietario de La Vanguardia duerme mejor. El notario López Burniol habrá recibido más de una propuesta para publicar largos artículos apocalípticos en los que advertir de los peligros de Perro Sánchez. El sistema funciona así. Lo que sorprende es que ante estos casos, profesionales que han vivido larga y cómodamente de esto pretendan interpretar al profeta Jeremías.