La creación de falsas expectativas desde los gobiernos es uno de los muchos factores que ayudan a entender la pérdida de credibilidad de la política y el aumento de las perniciosas amenazas de este declive. Todo el mundo lamenta esta desgracia, incluidos los especialistas en practicar la insensatez de pretender vender al ciudadano lo que no puede ser.

El fiasco de la proposición de ley de limitación de compras especulativas de viviendas impuesta a bombo y platillo por los Comunes al Gobierno del PSC para aprobar los Presupuestos ha pasado muy desapercibido, con tanto incendio, olas de calor, eclipse y crisis en Ceuta. Pero ahí queda, como recordatorio de la temeridad de unos políticos ansiosos de un minuto de gloria.

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ha dejado escrito que pretender limitar el número de viviendas de un propietario o decidir el destino de las viviendas es una barbaridad jurídica que vulnera el Estatut y la Constitución, además de atacar diferentes derechos individuales y la libertad de empresa. Una bofetada a los autores de la proposición.

Los Comunes es un partido muy centrado en la crisis de la vivienda, seguramente la más urgente y compleja a la que se enfrentan el gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. Su resolución exige un equilibrio muy inteligente entre el respeto de diversos derechos fundamentales. Los atajos, las ocurrencias y los populismos no son aconsejables.

Los Comunes (y Sumar) están muy preocupados por este reto, pero también son consumados especialistas en crear escenarios de dudosa eficacia, pero de gran impacto comunicativo, una práctica especialmente dañina para los gobiernos en minoría.

No es la primera vez que las medidas defendidas por los Comunes en esta materia se estrellan contra la realidad. La exigencia del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones en Barcelona, promulgada por la alcaldesa Ada Colau en 2018, presenta hasta la fecha un balance muy deprimente (34 pisos entregados), muy lejos de los 300 o 400 pisos anuales calculados por el consistorio de entonces.

De las medidas impulsadas por la izquierda, la única que presenta un balance moderadamente positivo es el control de las rentas del alquiler en las zonas tensionadas. Una medida que no solventará la crisis habitacional, tan solo permite ganar tiempo para que los gobiernos puedan cumplir sus promesas de una oferta pública de nueva vivienda suficientemente amplia para satisfacer la demanda. Lógicamente, el Pla 50.000 de la Generalitat es fácil de anunciar y muy lento de materializar.

La paciencia no casa bien con las urgencias políticas que todos los partidos tienen, aunque unos más que otros. “Si los Comunes ponemos los votos, los Comunes ponemos las condiciones”, decía el ufano comunicado de su acuerdo histórico con el Gobierno de Illa que permitía aprobar las cuentas de la Generalitat y, de paso atajar, presuntamente, la compra especulativa de vivienda en Cataluña.

Es lógico pensar que los juristas de la Generalitat y los expertos del PSC sabían que el recorrido del compromiso exigido por los Comunes sería corto y catastrófico. De no ser así, de no tener conciencia de que estaban firmando un ruidoso acuerdo sin nueces, el problema sería mucho más grave.

Hay que ser optimistas y suponer que los negociadores socialistas pensaron que los presupuestos bien valían el peaje de compartir el ridículo jurídico con sus socios, siempre más pendientes de lo que pueda opinar el Sindicat de Llogateres que de leerse el Estatut y la Constitución.

Algo parecido viene haciendo el PSOE con Sumar. Dejar hacer para evitar nuevas crisis de gobierno, a pesar de la evidencia de que el decreto ley de turno, presentado como imprescindible, no será convalidado por el Congreso.

El último ejemplo de esta dinámica horrorosa ha sido la prórroga obligatoria de contratos de alquiler implantada en tiempos de la pandemia. Sumar podrá decir que la prórroga habrá estado vigente durante un mes. En contrapartida, el Gobierno de Sánchez habrá asumido de nuevo un desgaste inútil frente al resto de sus socios parlamentarios. Los posibles beneficiarios, por su parte, tendrán un motivo complementario para la desconfianza en el sistema.

Gobernar en minoría, se dirá, implica gestionar estos episodios delicados para ofrecer a los socios más inquietos momentos de importancia, a pesar de que en demasiadas ocasiones su inviabilidad se intuya desde el primer minuto. Seguramente es inevitable para los gobiernos débiles atender estas exigencias, tan legítimas como condenadas al fracaso.

Sin embargo, en algún momento habrá que valorar la relación de coste-beneficio que presenta esta contemporización con el riesgo y la pérdida de tiempo, tanto en el ámbito institucional como en el social y, muy especialmente, respecto de la credibilidad política de gobiernos y partidos. La alternativa es ir con flores a María para evitar el desastre democrático que acecha y podría ser que no fuéramos debidamente atendidos.