La situación de Ceuta vuelve a poner de manifiesto que las dos ciudades autónomas no constituyen únicamente un problema migratorio o fronterizo.
Son territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y un punto estratégico de enorme importancia en la relación entre Europa y el norte de África. La dimensión alcanzada por la crisis obliga, por tanto, a analizarla desde una perspectiva mucho más amplia, que incluya la seguridad, la política exterior, la relación con Marruecos y la propia estrategia europea.
Sin embargo, conviene distinguir entre una acción política —la utilización de la cooperación migratoria como elemento de negociación— y la atribución directa de determinadas operaciones a las autoridades marroquíes.
En el caso de las entradas masivas, la existencia de desinformación, movilización a través de redes sociales y actuación de redes de tráfico de personas puede estar documentada, pero eso no permite afirmar automáticamente que una operación concreta haya sido organizada por el Gobierno de Marruecos.
La situación actual demuestra, en cualquier caso, la extraordinaria vulnerabilidad de Ceuta. Miles de personas llegaron a la ciudad durante la crisis y las estimaciones sobre quienes permanecen todavía allí varían considerablemente. Las cifras de 8.000 o 10.000 personas deben manejarse como estimaciones y no como un dato oficial consolidado
Mucho más clara es la presión sobre los servicios de acogida de menores extranjeros no acompañados. El Gobierno llegó a contabilizar alrededor de 1.500 menores, una cifra completamente desproporcionada para las capacidades ordinarias de una ciudad de apenas unos veinte kilómetros cuadrados.
Ceuta no puede asumir indefinidamente una responsabilidad que corresponde al conjunto del Estado. La redistribución de menores entre las comunidades autónomas no debería convertirse en una disputa política permanente, sino en un mecanismo de solidaridad y corresponsabilidad nacional.
Una situación excepcional exige respuestas igualmente excepcionales, porque mantener concentrada semejante presión en un territorio tan pequeño supone un problema social, administrativo y de seguridad.
La respuesta política de la derecha española no es homogénea. El Partido Popular tiende a defender una relación pragmática con Marruecos; para Vox es una oportunidad para combatir cualquier tipo de inmigración, lo que le lleva a mantener una posición muy agresiva, hasta el punto de reclamar "la caza uno a uno de los emigrantes" hasta devolverlos, no sabemos si vivos o muertos, a Marruecos y otros países de origen.
Sin duda, ambos partidos utilizan políticamente la gravedad de la crisis para cuestionar la gestión migratoria del Gobierno de coalición, existe plena coincidencia en instrumentalizar el incidente para dañar al Gobierno
Precisamente por ello, Ceuta y Melilla deberían quedar, en la medida de lo posible, al margen de la lucha partidista.
España necesita una auténtica política de Estado para ambas ciudades. La seguridad de sus fronteras no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de Marruecos ni de la evolución de una relación bilateral inevitablemente condicionada por intereses divergentes.
La cuestión europea es igualmente fundamental. Ceuta y Melilla son fronteras de España, pero también forman parte del espacio estratégico de la Unión Europea.
Si Europa pretende disponer de una política común de seguridad y migración, no puede dejar a España sola ante episodios de presión extraordinaria en sus fronteras exteriores.
La solidaridad europea debe traducirse en recursos, mecanismos de protección fronteriza, cooperación policial y una política migratoria común que permita afrontar las crisis sin trasladar todo el coste a los territorios más expuestos.
Marruecos nunca ha renunciado a ocupar y administrar las dos ciudades, ejerce un chantaje permanente que utiliza a su conveniencia. Desde esta perspectiva, cualquier episodio de presión fronteriza adquiere una dimensión política que no puede ignorarse.
Para muchos sectores de la opinión pública española, Rabat no es un socio plenamente fiable: su relación con España combina la imprescindible cooperación con momentos de tensión migratoria, aprovechando que la frontera del Tarajal, que separa la ciudad de Ceuta con Marruecos, presenta una permeabilidad que dificulta su control efectivo.
Marruecos es cada vez más un socio poco fiable, la monarquía alauita y su aparato de poder: el Majzén, han utilizado en muchas ocasiones a las ciudades autónomas para chantajear al Gobierno de España.
En este caso contaban con la pasividad, y en algunos casos con la actitud beligerante de algunos países de la UE, como serían las posiciones de las primeras ministras de Italia, Dinamarca...
El contexto internacional hace todavía más urgente esta reflexión. El escenario estratégico que conocimos durante décadas está cambiando rápidamente.
La relación transatlántica es hoy más incierta, mientras Marruecos ha incrementado su peso político, económico y militar en el Mediterráneo y el norte de África.
Los Acuerdos de Abraham han contribuido además a modificar los equilibrios regionales. Marruecos se incorporó posteriormente al proceso de normalización con Israel, en 2020, en un contexto en el que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Estos acuerdos no constituyen una alianza militar formal, pero han creado una red de cooperación diplomática, económica, tecnológica y de seguridad con importantes consecuencias geoestratégicas.
España debe interpretar estos cambios con realismo, se necesita una estrategia nacional y europea mucho más contundente.
No se trata de buscar una confrontación con Marruecos, cuya cooperación resulta necesaria en materia de inmigración, terrorismo, comercio , seguridad… pero cooperación no debe significar, en ningún caso, subordinación ni dependencia.
Una relación estable exige que España disponga de capacidad propia de respuesta y que sus intereses fundamentales estén respaldados por la Unión Europea.
La crisis actual debería servir, por tanto, como una llamada de atención. Ceuta y Melilla no pueden ser tratadas únicamente como escenarios de emergencia migratoria.
Son territorios españoles situados en una zona de enorme sensibilidad geopolítica. España necesita reforzar su presencia institucional, económica y de seguridad en ambas ciudades, mejorar sus mecanismos de protección fronteriza y exigir una implicación europea mucho mayor.
El futuro puede ser complicado. Precisamente por eso no basta con reaccionar cuando se produce una nueva crisis. España y la Unión Europea deben prepararse ahora para un escenario internacional que tendrá muy poco que ver con el mundo en el que hemos vivido durante las últimas décadas.