La sociedad tiene unas necesidades y la Administración, cuando va en la misma dirección, lo hace a cuentagotas. Lo hemos vivido la pasada semana en Barcelona con la luz verde del Ayuntamiento al incremento del plan de videovigilancia que necesita la ciudad. En breve, la capital catalana aumentará las 186 cámaras que tiene desplegadas en el exterior con 99 nuevos dispositivos, y el objetivo es que, en un tiempo prudencial, el número de cámaras que establezcan funciones de videovigilancia sean 500 más de las 186 actuales.

Sin duda, es una buena noticia, pero muchas veces tenemos la sensación de que cuestiones que tienen todo el sentido son demasiado difíciles de conseguir.

El anuncio de la ampliación de la videovigilancia llega con un crecimiento insuficiente. Es cierto que el equipo municipal que dirige la seguridad ha tenido que sudar sangre para conseguir el aumento que acaba de anunciar, pero eso no significa que la nueva realidad sea suficiente para combatir el problema grave de seguridad que se vive en las calles de la capital catalana.

Sé que los números globales de delitos indican un descenso respecto al incremento brutal que se vivió hace unos años, pero la realidad en las calles no favorece que las autoridades autoricen mejoras en la vigilancia demasiado moderadas.

Venimos de un periodo de tiroteos y homicidios en las calles del centro de la ciudad, además de los delitos graves que se han producido también en las ciudades vecinas. Ello invita a pensar que la apuesta por las cámaras en la vía pública debería ser mucho más decidida que la anunciada.

Pese a que el incremento de 500 cámaras multiplica por tres el número de dispositivos que operan en el espacio público, la verdad es que una ciudad como Barcelona —y me atrevería a ampliar esa necesidad a todas las del cinturón metropolitano— necesitaría contar con muchísimas más cámaras de vigilancia.

La aprobación del plan anunciado ha tenido que contar con el informe favorable de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña y con la aquiescencia de la justicia.

En general, ya sea el mundo judicial o el político, las autoridades no acaban de entender que la sociedad actual necesita mucho más control, y que esa situación no implica vulnerar libertades.

¿Qué diferencia hay entre tener 600 cámaras o disponer, por poner un ejemplo, de 3.000? Lo importante es el uso que se haga de esas imágenes, no tanto la existencia de las mismas. Si alguien de la Administración usa indebidamente la videovigilancia deberá enfrentarse a la justicia. Pero para combatir el crimen, una urbe como Barcelona necesita una apuesta tecnológica sin complejos, en número y en calidad, porque la videovigilancia que se ampliará lo hará sin la ayuda del software de inteligencia artificial. Algo que no se entiende, salvo que quien toma la decisión lo haga maniatado por ese miedo ancestral a no recibir críticas del universo buenista, el mismo que con su actitud encogida ha fomentado espacios peligrosos de ingobernabilidad en la ciudad.