La ciudadanía de Ceuta está demostrando una paciencia y un aguante que no deberían ser exigibles a ninguna persona que respeta las leyes y paga sus impuestos, tal y como siguen haciendo todos y cada uno de las y los ceutíes, incluso después de la invasión del 30 de julio de 2026.

Sin embargo, casi peor que la ocupación de esa pequeña ciudad, con la magia y el encanto de los lugares raros; casi peor que verse privados del espacio público y de la movilidad, del derecho a poder ir a trabajar o a abrir sus negocios, del derecho a ir a la playa en un verano tórrido como este, verse privados del derecho a no contagiarse de enfermedades ya erradicadas y, así, un sinfín de atropellos constitucionales a los derechos fundamentales, lo peor es la constatación de convertirse en la víctima perfecta del antigobierno de España que, obvio, ni ha movido un dedo ni lo piensa mover para solucionar la situación, puesto que su prioridad no es Ceuta, sino no cabrear a Mohamed VI.

Sin embargo, la preferencia de trato al monarca alauita y el dejarle hacer siempre lo que le sale de sus islámicas gónadas no es un mal exclusivo del Gobierno de España. A Marruecos el mundo entero le permite hacer lo que le da la gana porque la parte rica del mundo entero se beneficia de tal cosa. Europa, los primeros.

Por ejemplo, en los tratados prácticamente de libre comercio entre España en particular, la Unión Europea en general, y Marruecos, según el derecho europeo, para llevar a cabo esa rentabilísima relación comercial, Marruecos debería firmar y aplicar todos los convenios internacionales de protección de los derechos humanos que establece la Carta de Derechos de la UE. Esto no se cumple con Marruecos ni de lejos.

Marruecos se ha negado reiteradamente a aplicar la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), y ha sido denunciado por ello ante la ONU en infinidad de ocasiones, sobre todo en relación con el “trato que dispensa” a determinadas personas que mantiene encarceladas: a los presos políticos del Rif, activistas saharauis o a cualquiera que se oponga al monarca absoluto o, por supuesto, a nuestra compañera activista Betty Lachgar, condenada por blasfemia en agosto del año pasado, y a la que se mantiene en prisión, enferma, en condiciones infrahumanas, supongo que esperando que la “naturaleza siga su curso”.

Es curioso que la comisión marroquí de Derechos Humanos, que esta semana reportaba presuntos malos tratos de las pocas decenas de agentes españoles a las más de 70.000 personas que invadieron Ceuta, nunca se parara a reportar las torturas que se producen en las cárceles de su majestad.

Pero eso no es todo. Otro tratado internacional de “obligado cumplimiento” para comerciar con Europa que Marruecos se pasa por el arco del triunfo es, por supuesto, la Convención de la CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). En este caso, como la mayoría de países islámicos, tiene el cuajo de haber hecho pública y registrado en la propia ONU una observación en la que dejan claro que, si la CEDAW entra en conflicto con la ley de la Sharia, se seguirá aplicando la Sharia. Para sorpresa de nadie. Y para preocupación de nadie, tampoco.

El punto no es que nos sorprenda que un país absolutista que vive bajo la teocracia islámica de un monarca feudal, por mucho que se disfrace de democracia, actúe como tal. La sorpresa, la indignación y la rabia es que los grandes poderes fácticos, “muy mucho democráticos y muy mucho progresistas”, acunen a este régimen (como a otros muy similares) y se autoboicoteen las propias instituciones europeas para poder seguir haciendo negocios, corruptísimos en un altísimo porcentaje, con la paradoja, además, de que en la mayoría de casos perjudican a la economía autóctona, sobre todo al sector primario. La respuesta es múltiple, pero simple: políticos mediocres, corrupción galopante y una sociedad atontada y pobre en los países ricos, en los que cada vez la aristocracia burocrática es más rica y los trabajadores, más pobres.

Además, no olvidar que la política migratoria de Europa con Marruecos ha sido regar de millones de euros a la casta alauita para que, al final, tengan el grifo de las riadas humanas en sus manitas inhumanas, que lo mismo abren fronteras que hunden pateras. Esa es la estima que cualquier dictadura le tiene a su pueblo…

Entonces, si resulta que desde Europa y España los grandes dirigentes del país se han pasado la vida haciendo negocietes con Mohamed VI ahora, con su papá Hassan II antes (de hermanos se trataban con el rey Juan Carlos); si resulta que la “fantástica” relación de los dirigentes históricos del PSOE con el régimen alauita se evidencia en cada una de las casas y fincas que poseen a lo largo de la costa marroquí; si desde aquí se alimenta al monstruo triturador del más mínimo respeto por los derechos humanos diariamente, ¿qué cuentas le vamos a pedir al vecino?

Y, en medio de todo este desbarajuste, Ceuta. La ciudad autónoma, dejada sin ningún tipo de auxilio institucional, y los y las ceutíes, en un “sálvese quien pueda y como pueda”, que debería hacer avergonzarse a cualquiera que se llamara demócrata.

Mal arreglo tiene el asunto y, sin embargo, no deja de ser un reto para la sociedad española decidir cómo quiere afrontar este hito histórico (para mal), más allá de este Gobierno que gobierna contra sus propios ciudadanos (en eso no se diferencian tanto de Mohamed), que pasará.

Yo, sinceramente, creo que si España se va a consolidar alguna vez como un país serio y fiable es ahora. La desesperación nos lleva, muy justificadamente, a querer convertirnos en un territorio sin ley, a contradecirnos en un compromiso adquirido por todos, que va más allá de las leyes escritas, como estamos viendo en el ejemplo que está dando la propia población ceutí del barrio del Príncipe, cuidando sin medios y sin obligación de hacerlo de los más pequeños y, sobre todo, pequeñas que saltaron la frontera.

Y en este punto, para no convertirnos nosotros también en un territorio salvaje, solo nos queda la ley. La ley que protege a la población ceutí y obliga a la expulsión de los miles de personas que entraron ilegalmente a ocupar Ceuta el 30 de julio. La ley que obliga a Marruecos a identificar a los menores en tres meses y, si no lo hace, a tomar las represalias adecuadas ante tamaña agresión.

La ley para proteger a los menores, sean de donde sean, porque nosotros no queremos ser un país que tira a sus niños y niñas al mar para presionar al vecino y lo mismo da si llegan o se ahogan. Las leyes que obligan a dotar a Ceuta de los recursos suficientes para hacer frente a esta situación y garantizar todos los derechos de su ciudadanía. Y las leyes que deben perseguir a todos los responsables políticos de esta insoportable situación y hacerles pagar todo este despropósito.

Las feministas tenemos un lema que aquí viene perfecto: “Ninguna agresión sin respuesta”. Pues eso. A ver si por una vez nos hacen caso a tiempo.