El mes de agosto representa el punto álgido de la temporada estival, uno de los más esperados para millones de personas que buscan, entre otras cosas, desconectar de la rutina en nuestras maravillosas costas.

Imagine a una familia cualquiera que lleva meses ahorrando para disfrutar de este ansiado momento en la playa. Realizan la reserva de un apartamento por internet y cuando llegan al lugar de destino descubren que la vivienda en cuestión no existe o, simplemente, nunca estuvo en alquiler.

Esta situación, que podría parecer inverosímil, es en realidad más habitual de lo que muchos imaginan. Uno de los últimos ejemplos al respecto tuvo lugar hace apenas unos días en San Vicente del Raspeig (Alicante), tras la denuncia de una víctima que transfirió 900 euros por reservar una vivienda que no existía.

Una estafa de alquiler vacacional profesionalizada, en la que los delincuentes remitían incluso documentación falsificada en torno al inmueble que, ahora con la inteligencia artificial, puede ser mucho más sofisticada.

El Sistema Estadístico de Criminalidad, que aúna información de los diferentes cuerpos policiales, registró 1.017 estafas relacionadas con los pisos turísticos en 2025. La mayor parte de estos fraudes se dieron en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña —que también tuvo su cuota de protagonismo en la estadística—.

Aunque las cifras, a priori, no resulten excesivamente apabullantes, preocupan en la medida en que configuran un fenómeno en ascenso. Su cénit llega en esta época del año y en lugares con costa, aunque recientemente también están proliferando en entornos rurales.

La elevada demanda y la necesidad de hacerse con un apartamento turístico a un precio relativamente asequible confluyen con los anuncios falsos en las plataformas de alquiler. Anuncios provenientes de propietarios inexistentes que exigen pagos anticipados —como en el caso de San Vicente del Raspeig— o sobre viviendas que en poco o nada se parecen a las de las fotografías de reclamo que motivan la decisión de alquilar.

Para ayudar a combatir este mal, los registradores ponemos nuestras herramientas al servicio de los ciudadanos. Curarse en salud, en muchas ocasiones, se sitúa a unos pocos clics para el usuario.

Mediante un trámite muy sencillo en el portal web de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, cualquier ciudadano o turista puede solicitar una nota simple que le permitirá obtener información real en torno a la titularidad de un inmueble, lo que permite saber si la persona que lo está alquilando es o no la propietaria.

Un simple gesto que ahorra disgustos emocionales y económicos. A ello se suma la campaña informativa que promueve el colectivo registral cada año, con la que se pretende orientar a los ciudadanos a detectar estos posibles fraudes de alquiler vacacional en las plataformas y redes sociales.

Este decálogo de recomendaciones invita a extremar la precaución en las comunicaciones con anunciantes, evitando compartir información sensible como direcciones o números y documentos de identidad.

Resulta aconsejable, además, que tanto el diálogo con el interlocutor como el pago se realicen siempre a través de las plataformas de alquiler habilitadas para ello, evitando canales alternativos que vacíen de seguridad la transacción.

De esta forma, las propias plataformas podrán hacer seguimiento del posible caso de fraude en caso de que llegue a registrarse una denuncia.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que el factor tiempo funciona como una alerta temprana. En muchos casos se ha detectado que los falsos propietarios tienden a presionar para que la reserva -o la estafa- se cierre cuanto antes, generalmente a través de medios de pago ajenos a la plataforma en la que se localizó el anuncio.

Conscientes de que la problemática demandaba soluciones, los Registradores de Cataluña presentamos hace unos años el proyecto Regturi, un programa orientado a la creación de un registro digital supervisado para certificar la validez y la actividad de las viviendas vacacionales. Una propuesta que no buscaba sino garantizar la máxima seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.

Aunque se refuercen los mecanismos de protección para luchar contra este tipo de estafas, es previsible que resulten cada vez más difíciles de detectar. La tecnología sirve para perfeccionar aspectos relevantes de la vida pero también los métodos de engaño.

Todo ello se produce, además, en un contexto en el que las viviendas de alquiler vacacional han aumentado con respecto a hace unos años, al pasar de 300.000 en 2023 a más de 341.000 en 2026, según el INE.

Frente a este riesgo creciente, el sentido común y la prevención continuarán siendo los factores decisivos para evitar caer en manos de los estafadores.