En los tres últimos artículos hemos hablado de cifras grandes: contratos millonarios, subvenciones, sociedades públicas que mueven presupuestos enteros. Toca bajar a la escala pequeña, la que de verdad conoce todo el mundo porque la ha vivido de cerca alguna vez como es el viaje institucional, la dieta, la factura del hotel.

El teatro de los controles también se representa aquí, solo que con entradas más baratas.

Empecemos por lo que sí funciona, porque conviene decirlo. El sistema de dietas y desplazamientos en todas las administraciones españolas está, sobre el papel, bastante acotado. Hay cuantías máximas fijadas por normativa, hay que justificar el motivo del viaje, hay que presentar factura o liquidación, hay un superior que firma la autorización previa.

Comparado con otros ámbitos del gasto público que ya hemos visto, esto parece un modelo de orden. El problema no está en la norma. Está, como casi siempre, en el espacio que la norma deja sin mirar.

Cuento algo que viví hace años en Bruselas, durante mi etapa en la Comisión Europea. Coincidí allí con José Manuel Durão Barroso, entonces Presidente de la Comisión. Comíamos a veces en los mismos bares de funcionarios, locales bastante discretos cerca del Berlaymont donde uno se cruza con gente de todos los niveles.

Lo que recuerdo con nitidez es que él pagaba su comida de su propio bolsillo, sin pedir nunca factura. El presidente de la institución más poderosa de Europa, comiendo en un bar de funcionarios y pagando como cualquiera.

Lo cuento porque contrasta con algo que he observado después en otro nivel de la administración: la convicción, instalada en demasiados directores y cargos intermedios, de que cualquier comida de trabajo debe pagarla la institución.

No por necesidad real, sino por una especie de derecho adquirido que nadie cuestiona. Durante los cinco años que presidí un tribunal administrativo, solo recuerdo que me pagaran una comida, en un contexto donde tenía pleno sentido.

El resto del tiempo teníamos nuestro pequeño office en la propia sede, donde comíamos lo que cada uno llevaba. No fue austeridad impuesta. Fue, simplemente, lo razonable en una institución pequeña donde el gasto de representación no tenía cabida porque nadie lo reclamaba.

Esa pregunta, qué es esto de pagar las comidas, debería hacérsela más gente. No quiero hablar aquí de anécdotas que he vivido pero sí de lo que la experiencia me ha enseñado.

Porque el primer mecanismo que he visto repetirse es la reunión que se convoca donde conviene en vez de donde hace falta: si el destino del viaje es técnicamente indiferente, acaba decidiéndolo el atractivo del lugar más que la pertinencia del contenido, todo ello con factura en regla. Sin sentido en un mundo donde hay Google Teams.

El segundo es la composición de la delegación, que crece de una persona a tres o cuatro bajo el argumento de la representación institucional; cada miembro es, por separado, un gasto justificable, pero la suma rara vez se examina con el mismo rigor.

El tercero es la gama alta sistemática dentro del baremo permitido -el vuelo en la franja superior, el hotel cerca del máximo, la cena que roza el límite diario sin cruzarlo nunca-, que ninguna revisión puntual detecta porque mira el cumplimiento del tope, no la tendencia repetida.

Y está lo que en mis años de oficio he aprendido a llamar la dieta sin verificación real y es que para los gastos menores, el sistema admite una declaración responsable en lugar de factura. Es una solución razonable para un problema real, pero en la práctica nadie comprueba sistemáticamente si esos gastos se produjeron tal y como se declaran.

El control verifica que el papel esté bien cumplimentado, no que el taxi existiera.

Ninguno de estos mecanismos roba al erario en el sentido penal del término. No hay aquí, normalmente, ni desvío de fondos ni facturas falsas. Hay algo más parecido a un margen de holgura instalado dentro de un sistema diseñado para impedir el abuso flagrante, pero no preparado para detectar el abuso moderado y constante.

Y ese margen, multiplicado por miles de empleados públicos y miles de viajes al año, mueve una cantidad de dinero que ningún titular de prensa recogerá jamás, precisamente porque ningún caso individual lo justifica.

Lo que distingue este capítulo de los anteriores es la escala emocional, no la lógica. Aquí no hay trama organizada ni intención delictiva en la inmensa mayoría de los casos.

Hay, simplemente, la fricción habitual entre una norma que pone topes y una conducta humana que tiende a acercarse al tope sin cruzarlo nunca, y una cultura institucional que, a falta de ejemplos como el de aquel presidente comiendo en un bar de funcionarios, ha normalizado que pagar siempre lo pague otro.