La AP-7 es una autopista gratuita desde hace casi cinco años, y en este tiempo se ha convertido en una ratonera de vehículos y en una fuente inagotable de gasto para el Presupuesto de la Generalitat. Una calamidad previsible.

Finalmente, el presidente de la Generalitat admitió hace unos días que tal vez se cometió un error al eliminar totalmente el peaje. El gesto de Salvador Illa tiene su valor, porque alguien con autoridad tenía que decirlo para empezar a buscar soluciones tanto para hacer frente al coste de mantenimiento como para recuperar la fluidez en la circulación.

Los usuarios habituales de esta vía tomaron conciencia del desastre que se avecinaba antes de cumplirse la primera semana de gratuidad. Sin embargo, en aquellos primeros días, la euforia institucional por la desaparición de peajes en la AP-7 y en la autopista del Maresme se tradujo en una carrera absurda por ver qué Administración eliminaba primero las casetas de cobro. Supimos por las crónicas diarias de este hecho histórico en TV3 que al gobierno de Pere Aragonés no había quien le ganara en el desmontaje de las barreras.

Los gobiernos tienen, en general, una tendencia irrefrenable al populismo de la gratuidad de los servicios públicos, aunque se trate de autopistas de alto coste de construcción y mantenimiento, porque siempre hay buenos ciudadanos movilizados y obstinados que así lo exigen.

En el caso de la AP-7, la Administración central tuvo más de medio siglo para estudiar qué iba a hacer cuando llegara el final de la concesión. En el caso de la autopista del Maresme, la Generalitat tuvo unas décadas menos para preparar una alternativa. Por lo visto, todos los gobiernos de todos los colores se olvidaron de planificar la nueva etapa.

Y así llegó el día. Los camiones se adueñaron de la AP-7 y todos los vehículos que no la utilizaban por considerar el peaje un simple robo de las élites extractivas (algo pellizcan, sí) se lanzaron a la carretera, tal vez pensando que la providencia mantendría la infraestructura ahora que finalmente era gratuita.

La providencia no intervino.

El pago por uso es la solución más lógica y justa, pero la falta de previsión gubernamental impidió aplicarla de inmediato y se optó por decretar la fiesta de la gratuidad.

Ciertamente, podía haberse mantenido un peaje suficientemente rebajado para permitir a los conductores visualizar la nueva situación y esperar a la operatividad de la viñeta o el modelo que sea. La tentación populista fue más fuerte que la racionalidad y ahora será más difícil explicar el retorno del pago por circular a unos usuarios convocados por la gratuidad y a unos transportistas acomodados al libre paso.

Además, la AP-7 está al límite de su capacidad y la consellera Paneque es partidaria de ampliarla en un nuevo carril donde haga falta. La autopista del Maresme, en cambio, no padece una densidad tan alarmante por la ausencia de camiones, pero presenta un déficit de vergüenza para ser utilizada como alternativa en el sector norte de la C-32 por la dejadez del ministerio en finalizar la conexión en autovía desde Tordera a Maçanet de la Selva.

Si a este panorama le añadimos que las autovías ferroviarias para aligerar el movimiento de camiones por carretera no serán una realidad inminente, la solución de la AP-7 se complica, aun con viñeta. De entrada, los transportistas exigirán subvenciones compensatorias por el final de la gratuidad concedida tan alegremente y se las acabarán reconociendo para evitar las huelgas correspondientes.

Pero, ante todo, la AP-7 sigue siendo una infraestructura de titularidad estatal que, como tal, requerirá soluciones generalistas aplicables a toda la red. La Generalitat, consciente de este hecho, va a pedir el traspaso. Así podría recorrer su propia vía para evitar el colapso, como si los catalanes fuéramos vascos, vaya.

Una complicación añadida, porque se sabe que los catalanes no somos vascos. Y por si fuera poco, se teme que el año 2027 pueda ser el de la llegada de los bárbaros al Gobierno del Estado, lo que supondría, entre otros muchos males, que el Gobierno de Illa perdería su valedor en la Moncloa. En 50 años no hubo previsión, hemos tardado cinco años en admitir el error, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para aplicar una solución?