Vicente García Hinojal y unas manos de persona mayor
Envejecer con derechos y con libertad
"Envejecer no puede significar perder voz ni quedar reducido a una categoría vulnerable"
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta toda sociedad, y particularmente la de Cataluña, tiene que ver con el papel que reserva a sus personas mayores. Aunque muchas veces esta cuestión parezca no formar parte de la agenda pública, resulta necesaria una reflexión vinculada a la realidad.
En nuestra tierra vivimos más años y ese avance, inevitablemente, plantea cuestiones de fondo que afectan al conjunto de la vida pública y nos interpelan a todos. ¿Cómo garantizamos que los años de la tercera edad se vivan con autonomía, seguridad y pleno reconocimiento de derechos? La respuesta urge, porque la longevidad no es una cuestión abstracta ni pertenece solo al ámbito sanitario o asistencial.
Todo lo contrario. Tiene consecuencias concretas en las personas. Pero también en la vivienda, el patrimonio, la organización familiar, las herencias o la capacidad de cada ciudadano para decidir sobre su propia vida. Envejecer no puede significar perder voz ni quedar reducido a una categoría vulnerable. Una sociedad madura debe proteger a sus mayores sin sustituirlos, acompañarlos y ofrecerles garantías sin limitar su libertad.
Ese espíritu es, precisamente, el que nos impulsa a los Registradores a celebrar cada año el foro Jubilare, un valioso espacio de reflexión sobre los retos que plantea el paso del tiempo y la necesidad de mirar la edad sin prejuicios. La cita en Cataluña llega además en este mes de julio, un momento siempre oportuno.
Recientemente hemos conocido los últimos datos demográficos de la región, publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña, que revelan que el número de personas mayores de 65 años ha crecido un 2,3% en los últimos 12 meses, representando ya al 20% de los ciudadanos. El informe refleja que nunca antes este grupo poblacional había sido tan numeroso.
Este hecho constituye una buena noticia, en la medida en que vivir más es uno de los grandes logros colectivos de nuestra sociedad. No obstante, importa mucho el cómo. Y aquí la seguridad jurídica tiene un papel más humano de lo que a veces se cree.
Seguridad jurídica, en la vida cotidiana, significa saber que lo que firmamos se entiende, que nuestra voluntad queda protegida, que una decisión patrimonial no se toma bajo presión o que una persona mayor puede organizar su vida sin quedar expuesta a abusos.
En Cataluña, además, este debate tiene una dimensión próxima, dado que la vivienda se ha convertido en una preocupación transversal. Pero para una parte notable de nuestros mayores, la vivienda no es solo un inmueble. Es el lugar donde han construido su vida y también el principal activo económico del que disponen.
Esa doble condición —hogar y patrimonio— exige una mirada delicada. Cualquier decisión sobre la casa afecta al bolsillo, pero también a la memoria, a la autonomía y al proyecto vital de una persona.
En este contexto ha ganado visibilidad la figura de la nuda propiedad. La idea, explicada de forma sencilla, consiste en vender la propiedad de una vivienda conservando el derecho a seguir viviendo en ella mediante el usufructo.
Para algunas personas mayores puede ser una vía para obtener liquidez sin abandonar su casa. Para otras, no será la opción más adecuada. Lo importante es que nadie la presente como una solución mágica ni como una oportunidad de mercado desprovista de humanidad.
Los últimos datos disponibles en la Estadística Registral Inmobiliaria sitúan las compraventas de nuda propiedad en 1.798 operaciones en España, con Cataluña entre las comunidades con mayor número de casos. No es una cifra masiva dentro del conjunto del mercado inmobiliario, pero sí suficiente para reclamar una reflexión serena.
Esta fórmula es una figura lícita y puede cumplir una función social si se utiliza bien. Pero precisamente por afectar a personas mayores y a su horizonte de vida, debe ir acompañada de información clara y plena protección de la voluntad. Lo que no puede aceptarse es que la edad, la salud o la vulnerabilidad se conviertan en argumentos comerciales. Cuando la vida de una persona se transforma en una variable de rentabilidad, la sociedad cruza una línea que no debería.
Por todo ello, quizá nuestro reto más inmediato al respecto tenga que ver con garantizar que las personas mayores sean verdaderamente libres. Y para eso hacen falta instituciones sólidas, profesionales responsables y una cultura jurídica que no les trate como sujetos pasivos, sino como ciudadanos con plena capacidad para decidir.
Jubilare nace precisamente de esa mirada: entender la edad como una etapa con derechos, proyectos y dignidad. La pregunta de fondo no es cuándo empieza la vejez, sino cuándo empiezan nuestros prejuicios sobre ella. Porque la autonomía no se jubila. Y la seguridad jurídica, bien entendida, es una forma discreta pero esencial de protegerla.
