Para el nacionalismo catalán, España siempre comparece en el banquillo. Da igual el asunto: la historia, la financiación, las infraestructuras, la lengua o la cultura. El veredicto parece escrito de antemano. España siempre es culpable.
La airada reacción de Junts, o de comunicadores como Antoni Bassas desde el diario Ara, contra La gran aventura de la lengua española, el programa de RTVE presentado por Iñaki Gabilondo, responde precisamente a esa lógica. No estamos tanto ante un desacuerdo historiográfico como ante la incapacidad de aceptar cualquier relato sobre España que no esté construido desde la culpa.
La tesis del documental incomoda a quienes han convertido el hispanismo en sinónimo de opresión. Porque cuestiona uno de sus dogmas más arraigados: que la expansión del español sólo puede explicarse como imposición y borrado cultural.
La historia, sin embargo, rara vez es tan simple.
España fue un poder imperial, sí. Pero la idea de que su presencia en América equivalió a un exterminio lingüístico sistemático pertenece más a la propaganda que a la historia.
La Monarquía Hispánica convivió con una pluralidad de lenguas indígenas y, en no pocos casos, promovió su estudio y codificación. Resulta difícil sostener la tesis del exterminio lingüístico cuando fueron religiosos españoles quienes produjeron las primeras gramáticas y diccionarios de muchas de esas lenguas. Hay una sólida historiografía que lo documenta.
Eso no convierte al imperio en una Arcadia multicultural. Pero sí obliga a abandonar el maniqueísmo.
El castellano se expandió, ciertamente, pero no sólo por coerción. Se convirtió en lengua común entre pueblos que antes no podían comunicarse entre sí. En un continente de extraordinaria diversidad lingüística, el español actuó como lengua franca, vehículo de intercambio comercial, jurídico y político. Fue, a la vez, lengua del poder y herramienta de comunicación compartida.
Eso es lo que el nacionalismo catalán no soporta: que una lengua pueda haber sido expansiva sin ser únicamente opresiva.
Aceptar esa complejidad tendría consecuencias incómodas en el presente. Obligaría a reconocer que el castellano tampoco puede reducirse en Cataluña al papel de lengua impuesta por unas políticas uniformizadoras, por otro lado tan comunes en la Europa contemporánea. Sin ignorar la represión franquista tantas veces denunciada, también aquí ha sido lengua de integración, movilidad social y convivencia. Y hoy el castellano forma parte indisociable de la realidad social catalana. No como lengua ajena, sino como lengua propia de millones de ciudadanos.
La reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha agravado esa incomodidad. Estrasburgo ha recordado una obviedad que en Cataluña parece subversiva: el castellano no es una lengua extraña, sino también lengua propia de millones de catalanes, y que la inmersión escolar en catalán vulnera derechos lingüísticos básicos.
La polémica deja, además, una paradoja difícil de ignorar. Entre los consejeros de RTVE figuran personas vinculadas a Junts per Catalunya, como Miquel Calçada, cuya trayectoria pública ha estado marcada por una visión contraria a España como proyecto político y cultural.
La contradicción es llamativa: una corporación pública estatal financiada por todos los españoles incorpora en su dirección a representantes de un espacio político que no sólo aspira a romper el marco constitucional, sino que ha hecho de la desconfianza hacia España una seña de identidad.
Por eso el problema nunca ha sido un documental. El problema es otro: para algunos, España sólo resulta comprensible desde la culpa. Si hay mestizaje, fue imposición. Si hay lengua común, fue dominación. Si hay legado cultural, debe leerse bajo sospecha. El juicio está decidido de antemano. España siempre es culpable.