Desde Europa se observa con frecuencia la política estadounidense a través de las declaraciones de sus presidentes.
Cuando Donald Trump habla de deportaciones masivas, invasiones fronterizas o despliegues militares, su lenguaje provoca una reacción inmediata. Sus formas son agresivas, teatrales y deliberadamente provocadoras. La conclusión habitual es que representa una ruptura completa con la tradición política norteamericana.
Sin embargo, cuando se examinan las medidas aplicadas por las distintas administraciones, las diferencias entre demócratas y republicanos resultan bastante menos claras.
Cambian el vocabulario, las prioridades y el grado de dureza, pero el fondo de la política migratoria mantiene una continuidad considerable: reforzar la frontera, impedir las entradas irregulares, restringir el acceso al asilo y expulsar o devolver a quienes no tienen autorización para permanecer en el país.
La maquinaria migratoria estadounidense no fue inventada por Trump. Se ha construido durante décadas bajo presidentes de ambos partidos. La historia de la expulsión de extranjeros es incluso anterior a la creación de Estados Unidos, aunque el sistema federal moderno comenzó a consolidarse a finales del siglo XIX.
Los primeros controles migratorios
Las primeras leyes federales restrictivas no surgieron para afrontar una inmigración ilegal masiva comparable a la actual. Respondieron principalmente a la llegada de trabajadores chinos a la costa oeste, especialmente a California, y al rechazo social, racial y laboral que provocaron.
Durante la fiebre del oro y la construcción del ferrocarril transcontinental llegaron decenas de miles de inmigrantes chinos. Eran contratados para realizar trabajos especialmente duros y recibían salarios inferiores. Sindicatos y trabajadores blancos los acusaban de reducir los sueldos y quitarles empleos.
A ese conflicto económico se añadía un racismo abierto contra la población asiática. La inmigración se convirtió así en el cómodo culpable de problemas laborales mucho más complejos, una tradición política que, como podemos comprobar, ha envejecido perfectamente.
La medida decisiva fue la Chinese Exclusion Act de 1882. Esta ley suspendió durante diez años la entrada de trabajadores chinos, les impedía acceder a la ciudadanía estadounidense y estableció mecanismos para controlar, detener y deportar a quienes no pudieran demostrar que tenían derecho a residir en el país.
Fue la primera gran ley federal que excluyó expresamente a un grupo étnico y nacional porque supuestamente amenazaba el empleo y el orden social.
Las primeras restricciones migratorias, por tanto, no respondieron principalmente a cruces clandestinos en la frontera con México, sino a la voluntad de decidir qué razas, nacionalidades y clases sociales eran aceptables para el país.
Las cifras y sus trampas
Antes de comparar administraciones es necesario aclarar las estadísticas. En el debate público se utiliza la palabra “deportación” para describir procedimientos muy diferentes.
Un removal es una expulsión ejecutada mediante una orden formal. Un return es una devolución, normalmente realizada en la frontera, que puede incluir una salida voluntaria sin una orden formal de expulsión. Una deportation es una categoría más amplia que puede incluir expulsiones formales, devoluciones y otros tipos de salida.
Durante la pandemia se creó una Ley especial, el artículo 42, una disposición sanitaria de una ley de 1944 que permitía expulsar rápidamente a ciertos migrantes sin tramitar sus solicitudes de asilo. La administración Trump comenzó a aplicarla en marzo de 2020 y la administración Biden la mantuvo ¡hasta mayo de 2023!
De Clinton a Bush: la frontera como prioridad
La administración de Bill Clinton, entre 1993 y 2001, endureció notablemente el sistema migratorio. Su Gobierno amplió las operaciones de vigilancia fronteriza, aumentó los recursos destinados a impedir cruces irregulares y apoyó reformas legislativas que facilitaron las expulsiones.
Antes del endurecimiento de la frontera, numerosos trabajadores agrícolas mexicanos y centroamericanos mantenían una migración circular: entraban en Estados Unidos durante las temporadas de trabajo y regresaban después a sus países.
El aumento de la vigilancia y de los riesgos del cruce produjo un efecto paradójico. Para muchos trabajadores resultaba más difícil y costoso regresar a sus hogares y volver a entrar la temporada siguiente. Como consecuencia, algunos optaron por quedarse permanentemente en Estados Unidos y trasladar allí a sus familias.
No fue la única causa del crecimiento de la población indocumentada, pero el reforzamiento fronterizo contribuyó a transformar una inmigración temporal en otra más estable. Una política diseñada para reducir la presencia de inmigrantes terminó incentivando que algunos permanecieran en el país. Y ocurrió bajo una administración demócrata.
Durante los dos mandatos de Clinton se registraron aproximadamente 12,3 millones de repatriaciones si se incluyen las devoluciones fronterizas. De ellas, unos 11,4 millones fueron returns, no expulsiones formales desde el interior del país. Es decir, la inmensa mayoría correspondió a personas interceptadas y devueltas, principalmente a México.
No deja de ser llamativo que semejantes cifras procedieran de una administración demócrata que raramente es recordada en Europa por su dureza migratoria. La discreción también tiene sus ventajas políticas.
George W. Bush continuó en una dirección similar. Durante sus dos mandatos se produjeron alrededor de 10,3 millones de repatriaciones, de las cuales unos 8,3 millones fueron devoluciones.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el control migratorio quedó además vinculado a la seguridad nacional. El Gobierno reforzó las instituciones federales encargadas de la frontera y creó el Departamento de Seguridad Nacional, dentro del cual quedaron integradas agencias como Immigration and Customs Enforcement, conocida como ICE, y Customs and Border Protection.
Por tanto, mucho antes de que Trump prometiera construir un muro, las administraciones de Clinton y Bush ya habían reforzado y militarizado parcialmente la frontera, incrementado los controles y normalizado la devolución masiva de migrantes.
Obama, el “deportador en jefe”
Barack Obama llegó a la Casa Blanca con un discurso más favorable a la reforma migratoria. Su administración protegió temporalmente a determinados jóvenes indocumentados mediante programas especiales y defendió una vía para regularizar a una parte de la población sin papeles.
Sin embargo, también alcanzó cifras récord de expulsiones formales. Algunos activistas lo denominaron deporter in chief, el deportador en jefe.
Su administración dio prioridad a los recién llegados, a las personas con antecedentes penales y a quienes eran considerados una amenaza para la seguridad nacional o pública. En sus dos mandatos se produjeron ¡más de tres millones de expulsiones formales!
Esta cifra no significa necesariamente que Obama expulsara a más personas en total que Clinton o Bush, porque durante las administraciones anteriores se realizaban muchísimas más devoluciones voluntarias en la frontera. Pero sí utilizó con gran intensidad el procedimiento formal de expulsión.
La diferencia en las categorías es fundamental. Una expulsión formal puede implicar prohibiciones para regresar y consecuencias legales más graves que una devolución. Obama no aplicó exactamente la misma política que Trump, pero tampoco suspendió la maquinaria de deportación. La utilizó de manera más selectiva y la acompañó de un lenguaje mucho más prudente.
En Europa, donde la política estadounidense se interpreta con frecuencia a partir del tono presidencial, esa diferencia de presentación terminó ocultando la continuidad institucional. Una deportación explicada con serenidad y sensibilidad sigue siendo una deportación, aunque produzca menos titulares.
Trump: más ruido, pero no siempre más expulsiones
Donald Trump convirtió la inmigración ilegal en uno de los ejes de su campaña de 2016. Prometió construir un muro en la frontera con México, endureció las condiciones para solicitar asilo, amplió la detención migratoria e introdujo políticas tan controvertidas como la separación de familias.
Sus métodos y su lenguaje representaron una clara radicalización. Sin embargo, durante su primer mandato no superó a Obama en expulsiones formales. Las cifras quedaron además alteradas por la pandemia, durante la cual su Gobierno comenzó a utilizar el Título 42 para expulsar rápidamente a personas interceptadas en la frontera.
Mientras Obama afirmaba concentrarse en delincuentes, amenazas para la seguridad y recién llegados, Trump presentó prácticamente a toda la población indocumentada como posible objetivo.
También intentó restringir de forma más amplia el asilo, presionó a las denominadas ciudades santuario y buscó implicar a las fuerzas policiales estatales y locales en la aplicación de la legislación migratoria federal.
Sería incorrecto afirmar que no existieron diferencias. Trump fue más lejos en la retórica, en la utilización política del miedo y en su disposición a desafiar límites legales e institucionales.
Pero también sería incorrecto presentar sus políticas como una invención surgida de la nada. Buena parte de la infraestructura legal, administrativa y policial que utilizó había sido creada o ampliada por sus predecesores demócratas y republicanos.
Biden y el regreso a las devoluciones masivas
Joe Biden llegó a la presidencia prometiendo una política migratoria más humana. Suspendió algunas medidas de Trump, amplió determinados programas de entrada legal y creó vías especiales de admisión temporal para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
También trató de canalizar las solicitudes de asilo mediante citas en los puertos oficiales de entrada. Sin embargo, ante el aumento extraordinario de las llegadas, su Gobierno terminó adoptando medidas cada vez más restrictivas.
Entre el comienzo de su mandato y febrero de 2024, su Gobierno había realizado alrededor de 1,1 millones de expulsiones y devoluciones ordinarias. A estas debían añadirse aproximadamente tres millones de expulsiones bajo el Artículo 42, la mayoría ejecutadas durante su presidencia.
En el año fiscal 2024, ICE realizó más de 271.000 expulsiones formales, la cifra anual más alta registrada por esa agencia desde 2014. Esto no convierte automáticamente a Biden en un presidente más duro que Trump, pero demuestra que la diferencia entre ambos no puede explicarse simplemente mediante la oposición entre fronteras abiertas y fronteras cerradas.
Biden también restringió el acceso al asilo para quienes cruzaban irregularmente entre los puertos oficiales de entrada. Su administración defendió estas decisiones alegando que el sistema estaba desbordado, que los tribunales migratorios acumulaban millones de casos y que el Gobierno carecía de recursos para procesar todas las solicitudes.
En otras palabras, Biden suavizó las palabras, pero no renunció a las expulsiones. Podría decirse que recuperó parcialmente el modelo de Clinton y Bush: facilitar vías legales para determinados grupos mientras se aceleraban las devoluciones en la frontera.
Si Obama fue denominado el “deportador en jefe”, Biden podría ser considerado el “devolvedor en jefe”.
La segunda administración Trump
En su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, Trump ha intentado ampliar las detenciones, las expulsiones aceleradas y la colaboración entre ICE y las autoridades estatales y locales.
Su Gobierno sostiene que durante su primer año se superaron las 600.000 deportaciones y que un número todavía mayor de inmigrantes abandonó voluntariamente Estados Unidos.
Estas cifras deben examinarse con precaución, porque las comunicaciones oficiales no siempre distinguen claramente entre expulsiones de ICE, devoluciones fronterizas, salidas voluntarias y estimaciones de personas que se marcharon por iniciativa propia.
Lo que sí distingue a esta administración es su intención declarada de utilizar la capacidad del Estado de una manera mucho más amplia: más centros de detención, mayor participación de policías estatales y locales, procedimientos acelerados, objetivos de arrestos más ambiciosos y menos excepciones humanitarias.
La diferencia respecto a sus predecesores no reside solamente en el volumen de las expulsiones, sino en la amplitud de las personas consideradas prioritarias. La administración ha tratado de extender la persecución migratoria más allá de los recién llegados y de quienes tienen antecedentes penales, incluyendo a personas establecidas durante años en Estados Unidos.
Trump tampoco ha ocultado la finalidad política y simbólica de estas operaciones. Las redadas, los despliegues y los anuncios públicos no son únicamente instrumentos de control migratorio: forman parte del espectáculo de autoridad que caracteriza a su Gobierno.
Distintas formas, un mismo sistema
Demócratas y republicanos no mantienen políticas migratorias idénticas. Existen diferencias notables en materia de asilo, reunificación familiar, protección temporal, trato a los menores, prioridades de detención y posibilidades de regularización.
Negar esas diferencias sería tan simplista como afirmar que un discurso amable convierte automáticamente una deportación en un acto humanitario.
Pero también existe una continuidad evidente. Clinton amplió el control fronterizo; Bush lo integró en la política de seguridad nacional; Obama alcanzó cifras récord de expulsiones formales; Trump radicalizó el discurso y amplió los objetivos; Biden mantuvo expulsiones masivas y restringió el asilo cuando aumentó la presión fronteriza.
El debate político estadounidense presenta cada elección como un enfrentamiento entre fronteras abiertas y deportaciones implacables. La realidad es bastante menos cinematográfica.
En Europa nos escandalizan especialmente las formas de Trump porque son difíciles de ignorar. Pero el fondo de muchas de sus políticas tiene antecedentes tanto demócratas como republicanos.
Trump no inventó el sistema. Simplemente eliminó buena parte del envoltorio diplomático con el que otros presidentes habían presentado medidas similares. Y, como suele ocurrir en política, descubrimos que nos molesta más la falta de modales que la existencia de la maquinaria.