La historia contemporánea de España puede interpretarse como la historia de una compleja relación entre territorio y poder.
La denominada “cuestión territorial” ha sido presentada con frecuencia como el principal desafío político del país, aunque siempre ha coexistido con otros factores también determinantes.
¿Quién detenta el poder político? ¿Quién el económico-financiero? ¿Quién el militar? Este último una vez integrados en la OTAN, es poco relevante.
Durante gran parte de los siglos XIX y XX, las élites terratenientes y económicas desempeñaron un papel predominante en la configuración de las instituciones y de la vida política española.
A su alrededor se articularon intereses económicos y estructuras de poder que condicionaron el desarrollo del país y limitaron la aparición de modelos más inclusivos de representación política y territorial.
Las disputas territoriales rara vez respondían únicamente a diferencias identitarias; en realidad, reflejaban conflictos sobre quién gobernaba, quién gestionaba los recursos y quién definía el proyecto colectivo de España.
En numerosos momentos de crisis, los cambios necesarios quedaron subordinados a los intereses de una clase dirigente mayoritariamente conservadora. Los pronunciamientos militares y los golpes de Estado fueron expresiones extremas de esa realidad.
La estrecha relación entre poder económico-político y militar contribuyó a consolidar una concepción centralizada del Estado y una interpretación uniforme de la identidad nacional.
La Guerra Civil supuso una ruptura traumática en la evolución política española. Tras la victoria del bando franquista se impuso una dictadura que promovió una visión unificada y centralista de España.
Durante casi cuarenta años, la diversidad territorial, cultural y lingüística fue considerada una amenaza para la unidad y supervivencia del Estado.
La restauración de la monarquía, impulsada por la propia dictadura ya en la fase final del franquismo formó parte de una estrategia destinada a asegurar la continuidad institucional más allá de la desaparición del régimen.
La Transición democrática abrió una nueva etapa. La Constitución de 1978 no solo trajo las libertades democráticas, sino que permitió alcanzar un amplio acuerdo político basado en el reconocimiento de la diversidad territorial y en la descentralización administrativa.
El denominado Estado de las Autonomías representó uno de los mayores procesos de modernización institucional de la historia de este país, acercando la gestión pública a la ciudadanía y contribuyendo a la estabilidad democrática.
Comunidades autónomas y entidades locales adquirieron competencias fundamentales para gestionar servicios públicos, impulsar el desarrollo económico y acercar la administración a la ciudadanía.
Sin embargo, las tensiones territoriales no desaparecieron. Los debates sobre el alcance del autogobierno, la crisis catalana, la financiación autonómica o el reconocimiento de las distintas identidades nacionales continúan presentes en la vida política española.
La España actual es una realidad plural cuya fortaleza depende más de su capacidad para integrar la diversidad que de intentar uniformarla.
El federalismo, como proyecto europeo. Las propuestas de inspiración federal plantean fórmulas de cooperación más eficaces entre administraciones y una distribución más equilibrada de competencias.
A ello se suma el proceso de integración europea, que aporta un marco supranacional donde resulta posible compatibilizar identidades diversas con proyectos políticos compartidos.
No obstante, la cuestión territorial se superpone hoy con otras crisis políticas e institucionales. La polarización política se ha intensificado a extremos inimaginables, el enfrentamiento entre bloques ideológicos ha reabierto viejas heridas.
Las argumentaciones son sustituidas por las descalificaciones a “grosso modo”. Sectores conservadores aspiran a recuperar espacios de influencia perdidos, mientras que las fuerzas que se autotitulan de progreso intentan reconducir las instituciones hacia el reconocimiento de una sociedad más plural y compleja.
Todo ello en un escenario de debilidad parlamentaria del Gobierno de Coalición.
En este escenario, los poderes económico, mediático y judicial adquieren un protagonismo determinante, alimentando la percepción de ruido y conflicto permanente. Les cuesta mucho aceptar las nuevas realidades.
La derecha más carpetovetónica reaparece con fuerza. La pelea “política” se centra en la lucha de los “herederos” de los procuradores en Cortes “franquistas” por recuperar el estatus y el poder que disfrutaron como vencedores de todas las guerras civiles libradas en nuestra “piel de toro”.
Ayer por fin se ha confirmado el regalo que el juez Peinado quiso hacer a su progenitor --posiblemente procurador en las Cortes franquistas-- que cuando fuera juez, aplicaría la ley con todo rigor y sin complejos a la esposa del presidente del gobierno, el comunista Sánchez.
Todo vale para mantener el control: se usan y abusan de las “coincidencias políticas” con el Consejo General del Poder Judicial, el uso instrumental del poder mediático, el poder económico-financiero...
La última decisión del juez Peinado sobre la mujer del presidente, al margen de discutibles consideraciones judiciales, es una verdadera declaración de guerra hacia el actual presidente del Gobierno.
Mirando a nuestro entorno más próximo, en toda Europa se observa el avance de corrientes populistas y nacionalistas que apelan al miedo, al rechazo del diferente y a la desconfianza hacia las instituciones democráticas.
La principal cuestión para el futuro no es elegir entre una España uniforme o una España diversa, sino construir una España capaz de gestionar democráticamente su pluralidad.
La cohesión territorial dependerá menos de la imposición de una visión única del país que de la capacidad colectiva para alcanzar acuerdos, y articular un proyecto compartido, inclusivo y compatible con la diversidad que caracteriza a la sociedad española contemporánea
Se trata del tradicional “todos contra todos”, los dos bandos alineados, cada uno de ellos en las dos Europas, están perfectamente identificados.
A un lado los grupos parlamentarios de la derecha y la extrema derecha de Estrasburgo, cada vez más populistas reivindicando la “prioridad nacional” y el rechazo hacia el diferente.
El populismo y la reacción avanzan claramente, “around the world”. España no es una excepción.