Se fue el Papa y se acabaron las benévolas aperturas de los medios de comunicación. Ya estamos de vuelta al fango.

Ayer, por primera vez en la historia de nuestra democracia, un expresidente del Gobierno de España fue a declarar como imputado.

Los tribunales arden: las vistas por corrupción, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otros posibles delitos se acumulan.

Las piedras preciosas guardadas en la caja fuerte del despacho de Rodríguez Zapatero han hecho saltar la calma por los aires.

Ni los más creyentes socialistas creen que la santa madre o la suegra del expresidente dejaron en herencia joyas propias de una sultana de las mil y una noches. ¿Nadie sabía nada? En Ferraz, esa sede atrincherada, temen que el PSOE acabe imputado.

Llegan nuevas noticias de la fontanera hiperactiva Leire Díez, que se ha convertido en la mala de la película. Esa mujer, que siempre sale con cara de estar a punto de montar una bien gorda, lleva años hablando y presionando a todo quisqui.

Hablaba con Mercedes González, directora de la Guardia Civil; con la presidenta socialista, Cristina Narbona, y con altos cargos de empresas públicas o privadas “favorecidas” con fondos europeos.

El trabajo de fontanería, al parecer, se convirtió en trabajo de equipo que acabó con la imputación de altos directivos públicos, secretarios del partido y ministros del Gobierno: Ábalos, Cerdán, Koldo, Aldama, Fernández, Barrabés… Y muchos otros.

Tiene el PSOE, ahora mismo, 15 causas abiertas. Los jueces no han hecho ninguna discriminación de género desde sus juzgados. La mayoría de las causas afectan a hombres expoderosos, pero también han sido imputadas Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la empresa pública Adif, y Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Todos nos preguntamos cómo acabará esto. ¿Se irán de la lengua? ¿Qué penas sufrirán? ¿Darán la famosa patada hacia arriba? La directora de la Guardia Civil, según explicó en una comisión del Senado, informó a su jefe, el ministro Marlaska, de sus cafés con la fontanera.

La obediencia debida, que también se denomina obediencia jerárquica, se aplica como eximente en los juicios cuando algún acusado tiene la obligación de obedecer a otra persona con mayor mando en plaza.

Según el Código, a los delitos cometidos debido a una orden dada por un superior, se puede aplicar el citado eximente penal. Sin embargo, creo que más bien estamos ante casos de obediencia “indebida”. Podían desobedecer, pero no lo han hecho. Han mandado, han cobrado y, quizás, han delinquido.

Todo el que haya estado en una gran empresa sabe lo duro que es decir “no” al jefe. Y me es fácil imaginar lo que puede suceder si estás a las órdenes del presidente del Gobierno o al servicio de cualquier ministro. Pero siempre cabe dimitir.

Son pocos, no obstante, los que abandonan salarios fijos o cargos de relumbrón. Las cloacas del poder no son rojas ni azules (todos recordamos la Gürtel), pero en ellas flota el dinero negro, ese que fluye sin nombre ni impuestos pagados.

En el verano de 2024, Pedro Sánchez nos envió una carta en la que comunicaba a la ciudadanía que un juzgado de Madrid había abierto diligencias contra su mujer por supuestos delitos de tráfico de influencias. Se me pusieron los pelos de punta.

Que una señora presidenta, sin licenciatura ni doctorado, ponga un chiringuito en una universidad pública suena mal. Sin embargo, un elevado número de socialdemócratas –entre ellos, varios viejos y buenos amigos– defendieron con uñas y dientes al presidente. “Hemos de votar contra Vox, contra la derecha”, decían convencidos.

Un año después, Santos Cerdán, el hombre de confianza enviado a pactar la amnistía con el huido Carles Puigdemont, fue acusado de corrupción e ingresó en prisión. Y Sánchez, impasible, envió una segunda carta a la ciudadanía.

En aquella, decía estar “muy disgustado y decepcionado”, pero tampoco pedía perdón. Parecía ni conocer de vista al navarro Santos Cerdán, aunque fue diputado socialista y secretario general del PSOE.

Todos vimos, entonces, que Pedro y sus ministros pretendían gobernar hasta el último día o minuto de la legislatura. Contaban para ello con el apoyo interesado de los partidos independentistas y de la izquierda que ni suma, ni une, ni puede.

A pesar de las presiones, las injurias y las campañas de la cloaca del PSOE, la judicatura y la fiscalía siguen trabajando. Es su deber. Mientras, cada día abro el buzón con la esperanza de que llegue otra carta de Pedro, esta para decirme adiós. Por si tarda, voto por la desobediencia debida a cualquier corrupción y a favor del Estado de derecho.