Pedro Sánchez encuentra muchos obstáculos para gobernar. Uno de estos inconvenientes, y no es el menor, es la evidencia de que no tiene partido. El PSOE existe, claro, y sus votantes también, pero su dirección es paupérrima. El hecho de descubrir tan tarde la fantochada de una fontanería comprometedora retrata al aparato socialista.

La última exhibición de descoloque la protagonizó la portavoz de la ejecutiva federal al dar credibilidad a las proclamas del PP sobre la inminente caída de Pedro Sánchez.

Montse Mínguez, la portavoz socialista, se lamentó de la existencia de un calendario judicial para hacer caer el Gobierno antes de verano. Sustentó su pesimismo en las prisas por hacer declarar a José Luis Rodríguez Zapatero y a Begoña Gómez, coincidiendo con la sentencia del caso Ábalos y la comparecencia de la directora de la Guardia Civil para explicar sus reuniones con Leire Díez.

Lo que no pudo explicar la portavoz es cuál sería el mecanismo institucional que permitiría a los presurosos autores de la agenda judicial obtener el resultado perseguido. Un detalle especialmente relevante, atendiendo a la negativa a dimitir o avanzar las elecciones reafirmada 100 veces por Pedro Sánchez.

No es la primera vez en estas últimas semanas que la conspiración judicial contra el presidente Pedro Sánchez es formulada desde el mismo Gobierno. La práctica del lawfare por parte de la justicia española fue el argumento esencial de los dirigentes independentistas para desacreditar sus condenas. Entonces, ningún dirigente del PSOE (ni del PP, por supuesto) sustentó aquellas denuncias, considerándolas infundadas e impropias de un Estado de derecho.

El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no parece una gran idea para la estabilidad del Estado. De momento, el PSOE y el Gobierno no están sufriendo un alud de sentencias discutibles o manifiestamente injustas, a excepción de la condena del fiscal general por una filtración ya filtrada. De ahí que la acusación generalizada al sistema peca, como mínimo, de imprudencia, sabiendo que los errores procesales de la justicia solo los enmienda la propia justicia.

La angustia que sufren los socialistas se debe, básicamente, a una serie de instrucciones judiciales divulgadas convenientemente por vete a saber quién para asegurarse el impacto mediático de las mismas, al margen del recorrido judicial que puedan tener. Nada nuevo, pero muy doloroso para los afectados.

Algunas voces han precisado dónde está el origen de los males que tanto altera al PSOE. El último en hacerlo ha sido el exjuez Baltasar Garzón. En la campaña de promoción de su libro La democracia amenazada, ha alertado del daño que hacen a la justicia los informes judiciales “mediatizadores”, asumidos automáticamente como “autos de fe” por los jueces instructores.

No es una cuestión fácil de abordar. Cuando un juez pone negro sobre blanco una hipótesis o una sospecha, el documento se convierte en una fuente periodística de alto valor que además no exige comprobación alguna. Luego ya vendrá el final de la instrucción, el eventual juicio y la sentencia. Y, desgraciadamente para los afectados, tal vez experiencias tan desoladoras como la del expresidente del Barça, Sandro Rosell.

El PSOE participa junto a la mayoría de las Cortes de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno designa al Fiscal General y el ministro de Interior nombra al director de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la más famosa de las policías judiciales. Si hay una conspiración, ¿hay algo más que ruedas de prensa?