La protesta sindical de ayer en la Casa Batlló lo ilustra con precisión: afiliados de la CGT impidieron el acceso al recinto a trabajadores y visitantes que nada tienen que ver con el conflicto educativo. Los perjudicados no eran los responsables de la Consejería, sino ciudadanos y turistas utilizados como instrumento de presión. Es un episodio menor, pero revelador de una lógica que lleva meses instalada en una parte del sindicalismo docente catalán.

Las reivindicaciones del profesorado son, en buena medida, legítimas. Los docentes acumulan años de pérdida de poder adquisitivo, un complemento autonómico congelado durante décadas, aulas cada vez más complejas y una carga burocrática creciente. El malestar tiene causas reales y merece una respuesta seria.

El problema no reside en las demandas, sino en cómo se ha desarrollado el conflicto. Sindicatos como Ustec-STES y, de forma especialmente destacada, la CGT, han recurrido a cortes de carreteras, bloqueos de vías de comunicación e interrupciones deliberadas de la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

A ello se ha sumado una pugna por la hegemonía sindical que ha endurecido posiciones y dificultado la negociación. Tanto CCOO como UGT, que hace meses alcanzaron un acuerdo relevante con el Govern que incorporaba mejoras salariales y laborales para el profesorado, fueron acusados de claudicación por quienes habían decidido recurrir a cualquier instrumento de presión en la calle.

Porque hay una distinción fundamental que conviene preservar. Una cosa es el daño colateral inevitable de una huelga y otra muy distinta convertir el perjuicio a terceros en un mecanismo deliberado de coacción.

Quienes quedan atrapados durante horas en una autopista, quienes pierden una jornada laboral o una cita médica no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto. Una democracia madura puede tolerar excepcionalmente esas molestias, pero no debería normalizarlas.

Y, sin embargo, se han normalizado. Cataluña lleva años asistiendo a una cultura de la protesta cuya lógica central no es convencer, sino bloquear: la movilidad, el acceso a servicios o el funcionamiento cotidiano de la ciudad para forzar la mano de quien gobierna.

Es una práctica injusta porque traslada el coste del conflicto a quienes no tienen ni voz ni voto en su resolución. Pero también porque no está al alcance de todos. Solo colectivos numerosos y situados en sectores estratégicos pueden ejercer esa forma de presión. La coacción sobre el espacio público, presentada a veces como contrapoder democrático, acaba siendo en realidad un privilegio de quien tiene fuerza suficiente para imponerla.

Algunas de estas acciones han ido acompañadas del lema "Això també és educar". Es una afirmación particularmente tramposa. La educación democrática debería enseñar que los conflictos legítimos se defienden respetando también los derechos de los demás y que la fuerza de una reivindicación no depende de la capacidad para perjudicar a terceros.

Por eso resulta relevante el principio de acuerdo alcanzado entre Ustec-STES, ASPEPC y la Consejería de Educación. Aunque todavía deba ser ratificado por los docentes, confirma que los avances duraderos se alcanzan mediante la negociación.

Frente a ello, la decisión de la CGT de rechazar el preacuerdo y mantener acciones como la de la Casa Batlló responde a una lógica distinta: la del pulso permanente. Puede proporcionar visibilidad a corto plazo, pero erosiona el apoyo social y dificulta la resolución del conflicto.

Los sindicatos tienen pleno derecho a defender los intereses de sus afiliados. Pero también la responsabilidad de hacerlo sin convertir al conjunto de la ciudadanía en rehén de sus estrategias. Porque una escuela pública fuerte necesita recursos y reconocimiento, pero también una cultura cívica que recuerde una verdad elemental: los derechos propios terminan allí donde empiezan los derechos de los demás.