Jordi Mercader opina sobre el rechazo de Junts al consorcio de inversiones
Junts, contra todos
"Negando la creación del consorcio de inversiones, el partido de Puigdemont consigue dificultar el posible pacto presupuestario entre PSC y ERC, aunque sea incomodando a Foment del Treball"
Junts es un partido seriamente acechado por Aliança Catalana, maniatado por la dirección errática de Carles Puigdemont, indeciso sobre su evolución ideológica y aferrado al fracaso de 2017.
Lo único que está claro en Junts es su firme voluntad de perjudicar a ERC en todo lo que pueda y de entorpecer al Gobierno de Illa, aunque sea a costa de la salud de los intereses de los catalanes.
El voto de Junts en contra de la creación de un consorcio de inversiones Estado-Generalitat, coincidiendo con PP, Vox y PNV, responde perfectamente a sus prioridades de partido desnortado. La más relevante, impedir que la Generalitat pueda aprobar sus presupuestos gracias a los diputados de ERC. Y, en caso de no poder evitarlo, elevar al máximo el coste político para los republicanos.
La estrategia del partido de Puigdemont es realmente pobre; sin embargo, es la única que tiene. Negando la creación del consorcio de inversiones consigue, en primera instancia, dificultar el pacto presupuestario entre PSC y ERC, aunque sea incomodando a Foment del Treball.
Los empresarios vienen reclamando desde hace tiempo la instauración de alguna fórmula mixta público-privada para gestionar la inversión pública en las infraestructuras en Cataluña. Para argumentar esta colaboración, denuncian periódicamente el déficit de dicha inversión. La última actualización, de ayer mismo, asciende a 49.543 millones de euros, entre 2009 y 2025.
El consorcio dibujado por ERC y PSC, tumbado por el Congreso, le venía bien a Foment, aún sabiendo que difícilmente podría enjugar a corto plazo la astronómica cifra de retrasos en la inversión pero que, como mínimo, ayudaría a gestionar la aceleración de la ejecución de las obras presupuestadas.
El porcentaje de ejecución de obra pública en Cataluña por parte de la Administración Central es sospechosamente bajo. Un 43%, según Foment. Este porcentaje no puede ser consecuencia de la incompetencia; de ser así, en todas las comunidades se reproduciría un retraso similar y la solución llegaría por un simple cambio de gestores.
Este ridículo cumplimiento de la inversión podría ser debido al desinterés público o, tal vez peor, la expresión de una desconfianza institucional crónica del Estado respecto de las instituciones catalanas, agrandada por procesos identitarios descabellados. La existencia de desconfianza institucional resulta más perniciosa y grave que el propio déficit inversor.
El consorcio mixto entre la Generalitat y la Administración Central constituiría un escenario apropiado para combatir la fatídica distancia entre administraciones, facilitando el consenso sobre obras prioritarias y, finalmente, la reducción paulatina del volumen de los atrasos inversores.
La razón de Junts para no votar este instrumento seguramente es el hecho de haber sido ideado por ERC y PSC. La excusa pública es que ellos tienen una alternativa mucho más sencilla. Que el Estado transfiera a la Generalitat el dinero presupuestado y ya se espabilará el Gobierno autonómico en ejecutar las obras decididas por la Administración central. O sea, el camino que aleja la cooperación institucional en beneficio del distanciamiento entre administraciones. ¿Para llegar otra vez al 2017?
