Decía Josep Pla que el nacionalismo es como un pedo: solo le gusta a quien se lo tira. La boutade recupera su pertinencia cuando se observa cómo la “prioridad nacional” se abre paso en acuerdos de gobierno con apariencia de sentido común y vocación de permanencia.

El caso de Extremadura, a raíz del pacto entre el Partido Popular y Vox, resulta particularmente revelador. Lo que podría despacharse como retórica de campaña empieza a adquirir forma de criterio político. Y cuando una consigna aspira a convertirse en norma, deja de ser inocua: delimita, ordena y, sobre todo, excluye.

“Prioridad nacional” suena razonable, casi doméstico: atender primero a los de casa, proteger lo propio. Pero en política las palabras nunca son neutras. El acuerdo se presenta envuelto en la fórmula del “arraigo real, duradero y verificable”, declarada compatible con la legalidad vigente.

Sin embargo, la consigna que lo inspira —y que Vox celebra sin ambages— apunta a establecer preferencias por origen o por tiempo de permanencia en el acceso a recursos públicos. Y eso, sin límites estrictos y claros, entra en colisión con el principio de igualdad.

El artículo 14 de la Constitución no ampara tratos diferenciados por razón de nacimiento ni por otras circunstancias personales o sociales injustificadas en el acceso a derechos y prestaciones públicas. La “prioridad nacional” no es solo una opción de gestión: es una potencial quiebra de ese principio.

Cuando se traduce en políticas concretas, la “prioridad” implica filtros: quién accede antes a una ayuda o a una vivienda protegida, quién queda en segundo plano. Piénsese en una plaza en una residencia pública o en una beca de comedor escolar: recursos escasos donde el criterio de preferencia no es neutro, sino determinante. Se introduce así una jerarquía donde el Estado de derecho proclama igualdad formal.

Resulta difícil ignorar la paradoja histórica. Extremadura ha sido durante décadas una región de emigración. Muchos extremeños encontraron trabajo en Cataluña, el País Vasco o Alemania en condiciones no siempre favorables.

Elevar ahora el arraigo a criterio de preferencia no solo invierte esa experiencia colectiva: la desdibuja. Quienes han conocido la condición de “los otros” deberían ser los últimos en institucionalizarla. Y conviene añadir que algunas de las regiones receptoras han aplicado sus propias políticas de arraigo cultural o lingüístico, lo que, desde la misma lógica, no nos hemos cansado de criticar desde estas mismas páginas.

Hay, además, que distinguir. Que Vox emplee este lenguaje no sorprende: forma parte de su identidad, de su discurso nativista, al igual que Aliança Catalana. Más significativo es que el PP lo suscriba. El PP no es Vox. Tiene una tradición vinculada a la democracia cristiana y al liberalismo conservador europeo. Cuando un partido con ese bagaje legitima la “prioridad nacional”, aunque sea con cautelas y condicionada al arraigo, no solo cede terreno táctico: valida un marco conceptual que su propia tradición debería cuestionar. Y con ello contribuye a normalizarlo.

El problema del nacionalismo —también en su versión edulcorada de gestión— no es solo que complazca a quien lo formula, sino que acabe pareciendo razonable a los demás. Que deje de oler mal. Que se perciba, en definitiva, como perfume.