Bajo este mismo título escribía ayer Josep Martí Blanch --un columnista al que sigo con interés, tanto en La Vanguardia como en El Confidencial, pues es sensato y está bien informado— un artículo exponiendo el caso de un tal Pepe, varón de 66 años de edad, vecino del barrio barcelonés de Bon Pastor.

Este Pepe parece que es muy buena persona y es muy querido en el barrio. Está muy disminuido físicamente, va por la calle con respirador y no sé si silla de ruedas.

Le asaltó un joven con la intención de robarle la cadena de oro que Pepe solía llevar al cuello. Él trató de defenderse de su asalto, sacando una navaja que lleva siempre consigo, y le asestó una cuchillada que ha resultado ser mortal.

Claros los hechos y su secuencia, el fiscal pidió el ingreso de Pepe en prisión condicional, y el juez la dictaminó.

Martí Blanch se escandaliza, y creo que no sin motivo, de estas medidas tan rigurosas y severas contra un hombre que, al fin y al cabo, lo único que hizo fue defenderse con las armas que tenía a mano de una agresión inaceptable y humillante, como las que con cierta frecuencia sufren muchos ciudadanos físicamente desvalidos en Barcelona. Pepe no sólo estaba ayer en la cárcel, sino que se enfrenta a un calvario judicial.

Años atrás, pasé unos meses en el estado de Nueva York y me horrorizaba ver que, a lado y lado de las carreteras por donde circulaba con mi coche eléctrico, los árboles de los hermosos bosques lucían numerosos carteles que decían “POSTED!”, en los que se advertía que aquellas grandes extensiones de árboles eran propiedad privada y se especificaba que cualquiera que se atreviera a entrar en ellos –ya fuese con intención de robar, ya de seguir el revoloteo de una mariposa— se exponía a ser recibido a tiros. La ley amparaba tan extrema defensa de la propiedad privada.

Me parecía exagerado y desagradable, pero en casos como el que nos ocupa, en el caso de Pepe, parece que en Europa nos hemos ido al otro extremo: si te asaltan y te humillan —porque un asalto es siempre una humillación— lo único legal parece que es resignarse. Si te defiendes, el delincuente eres tú. El de Pepe no es el único caso. Ha habido uno parecido, recientemente, en Madrid. El propietario que se defendió de un asalto está expuesto a otro calvario judicial, en vez de ser felicitado por eliminar un problema social.

Y recuerdo el caso de Pau Rigo, un anciano mallorquín que, en el año 2018, disparó a uno de los cuatro encapuchados que asaltaron su casa en Porreres. Tras seis años de procedimiento, un jurado popular lo declaró inocente, consideró que actuó en legítima defensa ante un asalto violento en su domicilio. ¡Seis años de angustias por defenderse de unos intrusos!

Entre la exageración americana del amenazante y tétrico “Posted!”, y la cuasi simpatía del sistema jurídico español con los delincuentes, me parece que debería haber un término medio.

Detalle interesante, y no insignificante, en el caso del tal Pepe, es que su agresor y víctima era un “mena”. Sobre este tema es incómodo hablar, pues tenemos, gracias a Dios, la pulsión humana de la compasión, y nada más digno de compasión que un menor de edad sin padres, abandonado en tierra extranjera. ¿Quién es tan desalmado como para pedirle cuentas?

Pero, al mismo tiempo, es clamoroso negarse a ver que recibir en nuestro país a miles de chicos menores de edad, sin sus padres, sin educación ni competitividad profesional, sin compañía sexual, sin dinero, alojarles durante unos años en una institución, y luego soltarlos a la jungla del asfalto a que se busquen la vida, es una irresponsabilidad política y una insensatez...