El principal problema de la educación en Cataluña no es la falta de diagnósticos, sino la incapacidad para sostener políticas estables en el tiempo.

Desde hace años se acumulan evidencias sobre el deterioro de los resultados, el aumento de las desigualdades y la pérdida de prestigio de la escuela pública. Y, sin embargo, cada intento de introducir cambios, por limitados que sean, tropieza con una misma dinámica: el bloqueo sistemático por parte de quienes dicen defenderla.

La huelga lanzada por Ustec, junto a otros sindicatos “folloneros” como CGT, responde a esta lógica. No estamos ante una discrepancia puntual sobre un acuerdo insuficiente, sino ante una forma de entender la acción sindical basada en la confrontación permanente.

El pacto alcanzado entre el Departament d’Educació con CCOO y UGT —con mejoras salariales, reducción de ratios y refuerzo de recursos— podía ser discutible, pero representaba un avance importante. Ustec ha optado por lo contrario: convertirlo en motivo de conflicto y abrir una escalada sin horizonte claro.

No es la primera vez. Siempre recordaré que durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall este mismo sindicato ya actuó como fuerza de desgaste frente a reformas y mejoras que pretendían modernizar el sistema. Entonces, como ahora, el discurso era la defensa de la escuela pública; en la práctica, el resultado fue la paralización de cambios necesarios, lo que, a la postre, aceleró la huida de las clases medias a la concertada.

Más revelador aún es lo ocurrido durante los años del procés. En ese periodo, la combatividad sindical dio paso a un alineamiento político con los gobiernos independentistas. La escuela dejó de ser solo un espacio educativo para convertirse también en un escenario de movilización ideológica. Esa mutación explica en parte la deriva actual: un sindicalismo que combina reivindicación laboral y agenda política, y que utiliza el conflicto como instrumento ordinario de acción.

El problema es que esta estrategia tiene consecuencias. Cada huelga, cada jornada perdida, cada episodio de inestabilidad erosiona la confianza de las familias en la escuela pública. En un sistema ya tensionado, la repetición de conflictos actúa como un factor de expulsión silenciosa hacia la concertada y la privada. El resultado es paradójico: en nombre de lo público, se contribuye a debilitarlo.

Conviene decirlo con claridad: el derecho a la huelga es incuestionable, pero su uso reiterado como mecanismo de presión estructural acaba teniendo efectos contraproducentes. Cuando el conflicto deja de ser excepcional y se convierte en norma, el sistema deja de poder reformarse.

Cataluña necesita exactamente lo contrario de lo que hoy representa Ustec: acuerdos amplios, continuidad en las políticas y un mínimo sentido de responsabilidad compartida. La educación no puede seguir siendo rehén de pulsos sindicales corporativistas ni de agendas que anteponen la confrontación al interés general.

Porque, al final, la pregunta es sencilla: ¿a quién beneficia este bloqueo? Desde luego, no a los alumnos, ni a las familias, ni a la propia escuela pública. Y cuando eso ocurre de forma reiterada, ya no estamos ante un conflicto legítimo, sino ante una forma de irresponsabilidad política disfrazada de reivindicación sindical.