El viraje nuclear de Teresa Ribera

También en política rectificar puede ser signo de inteligencia. O puede revelar que las convicciones previas eran más tácticas que sólidas. El caso de Teresa Ribera encaja incómodamente en esa ambivalencia, y los hechos de los últimos meses lo hacen patente.

Como ministra de Transición Ecológica en el Gobierno de Pedro Sánchez, Ribera fue la principal artífice del calendario de cierre nuclear español: entre 2027 y 2035 se apagarán los siete reactores en funcionamiento. Punto final a una tecnología que hoy aporta alrededor del 20% de la electricidad nacional, y más del 30% de la generación libre de emisiones de CO₂. Una energía que ha sido durante décadas uno de los pilares de la estabilidad del sistema eléctrico, evitando picos de precios y dependencia extrema del gas en momentos de sequía eólica o nubosidad.

La entonces ministra defendía la clausura como una necesidad histórica: centrales envejecidas, residuos problemáticos, riesgos latentes.

Sin embargo, los datos europeos cuentan una historia más pragmática. La energía nuclear evita en la UE en torno a 700 millones de toneladas de CO₂ al año. Francia, gracias a su parque nuclear, emite por kilovatio hora eléctrico menos de la mitad que Alemania. Y Alemania cerró sus últimas centrales en 2023, mientras reactivaba centrales de carbón en plena crisis energética, con el consiguiente repunte de emisiones. El canciller Friedrich Merz ha lamentado públicamente esa decisión, calificándola de grave error que ha costado caro a la economía y a la transición energética alemana.

Es cierto que algunos grandes reactores europeos han sufrido sobrecostes y retrasos. Precisamente por ello, la Comisión apuesta ahora por la extensión de vida de plantas existentes y por reactores modulares estandarizados (SMR) concebidos para reducir riesgos financieros y plazos de construcción.

Hoy, como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Ribera pilota activamente la estrategia europea en favor de esos pequeños reactores. Ha anunciado un plan integral para posicionar los SMR como herramienta clave de soberanía energética, descarbonización industrial y competitividad.

El programa nuclear (PINC), publicado en junio de 2025, estima inversiones del orden de 241.000 millones de euros hasta 2050 para extender la vida útil del parque existente y desplegar nuevos reactores, incluidos SMR, con foco en sectores difíciles de electrificar como la química pesada, el acero o el refino.

Y ahí surge la pregunta incómoda. Si esta tecnología es estratégica para la autonomía industrial europea —y Ribera la promueve desde Bruselas—, ¿por qué no lo sería para España? ¿Desaparecen los argumentos de seguridad, residuos o envejecimiento cuando la tecnología se despliega más allá de los Pirineos? ¿O es que el debate nacional sigue prisionero de un marco ideológico que en el ámbito europeo ya no se sostiene?

España mantiene —por ahora— un calendario de cierre que obligará a sustituir potencia firme por una combinación de renovables excelentes pero intermitentes, almacenamiento todavía insuficiente a escala masiva, y ciclos combinados de gas.

En los peores momentos de la crisis energética pasada, el gas llegó a representar más del 30% de la generación eléctrica española y marcó el precio marginal del sistema.

Cada reactor que se apague sin alternativa firme incrementará esa vulnerabilidad estructural, encarecerá el sistema o forzará más importaciones. Imagínense, sin ir más lejos, cómo nos enfrentaríamos a la crisis energética desatada ahora por el conflicto en Oriente Medio sin reactores nucleares y con los combustibles fósiles subiendo de nuevo.

No se trata de sustituir renovables por nuclear. Se trata de entender que el sistema eléctrico del siglo XXI exige un mix inteligente: renovables masivas, nuclear —grande o modular— y almacenamiento avanzado. No renovables contra nuclear, sino renovables con respaldo firme.

El viraje de Ribera no es solo personal; refleja la distancia abismal entre el discurso doméstico español y el pragmatismo que impone la realidad europea.

En la Unión, la transición energética es ya una cuestión de seguridad estratégica, competitividad industrial y supervivencia económica. En España sigue siendo, en buena medida, un debate condicionado por equilibrios parlamentarios internos.

Rectificar no es un pecado. Persistir en un marco mental caduco —y que la propia Ribera ha matizado en su nuevo rol— sí lo es. La cuestión es si el realismo que hoy inspiran las decisiones en Bruselas acabará permeando en el Gobierno de Sánchez y en el PSOE mismo. O si el debate seguirá aplazándose para no incomodar a socios parlamentarios y evitar un giro que algunos aún ven como herejía.