En política hay decisiones que retratan a un líder. No por lo que dice, sino por lo que evita. Y Pedro Sánchez lleva tiempo esquivando la más evidente: elegir entre su supervivencia personal o el interés estratégico del PSOE.

Si pensara antes en el partido que en sí mismo, la salida sería clara: convocar elecciones generales coincidiendo con las autonómicas andaluzas. No porque el momento sea favorable, sino precisamente porque no lo es. Los partidos se rehacen afrontando la realidad, no aplazándola.

Andalucía no es una comunidad más. Es la columna vertebral histórica del socialismo español, el territorio donde el PSOE fue durante décadas hegemónico. Hoy ese espacio está perdido. Y pretender recuperarlo con decisiones dictadas desde la Moncloa solo agrava el problema.

La candidatura de María Jesús Montero lo ilustra con claridad. No comparecerá como líder andaluza, sino como exvicepresidenta del Gobierno. Es, en la práctica, una delegada de Sánchez. Y eso, lejos de sumar, resta.

Algo parecido ha ocurrido con Pilar Alegría en Aragón. Convertir las autonómicas en un plebiscito sobre el Gobierno central es un mal negocio: el desgaste nacional contamina cualquier proyecto territorial. Haber sido ministra —y más aún vicepresidenta primera— ya no es un aval; es una losa.

Unas generales simultáneas permitirían ordenar el tablero y movilizar al electorado propio. Además, Sánchez puede esgrimir buenos datos económicos que en 2027 igual ya no lo son tanto. Lo contrario —estirar la legislatura— solo prolonga la hemorragia y contamina los intereses municipales que el año próximo se medirán nuevamente en las urnas.

Por otro lado, no podemos olvidar el factor de legitimidad. Lo coherente y honesto es presentar ya los Presupuestos Generales del Estado. Cuando un Gobierno no es capaz de aprobar nunca sus cuentas, en democracia eso conduce a las urnas. Lo inadmisible es gobernar a base de prórrogas y decretos leyes, sustituyendo el control parlamentario por atajos jurídicos. Eso es resistencialismo. No es gobernar: es ganar tiempo.

Mientras tanto, el calendario envía avisos que en la Moncloa prefieren ignorar. El 15 de marzo se vota en Castilla y León y todo apunta a que se repetirá el patrón visto en Extremadura y Aragón: ligero retroceso del PP, caída acusada del PSOE y fuerte ascenso de Vox, que recoge votos de todos los caladeros del descontento. No es una anomalía local, es una tendencia de fondo.

Aun así, persiste la tentación de esperar un rebote externo, algún factor internacional que altere el clima político. Confiar, por ejemplo, en que una victoria de la extrema derecha en las presidenciales francesas de 2027 reactive por miedo a la izquierda española es una ilusión peligrosa. Ese escenario difícilmente beneficiaría al PSOE. Lo más probable es que reforzara a Vox.

Jugar al “cuanto peor, mejor”, para presentarse como excepción virtuosa y movilizar al electorado progresista, es una irresponsabilidad. Como también lo es fiar la estrategia a incrementar la dependencia del PP respecto a Vox, con la esperanza de desgastarlo por la derecha.

Normalizar a la extrema derecha como socio inevitable no la debilita; la consolida. Convertirla en árbitro permanente del sistema es un error de cálculo y una temeridad democrática.

Un Gobierno serio no puede basar su supervivencia ni en las desgracias ajenas ni en el deterioro del adversario. La política se sostiene sobre proyectos propios, no sobre apuestas tácticas. Cada mes adicional de legislatura implica más desgaste, más confusión ideológica y más dependencia de socios que marcan la agenda. El PSOE se diluye y el Gobierno se convierte en un fin en sí mismo.

Además, la política tiene una ley de hierro que rara vez falla: los líderes entran por la puerta y acaban saliendo por la ventana. Sánchez tuvo su momento y no todo ha sido negativo. Evitó el sorpaso de Podemos al PSOE y bajo su mandato se han desarrollado políticas sociales de calado, entre otras muchas cosas.

Ese balance existe, y llegará el momento de hacerlo sin filias ni fobias. Pero precisamente por eso debería saber leer el tiempo político. Y su tiempo pasó. El reloj se puso en marcha cuando forzó una investidura a cambio de una divisiva amnistía sin ninguna garantía de estabilidad en la legislatura.

La disyuntiva, por tanto, es simple. Si Sánchez quiere actuar como secretario general del PSOE, debería presentar los presupuestos y, si fracasa, convocar elecciones. Y, en cualquier caso, hacerlas coincidir con las andaluzas para dar una batalla política de verdad, no una lenta agonía administrativa. Todo lo demás es supervivencia personal.

Porque cuando un líder antepone su calendario al del país, ya no gobierna para su partido: gobierna contra él.