La política energética de Donald Trump no puede entenderse sólo como una apuesta ideológica, sino como una extensión directa de sus intereses empresariales, que suponen la subordinación del interés público a redes de poder económico vinculadas a la industria energética y los combustibles fósiles.
Bajo el paraguas de la “independencia energética”, su administración ha reforzado el apoyo a los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, desmantelando regulaciones ambientales que puedan obstaculizar sus negocios.
Al mismo tiempo, impulsa la energía nuclear sin tener en cuenta sus elevados costes, los riesgos de seguridad, y el problema no resuelto de los residuos radiactivos.
Recorta recursos de las energías renovables, hoy más baratas, rápidas de desplegar y esenciales frente a la crisis climática. Aunque a escala global las renovables siguen avanzando, en Estados Unidos las decisiones del gobierno Trump han dificultado su expansión y desarrollo.
El calentamiento global no es discutible, está confirmado y evaluado, pero hacer frente al cambio climático es complicado. Se necesitan cada vez más fuentes de energía no contaminantes, especialmente renovables.
Habría que tener en cuenta que el respaldo que garantiza la continuidad y el buen funcionamiento de las fuentes –intermitentes, como la solar o la eólica – es la energía nuclear.
Desde Europa se apuntan soluciones como los reactores nucleares modulares pequeños, que son mucho más seguros y de una tecnología supersofisticada.
La utilización de reactores modulares pequeños (SMR) y del torio como combustible apunta a una nueva generación tecnológica que puede alcanzar una mayor seguridad, menor generación de residuos y costes más reducidos.
La propuesta de Trump de impulsar masivamente la energía nuclear, a pesar del coste elevado de la construcción de nuevas centrales nucleares, está relacionado con el magnífico negocio que supone para las corporaciones multinacionales, muchas de ellas presididas por empresarios amigos.
Una vez más, se imponen sus intereses empresariales y negocios particulares, que priorizan y dejan sin recursos a las renovables, con tiempos de ejecución mucho más reducidos, más fáciles de construir y mucho más baratas.
Los expertos ven su planteamiento como más político que técnico, especialmente usado para frenar la transición a renovables.
La solar y la eólica, pese a su rápido crecimiento, siguen necesitando sistemas de respaldo que garanticen el suministro de energía constante cuando no hay sol ni viento. Hoy, ese respaldo lo proporcionan, en gran parte, centrales de gas o carbón, lo que debilita la coherencia climática de la transición energética.
Las tecnologías alternativas, como el almacenamiento a gran escala, el hidrógeno verde o la gestión inteligente de las redes podrían reducir, al menos parcialmente, la necesidad de un respaldo nuclear fuerte.
El despliegue masivo de lo nuclear que pretende impulsar el big boss, se enfrenta a barreras reales: largos plazos y elevados costes de construcción, problemas de aceptación social, riesgos de seguridad, eliminación de los residuos radiactivos…
Sin embargo, Trump ha mostrado interés en expandir la energía nuclear –considerándola como fuente “estable y confiable”–, que complementaría el uso de los combustibles fósiles –el gran negocio del “trumpismo–, especialmente para industrias intensivas en energía (como centros de datos e IA). Por ello, pretende reducir marcos regulatorios para no interferir en la ejecución de proyectos nucleares.
La transición energética no será solo una revolución tecnológica puntual, sino más bien un proceso largo, complejo y, sobre todo, plural/ hibrido.
Analicemos los negocios energéticos del trumpismo. Trump impulsa una política de “energía dominante” basada en extraer, producir y exportar más petróleo y gas estadounidense como motor económico y geopolítico.
Su Administración apuesta por un fuerte apoyo a combustibles fósiles (petróleo y gas). Para ello, está decidido a incrementar la perforación de petróleo y gas en tierra y mar (off-shore).
Su estrategia pasa por facilitar los permisos y eliminar regulaciones ambientales que se consideren obstáculos. Priorizar la expansión de gas natural licuado (LNG) para mercados globales, aprovechando la alta producción local.
Este enfoque busca mantener el liderazgo de EEUU en combustibles fósiles y apoyar a grandes empresas del sector. El ejemplo de Venezuela nos ilustra, el petróleo debe ser extraído por multinacionales americanas, garantizando el control del negocio y de los beneficios económicos.
Aunque las renovables siguen creciendo globalmente, la administración Trump ha tomado decisiones que dificultan su expansión en EEUU. Paralizar o restringir proyectos eólicos (especialmente offshore) en terrenos públicos. Revisar o reducir fondos y créditos que apoyan el desarrollo de la solar, y otras tecnologías limpias. Penalizar las energías renovables como “no competitivas” o poco fiables frente a fósiles y nuclear.
Estas tendencias también han sido señaladas como políticas anti-renovables por parte de expertos y publicaciones científicas, que critican la pérdida de ventajas tecnológicas propias de EEUU.
La política energética de Trump no apuesta por el hidrógeno verde (producido con energía renovable) ni otros vectores de descarbonización, enfocándose más en tecnologías vinculadas al gas y a lo nuclear.
Las renovables son consideradas como subsidiarías que no deben perjudicar a su gran negocio: los combustibles fósiles, que sin duda forman parte de su poder económico y totalitario.
La principal motivación de Trump son los negocios. Muchos de los colocados en puestos clave de su Administración tienen vínculos directos con empresas de petróleo, gas y carbón, o con think-tanks que rechazan regulaciones climáticas.
Esto, sin duda, influye en decisiones sobre normas ambientales, permisos y prioridades del Departamento de Energía.