La deriva populista que se advierte en la esfera política española, claramente acelerada tras los pactos de investidura que siguieron a las elecciones generales de 2023, ha ido adquiriendo tintes realmente irritantes.

Un punto de inflexión muy significativo fue, sin duda, el retiro de cinco días del presidente del Gobierno tras conocerse la apertura de diligencias a su mujer, Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En la Carta a la ciudadanía de 24 de abril de 2024, donde anunciaba ese retiro, Pedro Sánchez puso en marcha, como apunta José Antonio Zarzalejos en su último libro (La huella de Sánchez), un neolenguaje con el que decidió enfrentarse abiertamente a una parte de la profesión periodística, hablando de “constelación de cabeceras ultraconservadoras” o “galaxia digital ultraderechista” para referirse a los medios que habían dado cobertura a los hechos por los que se investigaba a Begoña Gómez.

Según el presidente, “la derecha y la ultraderecha política y mediática” habían puesto en marcha “la máquina del fango” para acabar con su Gobierno. Luego vino la matraca de los pseudo medios…

Pero los interminables “cambios de opinión” de este Gobierno (en temas nucleares para la nación) y sus insolentes justificaciones, solo aptas para sus secuaces más cafeteros, evidencian el carácter grotesco de ese neolenguaje, insufrible para cualquier mente con un mínimo sentido crítico.

Dos de los últimos episodios más funestos de esta asfixiante deriva populista, siempre impregnada por una obsesión desmedida de identificar a PP y Vox (la derecha y la ultraderecha), son, por un lado, la decisión de regularizar por real decreto gubernamental a 500.000 (?) inmigrantes, anunciada (a modo de trofeo) por Podemos el 26 de enero; y, por otro, el nuevo real decreto ley ómnibus, frenado por el Congreso al día siguiente, que incluía la revalorización anual de las pensiones junto a otras muchas medidas que se debían aprobar conjuntamente.

En ambos casos, la técnica legislativa es más que cuestionable. En el primero se abre la vía a un previsible recurso contencioso-administrativo de Vox, basado en que no se podría desarrollar actualmente por vía reglamentaria (sin pasar por el Parlamento) la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Y esto sin olvidar que el Congreso, por una amplísima mayoría (PP incluido), aprobó en 2024 la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular sobre esta materia (Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España), incomprensiblemente dormida pese a la relevancia del tema.

Cabe recordar que cinco de los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja, incluida la presidenta, forman parte de los grupos parlamentarios socialista y Sumar, y que esta mesa es la responsable de la tramitación de las iniciativas legislativas.

En el segundo caso, resulta ya obsceno el abuso del real decreto ley (previsto constitucionalmente para circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad) como forma ordinaria de legislar, y más aún de la fórmula “ómnibus” que no solo limita el debate parlamentario (el real decreto ley tiene rango de ley y, aunque lo aprueba el Consejo de Ministros, ha de ser convalidado por el Congreso en un mes), sino que imposibilita a la oposición pronunciarse por separado sobre las diferentes medidas que contiene.

Pero más allá de la técnica legislativa, ciertamente incompatible con las lógicas de una democracia liberal de calidad, donde se advierte el tono populista del Gobierno es en los discursos que acompañan a estas actuaciones, tratando de justificar lo injustificable.

Porque es obvio que la situación de los inmigrantes en nuestro país es sangrante, pero lo es desde hace mucho tiempo y si, para solventarlo, el Ejecutivo se basta por sí mismo (el real decreto, a diferencia del real decreto ley no requiere pasar por el Parlamento), ¿qué sentido tiene esperar a la presión de Podemos para hacerlo?

Y si algunas medidas del real decreto ley ómnibus, como la revalorización de las pensiones, cuentan con apoyos suficientes para salir adelante (como sucedió hace un año), ¿qué sentido tiene presentarlas junto a otras que se sabe que no tienen ese aval?

Carlos Alsina formuló estas y otros preguntas a Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Más de Uno.

Las respuestas fueron lamentables, buscando sistemáticamente responsabilizar al principal partido de la oposición, hasta el punto de señalar que habría que preguntar a Ayuso y Azcón por qué han hurtado a los pensionistas 50 euros al mes, algo esperpéntico porque el PP ha dejado claro que votará a favor de la revalorización de las pensiones en cuanto se presente un real decreto ley específico sobre el tema.

Hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz apuntar en Bluesky que “mientras la ultraderecha en todo el mundo ataca a la población migrante, el Gobierno de España les reconocemos su ciudadanía”.

Y a la propia Elma Saiz, asegurar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde a la tramitación urgente de la regularización, que “vamos a ser semilla y germen para luchar contra el avance de esa ola ultraderechista que intenta abrirse paso y contra la que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla…”.

Mientras, el propio presidente del Gobierno, en un vídeo grabado antes de la votación en el Congreso (como se advierte en la hora del reloj que llevaba puesto) afirmaba: “Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país votando en contra de los intereses de más de diez millones de pensionistas (…) Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al mes (…)”.

Y, por si quedara alguna duda sobre la estrategia de comunicación del Ejecutivo, esto decía Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, poco antes de la votación relativa a la convalidación del real decreto ley ómnibus, cuando los grupos parlamentarios ya habían manifestado el sentido de su voto: “Si finalmente (…) decae (…), cuando en febrero los doce millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros (…)”.

Un maniqueísmo de muy bajo nivel, especialmente reprobable por las personas implicadas en estos discursos (inmigrantes y pensionistas), y muy arriesgado en términos electorales si observamos la tendencia de los sondeos.

Lo dramático es que todo apunta a que el mayor rédito de este populismo insoportable se lo está llevando una fuerza política que utiliza técnicas muy similares.