En estos días, Rodalies centra las preocupaciones de gran parte de los catalanes.
Tras una semana con graves incidencias y un fin de semana sin funcionamiento del servicio, llegó el anuncio de la reanudación de la circulación a las seis de la mañana del lunes 26 de enero.
Esta reanudación se producía con el reconocimiento explícito de la existencia de 21 puntos críticos en la red ferroviaria, detectados mediante un análisis riguroso, que evidencia la falta de mantenimiento, desde hace tiempo, de elementos clave para la circulación de trenes.
Sin embargo, la reanudación del servicio se vio truncada, apenas una hora después de su reanudación, en dos ocasiones por fallos del sistema informático en el centro de control de Adif de la Estació de França, en Barcelona.
Todo un conjunto de hechos que ponen de manifiesto que estamos inmersos en una grave crisis que paraliza Cataluña a raíz de accidentes y problemas de seguridad de la infraestructura ferroviaria.
El colapso de la red de Rodalies de Cataluña es un problema extremadamente grave, ya que es utilizado diariamente por cientos de miles de personas para ir a trabajar, estudiar o realizar actividades de la vida cotidiana.
No se trata de un episodio aislado, sino de la culminación de una secuencia de fallos estructurales y problemas de gestión que desde hace años afectan al funcionamiento normal de la principal red de transporte público ferroviario de Cataluña.
Es necesario asumir que los fallos se deben a que la infraestructura de Rodalies está envejecida y sufre un déficit de mantenimiento, en parte debido a una ejecución presupuestaria que alcanza únicamente el 50% de lo previsto.
También existe una falta de previsión ante el cambio climático en el Mediterráneo, que desde hace tiempo nos viene advirtiendo: períodos de extrema sequía y lluvias torrenciales que provocan inundaciones, desprendimientos y problemas técnicos en la infraestructura.
Observar y sufrir el desorden en el que estamos inmersos también pone de relieve que, ante una realidad cambiante, con frecuencia, desde la Administración, se prefiere mirar hacia otro lado, ignorando que lo que se ha construido requiere un mantenimiento constante.
Es decir, ante la dualidad entre construir nuevas infraestructuras, que pueden inaugurarse y generan réditos políticos, o mantener las existentes para que presten un buen servicio, se opta con demasiada frecuencia por la primera opción, olvidando que la falta del mismo condena a cualquier infraestructura, tarde o temprano, al colapso.
Un colapso, el de Rodalies, que era un problema anunciado y que, además, constata una serie de problemas que dificultan aún más el enfoque de la solución y la minimización de los daños sobre la ciudadanía.
Se percibe una descoordinación institucional con órdenes, comunicaciones y actuaciones contradictorias que, además de la afectación directa sobre la movilidad, generan inquietud y miedo ante la evidencia de falta de seguridad en determinados puntos de la red.
Los eufemismos utilizados para explicar lo que está ocurriendo no reducen el impacto real sobre la vida laboral, familiar y relacional de las personas; muy al contrario, lo incrementan al no considerar que el colapso de Rodalies tiene consecuencias humanas tangibles y profundas.
Afecta a los trabajadores que dependen del tren para su desplazamiento cotidiano, les dificulta llegar a tiempo a su lugar de trabajo, incluso recurriendo a transportes alternativos más caros, y altera la conciliación entre la vida laboral y familiar. En algunos casos, resulta imposible llegar al puesto de trabajo, con potenciales pérdidas salariales.
También afecta a miles de estudiantes, generando incertidumbre y dificultades para planificar horarios de estudio y asistencia a clase, aumentando la ansiedad y el malestar emocional. Además, se incrementa la desigualdad territorial, un aspecto nada menor en un contexto de falta de vivienda en Barcelona.
A estas afectaciones humanas se suman notables repercusiones económicas. De hecho, Pimec explicó el pasado 23 de enero que la suspensión de Rodalies y el corte de la AP-7 tenían un impacto económico negativo de casi nueve millones de euros diarios, entre productividad desaprovechada y costes laborales.
Al mismo tiempo, empresas y pymes afrontan caos logístico y retrasos. Este colapso era previsible, ya que tiene raíces profundas evidenciadas en la constante inestabilidad de la red ferroviaria, que se ha convertido en un lastre económico que reduce la competitividad, frena inversiones y agrava la incertidumbre en la movilidad obligada en Cataluña.
Así pues, la situación de Rodalies en Cataluña va mucho más allá de un problema técnico. Es el reflejo de un modelo de transporte público con infraestructuras obsoletas, falta de mantenimiento sistemático, gestión fragmentada y escasa voluntad política para resolverlo.
Estamos ante una emergencia nacional que pone de manifiesto la falta de trabajo realizado en los últimos 15 años para evitar la situación actual.
Es necesario tomar decisiones firmes, asumir responsabilidades, realizar inversiones puntuales y sostenidas, y llevar a cabo una reestructuración profunda en materia de titularidad, gestión y aspectos técnicos, para garantizar el derecho a desplazarse con seguridad y dignidad.
En este sentido, conviene tener presente el modelo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que demuestra cómo, con planificación, inversión, gestión comprometida y conocimiento del territorio, y un mantenimiento constante, los servicios ferroviarios pueden funcionar con eficacia y seguridad, convirtiéndose en motor de bienestar y progreso socioeconómico, ya que la movilidad es un derecho básico que sostiene la cohesión social, la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos.