El presidente del Gobierno ha evaluado y conoce perfectamente las consecuencias políticas del acuerdo con ERC sobre financiación autonómica. No es difícil de adivinar que lo pactado unilateralmente con el líder de ERC tiene, por ahora, poco recorrido.
Por otra parte, la oposición de sus socios de Gobierno a la propuesta de bonificaciones fiscales para beneficiar a los propietarios que congelen los alquileres la hace inviable. El presidente lo sabe.
La pregunta del millón… ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a plantear dichas propuestas? ¿Por qué a Sánchez no le importa hacerse el harakiri? ¿Tira la toalla? ¿Protege el único poder autonómico que le queda, Cataluña? ¿Aprovecha que el PP está desorientado y fuera de juego en la arena internacional?
El acuerdo de la Administración Trump con los colaboradores más próximos de Maduro hunde toda la estrategia venezolana del PP de utilizar la política internacional en la pelea doméstica y supone un balón de oxígeno para el presidente que, sin duda, sabrá instrumentalizarlo.
Para completar el escenario: Europa amenazada en Groenlandia.
El PP no sabe dónde meterse. Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones la consigna de resistir, resistir, resistir; pero resistir por resistir no conduce a ningún sitio. Su Gobierno de coalición ha sufrido un gran desgaste acosado por escándalos y tensiones internas, lo que nos conduce a un horizonte electoral cada vez más cercano en el verano u otoño del presente año.
El presidente, consciente de que su tiempo al frente del Gobierno se agota, evalúa con detenimiento el momento de convocar elecciones generales. Públicamente, ha descartado anticipar las urnas y ha defendido su voluntad de seguir gobernando pese a las dificultades, afirmando que “es un honor gobernar incluso bajo estas circunstancias”. Sin embargo, la realidad política es menos optimista que sus discursos.
El reciente acuerdo con ERC sobre un nuevo modelo de financiación autonómica significa, no solo un importante incremento de recursos para Cataluña (alrededor de 4.700 millones adicionales), sino que sería positivo para otras comunidades gobernadas por los populares, como Andalucía o Valencia. Supone un intento serio de actualizar la financiación autonómica e introduce mejoras objetivas: más recursos, más capacidad de gestión y más margen para aliviar presión fiscal o reforzar servicios.
El acuerdo ha desatado un rechazo y una avalancha de críticas desde la mayoría de las CC.AA. del Estado.
Junts –obedeciendo los dictados de su jefe Puigdemont–, lo rechaza y su estrategia de confrontación no le permite ningún acuerdo con el Estado "depredador". Sectores de ERC contrarios a Junqueras lo consideran negativo, pues no acaba con el “expolio fiscal”. El Partido Popular, mayoritario de la oposición, lo denuncia argumentando que genera “desigualdad” y es una traición al principio de solidaridad interterritorial; incluso se han reclamado intervenciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y posibles acciones legales.
El presidente es muy consciente que la aprobación de ese acuerdo en el Congreso no está garantizada. Si no logra la mayoría que requiere, quedará como un gesto simbólico —o una claudicación política— más que como una reforma efectiva. Sánchez, lejos de ser ajeno a este análisis, conoce muy bien las consecuencias políticas que podría derivarse de este acuerdo, desde el desgaste dentro de su propio electorado, hasta un impulso de la derecha en las próximas elecciones autonómicas.
Sin embargo, continúa moviéndose al borde del abismo, intenta aprobar modificaciones fiscales que favorezcan a los propietarios que congelen los alquileres, lo que ha provocado una profunda confrontación con su socio de gobierno. Continúa el lío; sin duda, al presidente le va la marcha.
¿Qué pretende el presidente proponiendo leyes que le consta que no tienen ningún recorrido? ¿Cuál es su estrategia para intentar continuar como si nada ocurriera?
Cierto es que Sánchez está tratando de consolidar la posición de Salvador Illa en Cataluña, donde el PSC gobierna con apoyos del independentismo moderado. Pero, al mismo tiempo, desata todo tipo de críticas incluso en el interior de su organización, proporcionando argumentos al PP para poder acusarle de “insolidaridad” en la distribución territorial y que es ERC quien decide la financiación de todas las comunidades españolas.
Un elemento por considerar es que, en estos momentos, el PP vive sus propios problemas de liderazgo y coherencia política, con Núñez Feijóo intentando reorientar su partido tras un año complicado y críticas severas desde dentro de su propia base. El presidente podría estar pensando en convocar elecciones que obligarían al PP a clarificar cuáles son sus propuestas, lo que le podría dar la oportunidad de captar al electorado moderado preocupado por el escoramiento del PP hacia la derecha extrema.
Sin embargo, a nadie se le oculta que Vox es el gran beneficiado de la situación actual.
Sánchez sigue pensando que agitar el miedo a lo que Vox representa le podría ser útil para sacar al votante socialista de la abstención y, al mismo tiempo, atraer al voto centrista presentando al PSOE como garante de una cierta estabilidad institucional, frente a un PP inestable, lleno de contradicciones y desorientado.
En definitiva, Sánchez no tira la toalla, pero es consciente de que el margen se estrecha. Sus atrevidas propuestas podrían ser una jugada política audaz, una más, para intentar convertir esa presión en una nueva maniobra táctica orientada hacia un adelanto electoral en el momento que considere más propicio para el PSOE.