El 3 de enero de 2026, a las 09.02 (hora española), recibí una llamada de mi hermano desde Caracas. Me informó que había observado el paso de drones de gran tamaño sobre la ciudad, acompañados de un zumbido inusualmente intenso y desconocido para él. Minutos después, sobrevolaron helicópteros y aviones. Posteriormente, se produjo una explosión cuya onda expansiva hizo vibrar los cristales y las paredes de su vivienda, obligándolo a lanzarse al suelo.

Ante la incertidumbre de la situación, él y su esposa se vistieron de inmediato y permanecieron durante toda la madrugada con mochilas preparadas, en estado de alerta, ante la posibilidad de una evacuación. Listos para escapar de no se sabe bien qué.

Pasados 30 minutos, vuelve a escribir, esta vez comparte un vídeo de redes sociales en el que se ve claramente el bombardeo a la base aérea militar La Carlota en Caracas. Mi hermano pasa rápidamente del miedo a la euforia, ¡cayó Maduro!, se lo han llevado, ¡somos libres! Y en mis adentros pienso, solo una sociedad fracturada puede vivir una situación tan violenta como un rayo de esperanza. No hay moraleja.

Los venezolanos estamos rotos, dondequiera que estemos, porque nos falta algo, un familiar, un amigo, un ser querido que no pudimos despedir, un nieto que aún no conoce a sus abuelos, una mascota, los libros de casa, el cantar de los coquíes en la noche estrellada, medicinas para nuestros familiares enfermos, la libertad para expresarnos sin censura, la posibilidad de renovar tu pasaporte, de registrar el nacimiento de tu hijo, de votar y que nuestra opinión cuente, nuestros datos, la certeza de volver a casa por Navidad.

Es una sociedad conmocionada en todos los sentidos. De esa fractura, la que se vive en una casa, en una llamada telefónica, en el cuerpo que tiembla y luego celebra, existe también un registro sistemático.

Desde 2019, la Organización de las Naciones Unidas ha dado seguimiento a la situación venezolana a través de una Misión Internacional Independiente. Su último informe, publicado en septiembre de 2025, no deja lugar a dudas: en Venezuela, las violaciones graves de derechos humanos no son episodios aislados, sino prácticas reiteradas sostenidas por el Estado.

Detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, torturas sistemáticas, violencia sexual y el cierre del espacio cívico configuran un escenario en el que el derecho a la vida y a la dignidad existe selectivamente para unos y no para todos. Es la maquinaria estatal utilizada contra sus propios ciudadanos.

Varias organizaciones no gubernamentales se han encargado de visibilizar estas violaciones, resaltando la labor de Foro Penal. En su página web se puede consultar la lista actualizada de presos políticos que, hoy, ascienden a 863 personas, 16 de ellas españolas, de las que, oportunamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acordado el día de Reyes, exigiendo su liberación inmediata.

El Derecho Internacional prohíbe la tortura y toda forma de detención arbitraria. Venezuela es Estado parte de los principales tratados que consagran estas prohibiciones, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que Venezuela denunció formalmente en 2013.

Sin embargo, pese a este robusto marco normativo, el informe de la ONU demuestra cómo la ausencia de investigaciones independientes, la subordinación del poder judicial y la actuación del Ministerio Público como mecanismo de encubrimiento han vaciado estas normas de todo efecto real.

Las aprehensiones de ciudadanos en Venezuela suelen ser ejecutadas por agentes encapuchados, seguidas de periodos de incomunicación y presentaciones ante tribunales sin pruebas ni garantías mínimas. Entre las víctimas se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y también adolescentes.

La Misión documenta la detención de al menos 220 niños y niñas de entre 13 y 17 años, algunos de ellos sometidos a violencia sexual y tratos crueles. El Derecho Internacional protege de manera reforzada a los menores, pero cuando el propio Estado se convierte en el perpetrador, ¿ante quién puede reclamar una familia?

La tortura, según el informe, es utilizada como una herramienta sistemática de control social. Asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas en genitales, palizas, amenazas de violación. Los jueces, según la Misión, ignoran de manera sistemática las denuncias, incluso cuando las víctimas presentan signos visibles de violencia. Entonces, ¿en qué está fallando el Derecho Internacional?

No en la redacción de sus normas, sino en su dependencia estructural de la voluntad estatal. Los mecanismos internacionales investigan, documentan y denuncian, pero no pueden sustituir a sistemas judiciales nacionales que han sido desmantelados y deliberadamente obligados a ser un brazo más del Poder Ejecutivo.

En este contexto, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en un escudo para quienes cometen crímenes de lesa humanidad y, en ese vacío institucional, en terreno fértil para actividades ilícitas como el narcotráfico. El caso venezolano nos confronta como sociedad con una verdad incómoda, el Derecho Internacional protege mejor sobre el papel que en la vida cotidiana de las personas porque carece de mecanismos directos de ejecución.

Mientras los intelectuales debaten en los medios y foros sobre la soberanía, geopolítica y límites del Derecho Internacional, yace de fondo una sociedad fracturada esperando justicia: madres buscando a sus hijos, familias incompletas y vidas que se pierden en silencio. Y eso interpela no solo al Derecho, sino a nuestra responsabilidad colectiva. No hay moraleja, lo personal no es geopolítico.