Quien diría que la Cataluña de hace unos años sería banco de pruebas para la España de hoy.

Aquí comenzamos con la división y polarización de la sociedad, igual que ahora ocurre en el resto de España, y también fuimos pioneros en escuchar por vez primera el término lawfare, que ahora se extiende por la política nacional.

Lo mejor de ser pionero es saber que al final la ciudadanía se cansa y todas las burbujas se pinchan. Ahora estamos aquí muchísimo mejor que hace unos años, veremos lo que dura en el resto de la nación una hiperexcitación que no puede conducir a nada bueno.

El término lawfare se acuñó en 1951, combinando las palabras inglesas ley y guerra. Su traducción en nuestro entorno es muy sencilla, si la justicia falla contra mi enemigo, es que el Estado de derecho funciona; si falla contra mis intereses, es que hay una confabulación en mi contra.

Es decir, el lawfare sería una especie de prevaricación por motivaciones políticas, aplicada, claro está, contra quien cree que los jueces le llevan la contraria.

En el Código Penal existe una clara figura que contempla este supuesto, la prevaricación. Los más de 7,8 millones de juicios celebrados en España en 2024 generaron menos de una decena de demandas por prevaricación, solo una intencionada. Las nueve restantes fueron derivadas de retrasos excesivos en los procedimientos.

Pero cuando los involucrados son los partidos políticos, todo es lawfare, porque, por si acaso, no se atreven a hablar de prevaricación ni a denunciarla formalmente. Ruido mediático y social, pero ningún movimiento real.

En el artículo 1.1 de nuestra Constitución nos definimos como un Estado social y democrático de derecho. Es decir, el Estado garantiza derechos sociales básicos, el poder emana del pueblo, con elecciones libres y separación de poderes, y todas las actuaciones del poder público están sometidas a la ley y a la Constitución, con control judicial. Y eso es lo que tenemos que preservar, en lugar de incendiar las redes cuando una sentencia nos gusta poco o nada.

Los políticos, todos, deberían defender las instituciones y la separación de poderes, y dejar a los jueces la aplicación de las leyes. Si los jueces llevan etiqueta es porque los políticos determinaron en 1980 que Congreso y Senado participasen en el proceso de elección de la cúpula judicial.

En aquella época, probablemente tenía sentido, había que asegurar que los jueces estuviesen alineados con la Constitución, pero hoy tal vez haya que revisar esa tutela, pues todos los jueces en ejercicio han comenzado a ejercer en la España democrática por una simple cuestión biológica.  

Tener un sistema judicial sólido es necesario para la convivencia, pero también para atraer inversiones. Los inversores necesitan seguridad jurídica, si no, eligen otros países porque el mundo es muy grande. Y cada vez estamos peor, según varios estudios internacionales.

Por ejemplo, en el estudio Rule of Law (se puede traducir como Estado de derecho) España ocupa el puesto 25 de 47 países calificados como desarrollados, y cada año caemos en este ranking, entre otras cosas por las injerencias de los partidos en la gobernanza de los jueces, por la lentitud de la justicia debido a la falta de medios, que también depende de los políticos, y porque no existe una estrategia nacional anticorrupción.

Y eso es lo mismo que cada año nos dice la Comisión Europea, que tenemos que reforzar nuestro sistema judicial, no debilitarlo ni desacreditarlo.

Pedro Pacheco, alcalde de Jerez entre 1979 y 2003, tuvo la feliz ocurrencia de decir en 1985 que la justicia era un cachondeo, y no lo pasó nada bien. Sorprende como ahora escuchamos auténticas barbaridades de boca de políticos o incluso de altos cargos con total impunidad.

Los políticos actuales están demasiado aficionados a las redes sociales y a la acción-reacción, lo que lleva al enfrentamiento y a embarrar todo. Más les valía escuchar, por ejemplo, a los nuevos miembros de la Insigne Orden del Toisón de Oro en sus discursos de hace una semana. Por el enfrentamiento y el descrédito de las instituciones no vamos a ningún lado ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico.

Gozar de casi 50 años de democracia no nos da patente de corso para cargarnos las instituciones, más bien al contrario, deberíamos hacer todos los esfuerzos para que estas instituciones sigan funcionando cada día mejor.