La renuncia temporal de ERC a exigir la recaudación del 100% del IRPF es una muestra más del posibilismo que el partido presidido por Oriol Junqueras ha adoptado desde que decidió instalarse en la centralidad institucional del autogobierno.

Esquerra sabe que esa exigencia forma parte de su relato de “blindaje fiscal” y del avance hacia una “hacienda catalana plena”, pero también es consciente de que forzarlo ahora comportaba dos riesgos que no podía asumir.

El primero era una derrota sonada en el Congreso, que lo habría llevado hacia un callejón sin salida y reforzado el discurso de Junts, siempre dispuesto a presentarse como la fuerza que presiona de verdad en Madrid y que rompe cuando el Gobierno español no cumple con todo.

El segundo riesgo era interno: tensar la cuerda bloqueaba los presupuestos de la Generalitat, justo cuando ERC necesita demostrar capacidad de hacer política práctica, pues Junqueras sigue inhabilitado y negocia un segundo indulto para poder ser candidato a la Generalitat, según informa Crónica Global.

La renuncia sorprende, aunque se justifique apelando a la emergencia en vivienda, porque la recaudación de todos los impuestos se había presentado como condición esencial en la investidura de Salvador Illa.

Que ahora se posponga introduce un punto de ambigüedad estratégica: o bien ERC sabía que la demanda era simbólica, o bien ha asumido que la correlación de fuerzas no le favorece.

En cualquier caso, hay que saludar esa renuncia porque el coste para la Generalitat de recaudar el IRPF era un despropósito descomunal de gasto para hacer algo que la AEAT ya realiza con una economía de escala.

Entre contratar un mínimo de 3.500 trabajadores de nivel A, el programa informático a Indra, la infraestructura, la seguridad jurídica y la dirección ejecutiva, el coste no bajaría de unos 220 millones anuales. Y, además, recaudar el IRPF no mejora por sí solo la financiación autonómica y detrae grandes recursos de otras políticas públicas.

El viraje republicano es más amplio. También rebaja sus aspiraciones en la reforma del sistema de financiación autonómica: ya no insiste en un modelo con ordinalidad garantizada, conformándose con un ajuste según el esfuerzo fiscal, que mejora la posición catalana, pero no resuelve la reclamación histórica de que la comunidad que más aporta no quede por debajo tras la redistribución.

Del mismo modo, tanto ERC como los Comunes han optado por no convertir su rechazo a la ampliación de El Prat en una línea roja, evitando un bloqueo que haría inviable cualquier acuerdo presupuestario en Cataluña.

La apuesta de ERC es la de un posibilismo negociador, menos ruidoso y más gradualista, muy diferente del de Junts. La cuestión es si el electorado sabrá interpretarlo como sensatez o como renuncia.

Gobernar exige renunciar a la épica, pero la épica sigue pesando en la memoria emocional del independentismo, sobre todo cuando hablamos de Junqueras, autor de la célebre frase “dadme 68 diputados y proclamaré la independencia”.

En cualquier caso, el movimiento acerca los presupuestos y, sobre todo, sitúa a Salvador Illa en el centro de gravedad de la política catalana.