Me resulta muy difícil abstraerme y escribir con “normalidad”, en un día donde la noticia que domina la actualidad es el clamor de millones de ciudadanos/as que se manifiestan a lo largo y ancho del planeta, reclamando el fin del genocidio del pueblo gazatí y la esperanza de un acuerdo de paz. ¡Voy a intentarlo!

Entremos pues en materia. En algunas conversaciones mantenidas con amigos y antiguos compañeros de trabajo –que debido a su actividad profesional necesitan desplazarse con frecuencia por nuestra ciudad– me trasladan su preocupación sobre las dificultades actuales que tienen para poder transitar por nuestra ciudad.

En los últimos años, Barcelona ha sido un laboratorio urbano en el que se han desplegado medidas de movilidad sostenible de gran alcance. La expansión de la red de carriles bici, la regulación de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP), o las restricciones al tráfico de vehículos privados en determinadas zonas, sin duda forman parte de una estrategia que busca reducir la contaminación, fomentar modos de transporte más saludables y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Avanzar hacia una ciudad más verde, con mejor calidad del aire y con un espacio público más humano, es sin duda positivo. Sin embargo, en ocasiones la manera en que se ejecutan estas políticas nos obliga a reflexionar sobre el peligro de que la movilidad sostenible pueda convertirse en excluyente.

En ningún caso critico la movilidad sostenible, sino la ausencia de pragmatismo y de visión integral en el diseño y aplicación de algunas medidas que terminan afectando tanto al tejido económico como a la vida diaria de la ciudadanía. Medidas que, en algunos casos, influyen negativamente en la búsqueda de los necesarios equilibrios entre sostenibilidad, competitividad y cohesión social.

En algunos ejes estratégicos, la reducción de carriles de circulación para el vehículo privado ha provocado embotellamientos que, paradójicamente, incrementan la contaminación y el tiempo de desplazamiento de muchos trabajadores y profesionales que dependen de su vehículo para ejercer su actividad.

Transportistas, repartidores, instaladores o autónomos del sector servicios son ejemplos claros de colectivos que no siempre pueden sustituir su furgoneta o su moto por una bicicleta o un VMP. No todos los ejes viales cumplen la misma función, la ciudad necesita vías principales fluidas para garantizar que la actividad económica no se vea penalizada y la movilidad sea verdaderamente sostenible.

En Barcelona coexisten millones de desplazamientos diarios: estudiantes que acuden a sus centros educativos, ciudadanos que se mueven por ocio, turistas que visitan y disfrutan de nuestra ciudad, trabajadores, autónomos y profesionales que se desplazan por motivos laborales o empresariales. Cada tipo de viaje tiene una lógica distinta y requiere soluciones adaptadas.

Si la movilidad sostenible se concibe solo desde una óptica ecologista rígida, se corre el riesgo de ignorar los condicionantes de la vida profesional y económica de los ciudadanos/as. Pero si se plantea únicamente desde la funcionalidad empresarial, se renuncia a transformar una ciudad que debe ser “amable” para sus ciudadanos/as. El desafío está en encontrar un punto de equilibrio, un modelo de movilidad que incentive el uso de los VMP, sin penalizar a quienes necesitan desplazarse con rapidez por motivos laborales.

Barcelona necesita un pacto por una movilidad sostenible y no excluyente, que evite cualquier confrontación entre los distintos colectivos que transitan por ella. El transporte público debe seguir siendo el eje vertebrador, que debería ser complementado por una red ciclista segura y bien diseñada. Al mismo tiempo, hay que preservar corredores viales suficientes para el transporte profesional y empresarial.

La movilidad sostenible debe incluir la sostenibilidad económica y social: menos emisiones, sí, pero también menos trabas para quienes sostienen el dinamismo de la ciudad. Alcanzar ese equilibrio exige diálogo, planificación integral y, sobre todo, una mirada abierta que entienda que la movilidad es un derecho compartido y una necesidad común.

El actual gobierno municipal es consciente de la necesidad de elaborar de forma consensuada un nuevo Plan Director de Movilidad 2020-2025 (PDM), me consta que se ha iniciado un proceso de renovación consensuado. Un nuevo PDM que diseñe una hoja de ruta que permita avanzar hacia una movilidad sostenible sin exclusiones, alineada con la emergencia climática, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todo ello debe suponer descensos significativos en las emisiones y por lo tanto influirá positivamente en la salud de los barceloneses. El Plan ha perseguido reducir el uso del vehículo privado, sin afectar al dinamismo económico de la ciudad, facilitando la modernización del parque móvil a través del desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, con limitación de emisiones, que den respuesta a los retos de la transición energética.

El desarrollo del PDM debe facilitar la generación de empleo en los sectores de movilidad sostenible y tecnologías digitales. El fomento de nuevos modelos de negocio (sharing, TIC, logística verde) que estimulan la creación de empresas y la competitividad en el área metropolitana Y como eje prioritario una actuación potente en el transporte público ferroviario: finalización de la L9 del metro y mejora de la gestión de “rodalies”.

Confiemos en que el actual gobierno municipal sea capaz de lograr para nuestra ciudad: una movilidad sostenible, equilibrada y sin exclusiones.